El fondo buitre Vauras pidió a dos concejales de Barcelona agilizar los permisos de obra de algunos de sus proyectos en la ciudad. Así lo han explicado este viernes ante la jueza los ediles Marc Serra y Lucía Martín, que han agregado que se negaron a las pretensiones de la firma, quien después se querelló contra ellos.
Un fondo buitre, un edificio okupado y una reunión con dos concejales de Barcelona. Podría ser el inicio de una novela de no ficción sobre la especulación inmobiliaria que vive la capital catalana, pero por ahora es tan solo el contenido de la causa judicial por la que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, declarará como investigada el próximo lunes.
El aperitivo de la comparecencia de Colau se ha vivido este viernes con la declaración, también como investigados, de Serra, Martín y una funcionaria municipal. Vauras se querelló contra todos ellos por una supuesta connivencia municipal con las familias vulnerables que ocuparon un inmueble de la calle Lleida de Barcelona. El edificio llegó a convertirse en un símbolo de la lucha por el derecho a la vivienda en Barcelona y enfrentó a los jueces con el Parlament antes de que los Mossos d'Esquadra lo desalojaran al sexto intento.
A nivel penal, salvo que la Audiencia de Barcelona acuerde lo contrario, el caso parece abocado al mismo archivo que la jueza ya decidió en su día, habida cuenta de que ninguno de los investigados estampó su firma en los expedientes que el fondo buitre intenta conectar con una supuesta “confabulación con okupas” del equipo municipal. En el plano político, la causa supondrá volver a ver desfilar a la alcaldesa por el juzgado a dos meses de las elecciones.
Según han explicado fuentes jurídicas, tanto Serra como Martín como la funcionaria, representados por los letrados Olga Tubau, Àlex Solà y Debora Quintero respectivamente, han relatado a la jueza que ellos no tuvieron participación alguna en los expedientes de obras de Vauras. Y sobre el contenido de las dos reuniones que Vauras tilda de un delito de coacciones, todos ellos han negado las tesis del fondo.
En la primera reunión de finales de 2019, han explicado, los responsables municipales plantearon una mediación entre las familias vulnerables que ocupaban el bloque así como la posibilidad de que los pisos pasaran a la bolsa de vivienda municipal. La respuesta de los abogados del fondo (los mismos que luego firmaron la querella y este viernes estaban en estrados) fue que su cliente no alquilaba, solo vendía.
De hecho, según fuentes jurídicas, el fondo llegó a enviar una oferta al consistorio una oferta de 4 millones por el fondo cuando los responsables municipales de patrimonio lo habían tasado en poco menos de dos. En la segunda reunión, con la ley de vivienda catalana ya aprobada, los responsables municipales recordaron al fondo que por imperativo legal debían ofrecer una vivienda a las familias vulnerables que quisieran desahuciar.
La comparecencia de los concejales ante la magistrada no ha estado exenta de polémica. Los abogados del fondo se han presentado con un miembro de la Junta del Colegio de la Abogacía como medida de amparo ante los “ataques” que, según han expresado, les han lanzado los concejales de Barcelona en Comú, y para “garantizar” la imparcialidad del procedimiento. La magistrada les ha recordado que para garantizar la imparcialidad ya estaba ella y el abogado se ha marchado.
“Entramos tranquilos y salimos satisfechos del juzgado”, ha declarado a la prensa Serra a la salida del juzgado. Por su lado, Martín ha afeado la “falta de rigor” de la querella del fondo, y se ha mostrado convencida de que el caso terminará de nuevo archivado. Antes tendrá que declarar la alcaldesa.