¿Gobernar para qué? ¿Para quién?

Queda lejos el 14F, donde poco más de la mitad de la ciudadanía de Catalunya dibujó el nuevo mapa político, y los partidos políticos siguen negociando la composición del Govern. Mientras, la cruda realidad sanitaria, social, económica y ecológica cada día es más evidente y preocupante, y las expresiones políticas de ultraderecha y populistas van tomando posiciones en la vida política catalana. 

A pesar de los resultados electorales tienen, como siempre, múltiples lecturas, hay algunas claves para un diagnóstico compartido. La alta abstención explica, más allá del efecto pandemia, la desmovilización de unos y el cansancio y desafección otros. Parece como si la ciudadanía impugne el frentismo de la pasada legislatura. Más de un millón y medio de ciudadanos han desertado de instalarse en ninguno de los bandos de la confrontación, y el azulejo de la política se ha movido en el eje derecha izquierda de manera más nítida que cabe otra condesa. 

El resultado electoral, insatisfactorio para todo el mundo, es la lógica respondida de una ciudadanía que constata que como decía Martí Pol “ninguno de los prodigios que anunciaban taumaturgos insignes no se ha cumplido”. Hoy Catalunya es más pobre y más desigual que hace 10 años y, no solo no ha avanzado nacionalmente, sino que ha retrocedido en autogobierno y reconocimiento institucional. No es que el conflicto nacional se haya fundido, al contrario, sigue vivo y es real, pero la estrategia de supeditar los derechos sociales y los retos ecológicos y digitales en el adelanto de los derechos nacionales, no está dando resultados y genera cansancio y dejación.

El debate del nuevo Gobierno tiene que responder al expresado por la ciudadanía y a la composición real de su representación parlamentaria. El marco institucional tiene que ampliarse, no puede excluir la mitad del arco parlamentario. Las instituciones no pueden seguir instrumentalizadas partidariamente, tienen que querer representar al conjunto de los catalanes y catalanas, no solo a una parte de la ciudadanía.

La constitución de la Mesa del Parlament y del nuevo Govern de la Generalitat tiene que responder a las cuestiones trascendentales que marcarán la legislatura. Será económica y socialmente muy complicada. Y con el conflicto político nacional abierto, nos puede generar una alta frustración social y nos deteriora institucionalmente. Las decisiones sobre la Mesa y el Govern son la imagen del país que queremos.

La Mesa y la presidencia del Parlament tienen que identificar la pluralidad del país y, al tiempo, evidenciar el consenso con los valores democráticos, aislando las expresiones de extrema derecha y ultra populistas que corremos el peligro se instalen en la vida política. No podemos abonar los intentos de repetir dinámicas frentistas, ni a un lado ni a otro. 

El acuerdo de Govern no puede ser un simple reparto de sillas y una nueva relación de jerarquía entre fuerzas políticas para liderar el independentismo. El nuevo Govern, en su composición, tiene que proyectar cuál será la respuesta a los retos complejos que tenemos como sociedad. Es necesario establecer con claridad, y publicidad, las líneas de acción política, en un acuerdo de Govern que anuncie propuestas y medidas, en vez de disputas de sillas y prelación de partidos. 

La negociación de un Acuerdo de Govern tiene que girar alrededor de cinco grandes ejes: a) Plan de Choque que atienda la salud y las ayudas y apoyos que apacigüen la crisis económica y social; b) Medidas de refuerzo del Sector Público, para garantizar el Bienestar y la Cohesión Social y el liderazgo público de las transformaciones económicas; c) Estrategia Industrial concertada, para abordar los retos ecológicos y digital en la necesaria transformación del modo de producir y distribuir, basado en el trabajo digno, la investigación, formación e innovación y el equilibrio territorial; d) Fiscalidad justa, que busque mayores recursos en los ámbitos con posibilidades de mayor tributación e incorpore la fiscalidad verde para reforzar el combate contra el cambio climáticos, y un nuevo Pacto Fiscal con el estado que garantice la corresponsabilidad fiscal, la suficiencia de ingresos y la solidaridad interterritorial; y e) Compromiso para la negociación con el estado del conflicto político, que expresan amplios sectores de la ciudadanía que cuestionan la ensambladura constitucional actual, y la construcción de una acuerdo que pueda ser refrendado por la ciudadanía y obviamente la libertad de los dirigentes independentistas

Estas cuestiones tienen que determinar la configuración del Gobierno. Es el que se tiene que explicar a la ciudadanía. Hay fórmulas para hacerlo posible y es en esta lógica que entiendo la propuesta pública que hace Jéssica Albiach a Aragonés e Illa: Un Gobierno conformado por ERC y En Comú Podem, con el apoyo del PSC. Porque en el nuevo escenario político y con la grave crisis social y económica, hay que asumir compromisos firmes con la ciudadanía para devolver a las instituciones y la política su sentido y abrir espacios en los debates políticos y sociales, donde quepan las críticas, las diferencias y las contrapropuestas. “De nada nos vale”, como dice Martí Pol, “la añoranza o la complanta, ni el toque de displicente melancolía”, tenemos que pedir valentía a las fuerzas políticas para abrir nuevos caminos. 

La ciudadanía tiene que encontrar en la política el vehículo donde explicitar sus malestares, sin tener que recurrir a quemar las calles. Las organizaciones cívicas y sociales tienen que canalizar a través de las instituciones la representación de sus intereses propios, para poder confrontarlos sin miedo a sentirse partidariamente manipulados. Necesitamos una fórmula de Gobierno y de vida institucional donde se puedan construir los consensos, políticos y sociales, imprescindibles por emprender las estrategias que aborden los retos actuales y de futuro, que no su pocos, ni son simples. 

Abrimos una nueva etapa. Un Govern que lidere, que impulse los procesos de concertación social y construya los consensos políticos de una estrategia compartida de país, para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, garantizar la cohesión social, equilibrar la economía y el territorio y resolver los conflictos políticos existentes. Nadie tiene que renunciar a ser quién es, ni a sus horizontes políticos e ideológicos. Pero tenemos que hacer que la política, la negociación y la construcción de acuerdos sean el marco para hacer avanzar los derechos sociales y nacionales y donde se sientan representadas las amplias y varias mayorías del país.