La Fiscalía prescinde de proponer como testigo en el juicio a la familia Pujol a Victoria Álvarez, la expareja del hijo primogénito del expresident catalán que destapó ante la Policía, en una denuncia instigada, según ella, por el comisario José Manuel Villarejo. En su escrito de acusación, Anticorrupción solicita a la Audiencia Nacional que para el juicio del caso Pujol cite a más de 200 testigos, la mayoría de ellos empresarios y personas cercanas a la familia Pujol, pero sin proponer a Victoria Álvarez –aunque sí pide que se adjunte su declaración judicial en la causa– ni tampoco la del financiero Javier de la Rosa, informa EFE.
Álvarez denunció en diciembre de 2012, primero ante la Policía y posteriormente ante el juez, que había acompañado a su entonces pareja Jordi Pujol Ferrusola en viajes a Andorra, adonde, según su relato, el primogénito llevaba mochilas con una gran cantidad de billetes de 500 euros. Posteriormente, la propia testigo admitió que acudió a denunciar la supuesta corrupción de los Pujol en la Comisaría General de la Policía Nacional en Madrid a instancias del excomisario Villarejo, que contactó con ella haciéndose pasar por periodista, y un socio suyo. Y en 2014 elDiario.es desveló que el entonces jefe de gabinete de Mariano Rajoy, Jorge Moragas, había animado por SMS a la exnovia de Álvarez para que denunciase los manejos de dinero opaco ante la Policía
Las declaraciones de la ex de Jordi Pujol Ferrusola y las del empresario Javier de la Rosa –al que la Fiscalía tampoco quiere como testigo– dieron pie a que la Audiencia Nacional abriera una investigación en 2012 sobre las actividades económicas del primogénito. En paralelo, un juzgado de Barcelona abrió diligencias a raíz de la carta de confesión de julio de 2014 en la que Jordi Pujol reconocía la fortuna oculta en Andorra, una causa que permitió expedir comisiones rogatorias y obtener información bancaria sobre los movimientos de sus cuentas en el Principado y que acabó unificándose con la que tenía en marcha la Audiencia Nacional.
De hecho, en el escrito en el que pide penas de entre ocho y 29 años para los Pujol, la Fiscalía inicia su exposición de hechos remitiéndose precisamente a la carta de confesión de Jordi Pujol, una prueba que resulta clave para las acusaciones. Posteriormente, el ministerio público detalla que en diciembre de 2012 se presentó una denuncia “por quien tenía una relación personal” con el primogénito, en referencia implícita a Álvarez, afirmando que éste disponía de grandes cantidades de dinero en efectivo y en billetes de alto valor, que introducía a España desde Andorra.
La Fiscalía, que no incluye el nombre de Álvarez en su relato de hechos, apunta que con el objetivo de determinar la veracidad de la denuncia formulada por la expareja del primogénito de los Pujol se acordaron varias diligencias para acreditar el blanqueo de fondos. La relación de Victoria Alvarez con el excomisario coloca su testimonio en una posición delicada, dado que las defensas podrían enmarcarlo en las maniobras parapoliciales del grupo de mandos liderado por Villarejo que ya estuvieron a punto de contaminar la causa por el pendrive con información de los Pujol que llevaron a la Audiencia Nacional, según reconocieron los propios jueces que juzgaron este asunto.
Anticorrupción se limita a pedir que se adjunte como prueba documental el DVD de la declaración que Victoria Álvarez prestó ante la justicia, así como una denuncia que ella presentó en enero de 2013 asegurando que “le habían manipulado e interceptado sus comunicaciones, tanto telefónicas como telemáticas”. La Fiscalía tampoco interesa la declaración de Javier de la Rosa -pese a que una de las cuestiones que se dilucidarán en el juicio es si Jordi Pujol Ferrusola cobró una omisión en una operación vinculada a Grand Tibidabo-, aunque igualmente solicita que se adjunte como documental su declaración incriminando a la familia.
Entre los testigos que sí solicita la Fiscalía para el juicio figuran el empresario Jordi Puig, hermano del exconseller de CDC Felip Puig, así como el administrador de Hispart, Juan Manuel Parra, que ya fue condenado por el caso del Palau de la Música por enmascarar el pago de comisiones de Ferrovial a Convergència y que ha tirado de la manta en el caso del 3%. También propone como testigo al exjefe del gobierno de Andorra Oscar Ribas, así como a varios empresarios, entre ellos Javier Suqué, presidente de Inverama y uno de los dueños del grupo Peralada, y Xavier Teuler, exconsejero delegado de Copisa.
Otros testigos que plantea el ministerio público son el financiero Carles Tusquets, que fue presidente de la junta gestora del FC Barcelona, así como los empresarios y exdirectivos del club azulgrana Jaume Ferrer -que ostentó su cargo en la primera etapa de Joan Laporta- y Jaume Masferrer, que fue mano derecha del expresidente azulgrana Josep Maria Bartomeu.
En su escrito, cuyas conclusiones y argumentos principales ya dio a conocer el pasado viernes el ministerio público, la Fiscalía sostiene que el expresident Pujol aprovechó “su posición política para tejer una red de clientelismo conforme a la cual” él y determinados empresarios afines al partido que lideraba, la extinta CDC, “se repartían los cuantiosos beneficios procedentes de concursos públicos cuya resolución dependía de las diferentes administraciones catalanas bajo el control de CDC”. Después, el patrimonio que ganaba “ilícitamente” se ocultaba a Hacienda y afloraba más tarde “mediante sistemáticas operaciones de blanqueo en las que intervinieron los miembros de la familia Pujol de manera coordinada a lo largo de muchos años”.