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La Fiscalía pide seis años de cárcel al exconseller de Interior por pagar el escolta de Puigdemont en Bélgica

Contundente petición de cárcel contra el exconseller de Interior Miquel Buch y exsargento de los Mosssos d'Esquadra Lluís Escolà por las labores de escolta de Carles Puigdemont que el agente en Bélgica mientras percibía un salario público como asesor del departamento. La Fiscalía pide seis años de cárcel para Buch por los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos y cuatro años y medio de cárcel para el agente de la policía autonómica.

En su escrito de acusación, el teniente fiscal de Catalunya, Pedro Ariche, pide además de las penas de prisión 27 años de inhabilitación para Buch, que ha abandonado la primera línea política, para ocupar cargos públicos y 23 para Escolà, lo que le impediría seguir en los Mossos en caso de condena. También reclama el fiscal que ambos acusados depositen una fianza de 70.282,01 euros, correspondientes al salario que percibió Escolà como asesor durante casi diez meses.

Escolà fue uno de los mossos que, fuera de servicio, condujo a Puigdemont hasta Bélgica por carretera en su huida el 28 de octubre de 2017, un día después de la DUI. Lo hizo, según el fiscal, sin comunicarlo a sus superiores jerárquicos y mediante un “dispositivo clandestino”, lo que le valió la apertura de un expediente disciplinario. La investigación de Asuntos Internos de los Mossos provocó que Escolà fuera trasladado a la comisaría de Martorell de forma provisional y concluyó con una falta grave y la pérdida definitiva de su puesto en el área de escoltas.

Sin embargo Escolà no prestó “ni un solo día de servicio”, remarca el fiscal, en la comisaría de Martorell: encadenó permisos y vacaciones desde el 30 de octubre, después de escoltar a Puigdemont en su salida de España, hasta el 12 de marzo, y a partir de esa fecha hasta el 20 de julio de 2018 permaneció de baja médica por “contingencias comunes”. En ese mismo periodo Escolà estuvo prestando labores de custodia y seguridad a Puigdemont “en aras a la relación mutua de confianza que mantenían”, destaca el fiscal. Todo ello se encuentra documentado en imágenes de medios de comunicación o en las redes sociales del propio Escolà.

Enumera el fiscal en su escrito todos los países que Escolà visitó junto a Puigdemont: en Bruselas y Lovaina (Bélgica) estuvo el 6 y el 21 de diciembre de 2017, y el 25 de enero y el 6 de febrero de 2018; en Cophenague (Dinamarca), el 22 de enero de 2018; y en Hamburgo el 13 de julio –cuando se encontraba de baja médica– inmediatamente después de que Alemania rechazara la extradición por rebelión de Puigdemont.

El núcleo central de la acusación es el nombramiento de Escolà como asesor de la conselleria de Interior una vez los independentistas acordaron formar el Govern de Quim Torra en mayo de 2018. Según el fiscal, Escolà fue nombrado el 30 de julio de 2018 “asesor en materia de seguridad” de la conselleria de Buch como un camuflaje de sus funciones como escolta de Puigdemont. Un acto, en palabras del teniente fiscal Ariche, de “mera arbitrariedad”, ya que Puigdemont ya no era autoridad pública al estar suspendido de esa condición por su procesamiento en la causa del procés del Tribunal Supremo.

El mismo día que fue nombrado asesor de Interior, Escolà puso fin a su baja médica y viajó a París para acompañar a Puigdemont en su regreso a Bélgica desde Alemania. Pese a que Escolà ya prestaba funciones de escolta, Buch insistió al Ministerio del Interior para que asumiera el servicio de protección al expresident.

Según la investigación del propio departamento de Interior, los resultados de Escolà como asesor de Interior fueron más bien pobres. Escolà presentó varios informes al conseller, si bien solo dos por correo electrónico, pero no existe registro de entrada de los documentos en el gabinete del conseller. Todos ellos, salvo uno, no están ni firmados por Escolà. “Los trabajos, normalmente entre dos y cuatro páginas, se encuentran plagados de generalidades, por corresponderse con la recopilación de otros textos fácilmente obtenibles en redes de acceso público”, apostilla el fiscal.

En cambio en las mismas fechas Escolà realizó “numerosos viajes” fuera de España para prestar labores de protección a Puigdemont: el 16 de agosto lo acompañó a Escocia; el 31 de agosto a Bruselas; el 8 de septiembre a Zurich; el 25 de septiembre a Munich; el 2 de octubre a Amsterdam; el 10 de octubre a las Islas Feroe; el 13 de octubre a Londres; el 20 de diciembre a Ginebra; y el 28 de enero de 2019 a Dublín. En varias ocasiones también viajó a Bruselas para permanecer Waterloo, legando incluso a pernoctar varias noches en la casa del expresident.

En total, de 224 días en los que permaneció como asesor de la conselleria en 103 estuvo fuera de Catalunya, en 20 se desconoce su ubicación y en 101 permaneció en la comunidad, agrega el fiscal. La suma del dinero público malversado por la “torticera conducta” de Escolà y Buch asciende, según la Fiscalía en base a los cálculos de Interior, a 52.712,26 euros.

La Audiencia de Barcelona no descarta que el disparo de bala de goma que hirió a un joven el 1-O fuera intencional

La Audiencia de Barcelona no descarta intencionalidad en la actuación del escopetero de la Policía Nacional que disparó la bala de goma que el 1-O hirió en el ojo a Roger Español, por lo que ha ordenado que el caso se juzgue por sumario.

En un auto, la Audiencia de Barcelona enmienda la decisión del juez instructor, que descartó intencionalidad en la actuación policial, y atiende los recursos presentados por la defensa de Español, que ejerce la letrada Anaïs Franquesa, del centro Irídia, y de la acusación popular de Òmnium Cultural, representada por la abogada Laia Serra.

El juez instructor descartó que el disparo de la bala de goma pudiera considerarse intencionado o imprudente, pero la Audiencia, en base a una resolución anterior en el caso Ester Quintana, sí permite a la acusación contemplar esta posibilidad en el juicio, lo que elevaría la horquilla de posibles penas hasta los doce año de cárcel por lesiones.

Antes del juicio, sin embargo, las magistradas ordenan al juez practicar nuevas diligencias, como un nuevo informe de los Mossos que determine cuántos disparos realizó el escopetero investigado como presunto autor de la lesión y, la posición de sus mandos y si después del impacto algún agente de la línea policial vuelve a disparar en dirección a dónde se encontraba Roger Español y las personas que lo estaban socorriendo.