El Govern está centrado en la causa abierta del Tribunal de Cuentas contra una cuarentena de exaltos cargos, que este martes ha concretado las cifras que reclama a cada uno. Aprovechando la reunión que mantendrán el president Pere Aragonès con el presidente Pedro Sánchez, la portavoz del Govern ha reclamado al Gobierno que “trabaje en una solución” para paliar estas multas, aunque ha preferido no concretar qué exigencias en concreto esgrimirá Aragonès sobre este tema en la Moncloa.
“Esta previsto que en la reunión de esta tarde el president traslade la necesidad de acabar con la represión, también con la represión económica”, ha explicado la protavoz Patricia Plaja. “Estamos ante una nueva ola represiva, con la que se pretende arruinar familias enteras para asustar a cargos públicos que defienden la independencia”, ha continuado Plaja, que ha recordado además las palabras del ministro de Transportes cuando afirmó que la causa del organismo fiscalizador eran “piedras en el camino del diálogo”.
En este sentido, la portavoz del Govern ha afirmado que el Gobierno “debe mover ficha” aparte de “limitarse a tomar nota”. Aragonès ya reclamó hace unos días al Gobierno que diera instrucciones a la Abogacía del Estado para que cambiase de criterio y no se muestre contraria a las alegaciones que han presentado los investigados, una pretensión que Pedro Sánchez ha negado. “El Tribunal de Cuentas no es un tribunal pese a su nombre, sino un órgano administrativo prejudicial que busca venganza”, se ha quejado Plaja. “El Gobierno español no puede mirar hacia otro lado ante acciones como ésta porque es una anomalía democrática”, ha remachado.
La portavoz del Govern ha insistido además en que la Generalitat no se considera perjudicada por las actuaciones que persigue el Tribunal de Cuentas, por lo que no considera que deba ser resarcida. Se da la paradoja de que el dinero que el órgano fiscalizador reclama vendrían a cubrir supuestos desvíos económicos de la administración catalana y, por tanto, las multas contra los exaltos cargos se ingresarían en las cuentas de la Generalitat.
Ante eso, Plaja ha afirmado que el Govern no considera que haya habido ningún perjuicio patrimonial, por lo que los servicios jurídicos de la Generalitat “trabajan para minimizar el impacto de las peticiones del Tribunal de Cuentas”. La portavoz ha evitado concretar qué actuaciones legales se planea la administración catalana, que podría personarse en la causa. “Cuando haya una decisión sobre esto se comunicará”, ha despejado la portavoz.
Según se ha conocido este martes, el Tribunal de Cuentas cifra en 5,4 millones en total el dinero supuestamente desviado para promocionar el independentismo en el extranjero a través de la acción exterior de la Generalitat, durante los gobiernos de Mas y Puigdemont. Además de estos dos presidents, Junqueras, cinco exconsellers, nueve exsecretarios, seis interventores, 17 exdelegados en varios países y un eurodiputado están incluidos en la causa. En conjunto son 34 personas a las que se ha reclamado fianza. Para el expresident Artur Mas y el que fuera conseller de Economía Andreu Mas-Colell se reclaman de forma provisional 2,8 millones, y otros casi dos millones de euros a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, informan a elDiario.es fuentes jurídicas.