La Generalitat ha multado a 351 activistas por la vivienda por concentraciones contra desahucios

Las entidades por el derecho a la vivienda en Catalunya han puesto cifra este miércoles a una problemática creciente: las sanciones administrativas que les impone el Departamento de Interior por sus acciones para paralizar desahucios. Desde marzo de 2019, al menos 351 activistas han sido denunciados por los Mossos d’Esquadra por participar en esas concentraciones.

Las entidades, entre las que se encuentra el Sindicato de Inquilinas y la PAH, denuncian que se ha disparado la actividad sancionadora de la policía catalana y que la mayoría de las multas las han recibido en los últimos tres meses. Por eso exigen al Departamento de Interior, que ahora están en manos de ERC, su “retirada inmediata”.

Además, los afectados denuncian la incoherencia del Ejecutivo catalán de utilizar la ley mordaza, que tanto Junts como ERC han pedido derogar, para sancionar a los activistas por infracciones como obstrucciones a la autoridad o desobediencia. Las multas pueden llegar a ser de 604 euros, lo que hace que en el conjunto de activistas sancionado sume más de 200.000 euros.

Según ha explicado la abogada de Alerta Solidaria, Eva Pous, las sanciones son mayoritariamente por desobediencia y resistencia. Además, ha alertado de que desde junio las multas también son por obstrucción a la justicia. De las 364 multas que han registrado entre los diferentes colectivos, 351 se han puesto en movilizaciones para detener desahucios. 

“Todo esto responde a unas directrices del Departamento de Interior ante un movimiento tan necesario como es el de defensa de la vivienda”, ha subrayado Pous. Asimismo, los diferentes colectivos han asegurado que sufren “persecución política” y acusan al Departamento de Interior de querer “amenazar” a las personas que se movilizan en defensa de la vivienda.

Los activistas han lamentado que las denuncias se amparan en la Ley orgánica de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, y han recordado que ERC y CiU votaron en contra de esta ley. “Lávense la boca antes de hablar del derecho a la vivienda y revisen las vergüenzas antes de rasgarse las vestiduras contra la ley mordaza”, ha criticado Enric Aragonès, del Sindicato de Inquilinas.

Aparte de las multas, las entidades también han pedido que la BRIMO –la unidad antidisturbios de los Mossos d'Esquadra– no se utilicen a la hora de ejecutar los desahucios, puesto que, según han recordado, esto se fijó en el acuerdo de investidura entre ERC y CUP .

Según cifras de los diferentes sindicatos, entre abril y junio de 2021 en Catalunya se ejecutarn 2.624 desahucios, lo que equivale a ejecutar 40 cada día de lunes a viernes. Oriol Salas, miembro del Sindicato de Vivienda de Reus, ha asegurado que son unos datos “récord en España”. “Los desahucios que se ejecutan día a día desde hace años no son más que la punta del iceberg, la expresión última de un sistema fallido en la garantía del derecho a la vivienda”, sentenció Salas.