Sin Formación Profesional, Catalunya no tiene futuro

El diseño de la Formación Profesional tiene que ver con las opciones de política industrial y de relaciones laborales de los gobiernos. Cuando el objetivo de las diferentes reformas laborales es reducir costes laborales, promover la precariedad y la libre disponibilidad del trabajo, la calificación profesional y la formación permanente dejan de ser una prioridad para las políticas públicas. Cuando la apuesta económica del país es la economía especulativa, el turismo de masas y la producción de bienes y servicios de bajo valor añadido, pierde sentido la promoción las competencias técnicas y profesionales de las personas trabajadoras. 

Los desequilibrios y debilidades de nuestro modelo productivo han marcado las políticas de FP, su desvalorización y la falta de inversión. 

Durante estos años la estructura económica catalana ha perdido peso industrial: entre los años 2000 y 2018, el valor agregado bruto (VAB) del sector industrial se estancó y perdió el 5% de la ocupación. En cambio, el sector de servicios creció más de 5 puntos, un 11% en ocupación; y la construcción aún arrastra la caída de la crisis del 2008. El incremento de la tecnificación y la renovación tecnológica, tanto en la industria como en el sector servicios, provoca un crecimiento de la productividad del capital, mientras la productividad del trabajo decrece. Se atisban, pues, cambios y tendencias que indican la necesidad de mejorar la formación de los trabajadores. 

Priorizar la apuesta por una formación profesional de calidad, integral, bien dotada e inserida en el entorno social y empresarial del territorio, es hoy un instrumento fundamental para impulsar la transformación del modelo productivo para hacer frente al cambio climático, impulsar una economía verde y abordar la digitalización productiva. 

Será necesario también un cambio de fondo en el modelo de relaciones laborales que ponga en valor la estabilidad, apueste por la formación continua y reconozca el papel del trabajo cualificado -y no el coste laboral- como factor de productividad y que democratice las empresas. Las empresas y sectores que ofrecen mejores condiciones para los trabajadores son los que tienen más tecnología agregada y más intensidad de conocimiento aplicado y son también los que aportan mayor valor a la economía ia en general. Son también los que tienen menor temporalidad laboral, mayores retribuciones, menor siniestralidad y más satisfacción en el clima laboral. 

Esta realidad impacta en una sociedad con altos niveles de desigualdad y pobreza. Con datos de 2019, el riesgo de pobreza en Catalunya es del 25,5%, los niveles de desigualdad entre el quintil superior y el inferior son de 5,4 puntos, la tasa de riesgo de pobreza en el trabajo es del 12,1% y la brecha salarial entre mujeres y hombres es de 14,3 puntos. Tenemos un problema social que condiciona el futuro. 

Los niños que más sufrieron el impacto de la crisis de 2008 y ahora se incorporan al mercado de trabajo se encuentran con tasas de paro del 34%. El capital formativo de los jóvenes determina su posición laboral y social. Es preocupante la alta tasa de abandono escolar prematuro, un 19%. Muchas variables –sociales, laborales, de vivienda– determinan esta realidad. Pero mucho tiene que ver el hecho de que el presupuesto de educación en Catalunya sean un 28% inferiores a la media europea y la inversión en FP esté en mínimos, que tengamos una alta tasa de abandono en estos estudios (más del 40% de los matriculados en FP inicial abandonan) y una baja participación, un 9%, de la población ocupada en la formación por la ocupación. La falta de orientación en las etapas previas, las tasas de los ciclos formativos de grado superior y los costes indirectos en el grado medio, la falta de oferta de plazas públicas suficientes que atiendan a la demanda de especialización, la falta de regulación de los estudios a distancia, entre otros, alimentan el abandono. 

Con este mapa se dibuja la polarización de la formación disponible de la población catalana, un 37,5% de población con alta formación (estudios universitarios) y un 41,2% sin formación (por debajo de la educación obligatoria). Formación y ocupación tienen relación directa. Por un lado, un amplio sector predestinado a engrosar la precariedad en todos los sentidos -personal, económico, comunitario- en ocupaciones de baja calificación, produciendo bienes o servicios de bajo valor añadido, mal pagados e inestables. Por el otro, una alta formación disponible inadecuada a la formación demandada, que genera problemas de subocupación y comporta ineficiencias empresariales, frustraciones de expectativas personales y desincentivos sociales para la formación y la cualificación. Y, al mismo tiempo, un déficit importante de jóvenes que dispongan de la formación profesional y las cualificaciones suficientes para una inserción laboral plena en empresas donde puedan aplicarlas. 

El proceso de transformación económica para hacer frente a los retos climático, digital y demográfico requiere mejorar las competencias de la población ocupada. Es fundamental la formación profesional inicial. Necesitamos un modelo optimizado de formación a lo largo de la vida, que se anticipe a la desaparición, durante los próximos 10 años, de uno de cada cinco trabajos actuales y que actúe en un tejido empresarial muy atomizado, donde el 40% de la ocupación se genera en empresas de menos de 10 trabajadores. La digitalización de la economía es una oportunidad para modernizar el modelo productivo, facilitar los procesos de transición ecológica con respuestas limpias y sostenibles e innovar en productos y servicios de alto valor añadido, pero para hacerlo se requiere trabajo estable y de calidad, formado y cualificado, que participe de una estrategia de futuro y facilite la inversión en capital físico. De no hacerlo, la alternativa es la apuesta por el crecimiento económico en base al ladrillo y solamente basado en la mano de obra barata y estacional. 

Hoy, la FP ha dejado de ocupar la posición subalterna en el conjunto del sistema educativo. Urge desplegar la ley catalana de FP de 2015. Han pasado ya 20 años de la primera ley de FP y aún no tenemos ningún centro realmente integrado, que imparta FP inicial para jóvenes e integre también los servicios dirigidos a trabajadores en activo, parados o alumnos en formación; que disponga de servicios de orientación y acreditación permanentes de currículums para la formación y la ocupación. Es necesario un plan estratégico que impulse la interacción de los centros y equipos docentes con las empresas de su territorio, que fije objetivos, que oriente la formación las cualificaciones, que dote los recursos. La formación dual no significa más del 4% y lo hace en un tejido productivo donde la microempresa es la dimensión dominante y no dispone del reconocimiento ni la implicación de los agentes económicos y sociales. Que regule, también, la formación a distancia y le dé un impulso y protagonismo al Institut Obert de Catalunya (IOC), ampliando la oferta en plazas y especialidades. La apuesta por la FP pasa por ampliar la oferta de plazas públicas y el impulso de centros integrados, que garanticen tanto la calidad de la formación y las cualificaciones como la relación con el entorno empresarial y la implicación en el desarrollo económico comunitario, que se preocupe por la inserción de calidad de los jóvenes, combata el abandono y promueva el valor de la formación continua de los trabajadores y trabajadores en activo. Y que se cree la Agencia de Evaluación que prevé la LEC. 

O invertimos en FP o renunciamos a una economía más equilibrada e innovadora, con productos y servicios de alto valor añadido y con trabajo de calidad. Lo contrario es el camino de la decadencia económica, donde la especulación sea el motor de crecimiento, la precariedad un factor de competitividad y el bajo valor agregado de los productos y servicios la característica de una economía de gran almacén de logística y ensamblaje.