El funcionario imputado en la causa que investiga a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, por conceder contratos a un amigo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) ha desvelado al juez que la dirigente de Junts le pidió que la avisara si los Mossos d'Esquadra, policía judicial en el caso, acudían a la sede del organismo.
Se esperaba la declaración de Roger E.P., el funcionario imputado junto a Laura Borràs, en la causa por los contratos que la actual presidenta del Parlament otorgó a dedo a un amigo cuando dirigía la ILC. El resultado de la comparecencia del empleado, más allá del previsible alegato exculpatorio, no ha traído buenas noticias para Borràs. No en vano el empleado público se juega la inhabilitación si resulta condenado por prevaricación.
Según han informado fuentes jurídicas, en su declaración, Roger E.P. ha relatado dos audios que recibió de la presidenta del Parlament y que ponen de manifiesto que se interesó sobre los contratos a su amigo y la investigación de los Mossos cuando ya no dirigía la ILC. Vuelven así al primer plano las injerencias políticas que tuvieron que sortear los investigadores de la policía catalana en el caso de Borràs y de otros casos de corrupción vinculados a Junts.
El primer audio es de febrero de 2018, cuando Borràs era diputada del Parlament. En el mensaje de voz, según el funcionario, Borràs le comunicó que había tenido conocimiento de que los Mossos habían acudido a la sede de la ILC por los contratos a su amigo Isaías H., y añadió que si la policía catalana volvía, la avisara.
En el segundo mensaje, de junio del mismo año, el funcionario ha explicado que Borràs, entonces ya consellera de Cultura, se interesó por una factura a Isaías H. que no había cobrado. La respuesta del funcionario, según fuentes presentes en el interrogatorio, fue evasiva ante las intenciones de Borràs.
Los torpedos del funcionario contra la línea de defensa de Borràs no han terminado en los audios, que ha anunciado que aportará en su totalidad a la causa. El empleado público investigado también ha expuesto al juez que Borràs recibió indicaciones en 2014 de la Intervención de la Generalitat para que la ILC dejara de otorgar tantos contratos a dedo y optara por concursos públicos.
Es más, según su versión, Borràs reaccionó de forma “molesta” al aviso de la Intervención, y estaba convencida de que los interventores de la Generalitat “no tenían razón”, por lo que presentó alegaciones al informe. Pero además los contratos bajo sospecha continuaron tras el aviso de la Intervención, pues el último data de 2016.
El investigado ha dado otro dato comprometedor para Borràs: según su relato, llegó a preparar un nuevo protocolo de contratación para primar los concursos en vez de los contratos a dedo, pero la entonces jefa de la ILC hizo caso omiso al documento.
En la sesión de este martes, además del funcionario investigado, ha declarado como testigo el responsable de contratación del departamento de Cultura en relación con una reunión que mantuvo en 2014 con su homóloga de la ILC y en la también estuvo Borràs. El testigo ha relatado que informó de una nueva circular de la Generalitat sobre contratación a raíz de la creación de la Oficina de Supervisión y Evaluación de la Contratación Pública.