La Fiscalía reclama 30.000 euros a Torra por su “ostentosa” negativa a retirar la pancarta de los presos

Los tribunales no se han olvidado de Quim Torra. La Fiscalía pide veinte meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros para el expresidente catalán en su segunda causa por desobediencia por desoír “de manera ostentosa y desafiante” la orden del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para que retirara del Palau de la Generalitat una pancarta con un lazo amarillo en favor de los presos del procés.

La eventual condena a Torra no tendrá excesivas consecuencias prácticas, pues tras su salida de la Generalitat por su inhabilitación en la primera causa por no retirar una pancarta a favor de los presos el expresident no ha dado muestras de querer volver a un cargo público. En caso de no querer pagar la multa en caso de ser condenado, sin embargo, Torra sí se expone a penas de prisión.

Torra dejó la presidencia de la Generalitat en septiembre de 2020 tras ser condenado a año y medio de inhabilitación por desobediencia, en ese caso por desoír una orden de la Junta Electoral que le ordenaba retirar las pancartas de apoyo a los políticos presos de los edificios públicos en la precampaña de las elecciones generales de abril de 2019.

La petición de penas de la Fiscalía ahora es la misma que en la primera causa por los lazos. En su escrito, el Ministerio Público acusa a Torra de desobediencia por su “incumplimiento desafiante” del ultimátum que el 23 de septiembre de 2019 le dio el TSJC para que retirara del Palau una pancarta que pedía la libertad de los “presos políticos y exiliados”, con un lazo amarillo. La pancarta finalmente fue retirada por los Mossos d'Esquadra a requerimiento del TSJC.

Antes consumarse la retirada de la pancarta, Torra desplegó una actitud que tenía, según el fiscal, la “única finalidad de intentar dilatar, sino directamente desatender” la orden judicial para dejar de exhibir el mensaje a favor de la libertad de los presos en el Palau de la Generalitat. Lo hizo, agrega el fiscal, mediante el encargo de un informe a los servicios jurídicos del Govern o de recursos ante el TSJC “a pesar de la claridad” de la orden del TSJC.

A diferencia del primer juicio por los lazos, que se celebró en la Sala Civil y Penal del TSJC al ser Torra todavía aforado, al estar ya inhabilitado su segundo juicio por desobediencia llevará al expresident a un juzgado penal como a cualquier otro ciudadano en la Ciudad de la Justicia de Barcelona.