La primera pieza del caso Consell Esportiu de L'Hospitalet ya tiene escrito de acusación. La Fiscalía Anticorrupción pide cuatro años y medio de cárcel para el teniente de alcalde y concejal de L’Hospitalet de Llobregat, el también dirigente local del PSC Cristian Alcázar, por estafar al ente deportivo al falsear el despido de Cris Plaza, quien dimitió de concejal socialista tras el estallido del caso.
El escrito de acusación de la Fiscalía es el relato del aprovechamiento de una entidad privada sin ánimo de lucro por parte de cargos socialistas de L'Hospitalet. Según el fiscal, Alcázar y Plaza “concertaron sus voluntades” con el objetivo de que el segundo “obtuviera un indebido beneficio económico” con la excusa de poner fin a la relación laboral que le unía con el Consell, donde era director técnico administrativo.
El plan era tan simple como lucrativo, según detalla el fiscal. Alcázar, expone el escrito de acusación, comunicó a finales de 2016 el despido a Plaza basándose en un descenso de los ingresos del Consell que en realidad no se produjo, ya que aquel año la entidad obtuvo un cierre positivo de 598 euros y además no tenía ánimo de lucro. El objetivo no era otro que Plaza pudiera cobrar del Consell cuando no le tocaba, apunta el fiscal, ya que en realidad “no concurrían causas económicas o de producción que justificaran el despido”.
El Consell pactó con Plaza una indemnización por despido por importe de 47.147,62 euros que le fue abonada siete meses después y fue autorizada por Alcázar. Tanto el acuerdo de despido como el pago de la indemnización se realizaron “a espaldas” del Ayuntamiento –que junto a la Generalitat nutre al Consell con subvenciones– y de los órganos de gobierno y la asamblea del propio ente deportivo. El objetivo de esta opacidad, mantiene el fiscal, era que ambos acusados querían “privar de la información a los organismos con la intención de mantener una situación de normalidad”.
La salida de Plaza del Consell, de hecho, fue solo temporal. Dos años después volvería al Consell como vocal del ente pese a exponer en una carta a sus amigos en 2016 que ponía “punto y aparte a su vinculación con el deporte” y celebrar cuatro actos de despedida del Consell. Ambas circunstancias “se compadecen mal con una situación de despido”, observa el fiscal. En 2019, “como colofón”, Plaza fue nombrado presidente del Consell.
El fiscal pide cuatro años y medio de cárcel para Alcázar y Plaza, a quienes acusa de un delito de estafa –o, de forma alternativa, apropiación indebida– y de otro contra la Seguridad Social. Anticorrupción reclama que ambos acusados indemnicen de forma conjunta al Consell con los 47.147,62 euros que abonó el ente a Plaza por una indemnización por despido que resultó ser fraudulenta. Además, el fiscal pide que Plaza devuelva los 6.486,96 euros que ha cobrado de su prestación por desempleo de forma indebida.
Tanto Alcázar como Plaza también permanecen investigados en la pieza principal del caso Consell Esportiu, que investiga el presunto desvío de fondos de la entidad para gastos personales de dirigentes socialistas, así como el presunto intento de la alcaldesa, Núria Marín, de encubrirlos. Este mismo jueves Marín, que ha pedido el archivo del caso, se ha mostrado convencida de que no irá a juicio. Sus compañeros de partido ya no pueden decir lo mismo.