La Fiscalía ha pedido a la jueza que investiga la querella del fondo buitre Vauras contra Ada Colau archivar el caso al descartar que la exalcaldesa, los exconcejales y la funcionaria investigados cometieran los delitos que les atribuye la empresa. El fiscal se muestra especialmente duro contra el fondo por incluir a la alcaldesa en la causa penal pese a que su participación en los hechos denunciados es nula, lo que, a su juicio, resulta “desconcertante y perturbador”.
El escrito del fiscal anticorrupción Luís García Cantón, al que ha tenido acceso elDiario.es, responde afirmativamente a la petición de carpetazo del caso realizada por la defensa de Colau y los demás investigados, que ejercen los penalistas Olga Tubau, Àlex Solà y Débora Quintero. La jueza archivó de plano la querella del fondo en 2020, pero la Audiencia de Barcelona ordenó imputar a la entonces alcaldesa.
La supuesta prueba clave del caso fue la grabación que representantes del fondo hicieron –sin el consentimiento de sus interlocutores– de una reunión que mantuvieron con los exconcejales Marc Serra y Lucía Martín y una funcionaria del área de Vivienda para abordar la situación de un edificio propiedad de la empresa y okupado por familias vulnerables.
Esta prueba anunciada por sorpresa por el fondo en una de las declaraciones testificales del caso y que no fue incluida en la querella inicial ha resultado irrelevante. El el fiscal no aprecia en ninguna de las intervenciones en la reunión de los investigados el “carácter intimidatorio” necesario para considerar cometido el delito de coacciones denunciado por Vauras.
Es más, a juicio del fiscal, resulta “especialmente desconcertante y perturbador” que el fondo buitre incluyera a Colau como autora de un delito de coacciones por unas reuniones en las, que, destaca el escrito, la entonces alcaldesa no participó.
Al fiscal García Cantón le resulta, en sus propias palabras, “complicado de entender el proceso deductivo lógico” que llevó al fondo a querellarse contra Colau por la reunión y solo se lo explica por “el socorrido y erróneo planteamiento de atribuir cualquier delito cometido en el Ayuntamiento de Barcelona a su máxima representante por el mero hecho de ocupar” el puesto de alcaldesa.
Sobre la grabación de las reuniones aportada por Vauras, el fiscal es igual de concluyente y descarta “cualquier atisbo, por leve que sea”, de que Serra, Martín o la funcionaria del área de Vivienda coaccionaran a los representantes del fondo.
Lo que se oye en los audios, reitera el fiscal es una negociación “en la que cada una de las partes pretende obtener el mayor beneficio posible: beneficio público en el caso del Ayuntamiento y legítimo beneficio privado en el caso de la empresa”.
En la primera reunión de finales de 2019, los responsables municipales plantearon una mediación entre las familias vulnerables que ocupaban el bloque así como la posibilidad de que los pisos pasaran a la bolsa de vivienda municipal. La respuesta de los abogados del fondo (los mismos que luego firmaron la querella contra Colau y el resto de responsables municipales) fue que su cliente no alquilaba, solo vendía.
Según fuentes jurídicas, el fondo llegó a enviar una oferta al consistorio una oferta de 4 millones por el fondo cuando los responsables municipales de patrimonio lo habían tasado en poco menos de dos. En la segunda reunión, ya en 2020, los responsables municipales recordaron al fondo que, con la ley catalana de vivienda por entonces en vigor, debían ofrecer una vivienda a las familias vulnerables que quisieran desahuciar.