Giro de guión en las cuotas lingüísticas para proteger a las lenguas minoritarias en España. Después de que la semana pasada el Gobierno y ERC suscribieran un acuerdo para aprobar los Presupuestos Generales del Estado que incluía una política de cuotas del 6% para el catalán, gallego y euskera en la ley del Audiovisual, el Gobierno reconoce que el nuevo texto, aprobado este martes en el Consejo de Ministros, no puede obligar a grandes prestadores de servicios audiovisuales como Netflix, HBO o Disney+, sino únicamente a empresas radicadas en España.
“Hemos logrado un buen equilibrio en el sentido de impulsar la industria audiovisual”, ha señalado la vicepresidenta, Nadia Calviño, en su presentación antes de asegurar que la norma permite “proteger” la “cultura” española en referencia al castellano y las lenguas cooficiales. “A netflix no se le puede obligar”, reconocen fuentes del Ministerio de Economía, que precisan que la “cuota afecta a las plataformas establecidas en España”, como Atresplayer o Filmin.
El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y ERC preveía varias modificaciones de la ley, entre ellas una disposición para que las plataformas audiovisuales incluyeran, dentro de la reserva del 30% para producción europea, una cuota del 6% total para producción en lengua catalana, gallega o vasca. Este porcentaje garantizaba, a juicio de ambas partes, una protección para la producción en lenguas minoritarias y descentralizada por el territorio español. Junto a esto se incluía la obligación de incluir los doblajes o subtitulaciones preexistentes, así como una cuota del 10% del fondo del Instituto de la Cinematografía (ICAA) para obras en lenguas cooficiales.
Sin embargo, esta pretensión queda rebajada, según fuentes gubernamentales, que aseguran que solo puede obligar a empresas radicadas en España y, por tanto, no a prestadores que actúen desde otros países. El Ejecutivo ha asegurado que es la directiva europea la que impide que estas obligaciones afecten a empresas establecidas en terceros países, pese a que en el anteproyecto de ley sí aparecían obligaciones similares para el conjunto de los prestadores. Calviño además ha insistido en que ERC ya conocía esta parte del acuerdo.
Por su parte, los republicanos no niegan que el acuerdo deje fuera las grandes plataformas, pero reclama esperar al trámite parlamentario, cuando pueden introducirse enmiendas que cambien la naturaleza del texto. Los republicanos recuerdan que ya hablaron de un acuerdo “de mínimos” y piden tiempo para poder estudiar el texto que ha salido del Consejo de Ministros. En la misma línea recuerdan que el objetivo de la ley es que proveedores de servicios audiovisuales como Netflix acaben radicados en España, momento en el que, en todo caso, sí deberían aplicar las cuotas pactadas.