La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido al juez Pablo Llarena que Clara Ponsatí, exconsellera del Govern catalán y eurodiputada, sea juzgada por un delito de desobediencia grave. Los cuatro representante del Ministerio Público en esta causa solicitan la apertura de juicio oral contra ella por un delito que, según el Código Penal, está castigado con multa y hasta dos años de inhabilitación para ejercer un cargo público como el que ostenta en Bruselas.
Clara Ponsatí se fue de España con el resto del ejecutivo de Carles Puigdemont en 2017 y no regresó cuando fue llamada a declarar por la Audiencia Nacional ni posteriormente por el Tribunal Supremo, permaneciendo primero en Escocia y posteriormente en Bruselas tras conseguir un escaño en el Parlamento Europeo por Junts en 2020. En un primer momento, durante la tramitación de la causa, fue procesada por rebelión, aunque la calificación fue variando con los años: la sentencia del procés apuntó a una posible acusación por sedición y la derogación de este delito derivó en que quedara acusada de desobediencia grave.
La diferencia es que, actualmente y en línea con lo que ha expresado la Fiscalía, Ponsatí se enfrenta en el peor de los casos a una multa y una condena de inhabilitación de hasta dos años, que sí le impediría acceder a un cargo público como el que tiene ahora en el Parlamento Europeo.
Ponsatí ha regresado varias veces a Catalunya en el último año, y ha sido llamada para declarar varias veces por el juez Pablo Llarena. La última vez, a finales del pasado mes de julio, la europarlamentaria de Junts quedó en libertad tras plantar al magistrado instructor y, según el juez, no justificar su ausencia la primera vez en que fue reclamada para comparecer en el Tribunal Supremo.