La Fiscalía pide al juez Llarena volver a reclamar la extradición del exconseller Lluís Puig

Nuevo intento. La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido al magistrado Pablo Llarena que emita una nueva petición de extradición del exconseller catalán de Cultura Lluís Puig (Junts) por un delito de malversación –el mismo delito por el que se podría reclamar a Carles Puigdemont– en relación a los gastos del referéndum del 1 de octubre de 2017.

La petición de la Fiscalía supone un intento, en plenas negociaciones de investidura donde Junts tiene un papel clave, de que el magistrado pise el acelerador para lograr las extradiciones de los políticos independentistas. Todo ello pese a que el juez Llarena ya advirtió antes del verano de que no tenía prisa para reactivar las órdenes europeas de detención y abogó por esperar a que la Justicia europea se pronuncie sobre las medidas cautelares que el expresident volverá a pedir en su recurso tras perder la inmunidad.

A diferencia de Puigdemont y el exconseller Toni Comín, Puig no es eurodiputado, por lo que el pleito sobre la inmunidad resulta irrelevante de cara a reactivar su petición de extradición.

El escrito de este martes lo firman los cuatro fiscales que no vieron respaldada su tesis sobre que el procés fue un delito de rebelión y que vienen manteniendo desde el inicio del caso duros planteamientos contra los independentistas: Consuelo Madrigal –exfiscal general del Estado con el PP–, Jaime Moreno, Javier Zaragoza y Fidel Cadena.

Puig es, junto al expresident y al exconseller Toni Comín, uno de los políticos independentistas que permanece en el extranjero desde 2017. A día de hoy, tras la derogación de la sedición, todos ellos están procesados por malversación, delito por el que Bélgica acordó su eventual entrega en 2019. La extradición, sin embargo, fue denegada en 2021 porque los jueces belgas consideraron que la entrega a España de Puig ponía en peligro sus derechos fundamentales y su presunción de inocencia.

La primera sentencia belga sobre Puig, que cuestionó la competencia y la forma en la que el Supremo instruyó la causa del procés, suponía la antesala de un nuevo rechazo a la extradición de Puigdemont, por lo que el juez Llarena movió ficha. El magistrado envió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea varias cuestiones prejudiciales para impedir que Bélgica volviera a impedir una entrega de un político independentista a España.

El fallo del TJUE llegó el pasado mes de enero y supuso una victoria parcial para el juez Llarena. Los togados comunitarios concluyeron que Bélgica no podía cuestionar sin más la competencia del Supremo para juzgar el procés y que tenían que analizar más a fondo la eventual vulneración de derechos que sufrirían los independentistas en España, si bien no cerraron del todo la puerta a que volvieran a denegar una extradición.

Además de la sentencia europea, la Fiscalía estaba a la espera de que los nuevos autos de procesamiento después de la reforma del Código Penal fueran firmes, algo que ocurrió el pasado mes de junio. Desde entonces la Fiscalía podía haber reclamado la reactivación de las órdenes de detención europeas contra Puig.

Pese a que Puig no estaba blindado por la inmunidad parlamentaria, la Fiscalía esperó el fallo del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que retiró el blindaje a Puigdemont. Con su movimiento, la Fiscalía irrumpe en las negociaciones sobre la investidura en las que el exconseller es uno de los cargos para que Junts reclama la amnistía.