La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que investiga a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el archivo del caso de las subvenciones a entidades sociales al considerar que “carece de sentido jurídico” prolongar la investigación al no haberse hallado delito alguno en las ayudas a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o el Observatorio Desc.
El escrito del fiscal Luís García Cantón critica a la opaca Asociación por la Transparencia, la entidad que denunció a Colau. A juicio del fiscal, la vinculación que hizo la entidad entre el pasado activista de la alcaldesa y las subvenciones concedidas a las entidades una vez Colau llegó al consistorio “no pasa de ser un ejercicio de imaginación carente de la más elemental base”.
Es más, según el fiscal de seguir esta tesis se causaría “una injusta preterición de las entidades afectadas como candidatas a percibir una subvención, en atención al nuevo estatus político de una de sus [antiguos] miembros”, en referencia a la alcaldesa. El único matiz es que el sobreseimiento del caso que pide el fiscal es provisional y no libre como solicito la defensa de la alcaldesa, que ejercen los letrados Olga Tubau y Àlex Solà.
Por lo demás los planteamientos de defensa y Fiscalía coinciden. Ambas partes resaltan que una vez recabados los expedientes de las subvenciones investigadas y completadas las declaraciones de Colau y una interventora municipal, que defendió que no hubo irregularidad alguna, ya no quedan más diligencias que practicar y procede dar carpetazo al asunto.
La defensa destacó la “absoluta falta de intervención directa o indirecta” en los expedientes de la alcaldesa más allá del acto final de aprobación de las misma adoptado junto al resto de concejales en la comisión de gobierno municipal, habida cuenta de que Colau fijó la competencia de la tramitación y concesión de las ayudas en la gerencia de servicios sociales del Ayuntamiento.
“Todo el acervo documental constata la ausencia de irregularidades y la corrección en la tramitación administrativa de los expedientes de subvención”, remarcaron los togados de la alcaldesa en referencia a los expedientes de la secretaría y la intervención municipal que no vieron delito en las ayudas a entidades sociales, tal y como también concluyó la Fiscalía en su investigación por las mismas subvenciones.
En su escrito el fiscal se remite a su decreto de archivo del pasado mes de julio para concluir que no hay indicios de delito contra la alcaldesa, puesto que delegó su competencia en materia de concesión de subvenciones y no tuvo “ninguna” intervención en los expedientes investigados. Para Anticorrupción, de los expedientes sobre las subvenciones otorgadas entre los años 2016 y 2019 se desprende que el Pbservatorio Desc, la PAH o Ingenieros sin Fronteras “no se beneficiaron específicamente de un trato de favor especial”.
“Sus subvenciones se tramitaron igual que las destinadas a cientos de entidades, a través de un procedimiento –discutible o no– que parecía ser el utilizado con habitual frecuencia por parte del consistorio”, concluye el fiscal, lo que, a su juicio, “excluye la arbitrariedad” en las concesiones.
Para el fiscal, “carece de sentido jurídico” prolongar la instrucción del caso, dado que ya son diligencias suficientes las explicaciones de Colau y de la interventora delegada, quien, recuerda, “es funcionaria de carrera, sin vinculación subordinada a la investigada y ajena, por tanto, a cualquier componenda política que permita poner en duda su, por otra, completísima declaración”.