El expresidente del Gobierno José María Aznar se ha erigido esta semana como ariete contra la amnistía a los independentistas. Junts y ERC pretenden negociar con el PSOE una tabula rasa de causas judiciales a cambio de un eventual apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. De concretarse la medida, afectaría a 1.432 soberanistas encausados. Son once personas menos que los 1.443 condenados que el Ejecutivo de Aznar indultó en un solo día.
Fue el 1 de diciembre del año 2000. El Ejecutivo presidido por Aznar y que tenía como ministro de Justicia a Ángel Acebes aprobó la mayor medida de gracia desde la recuperación de la democracia, pese a que la Constitución de 1978 prohíbe expresamente los indultos generales.
Según explicó entonces Acebes, la gran cantidad de indultos concedidos en un solo día respondía a la solicitud genérica que hizo el Vaticano para realizar gestos en favor de la reinserción coincidiendo con la celebración del Año Jubilar. Frente a las críticas de los partidos de izquierda, el Ejecutivo defendió que aplicó criterios “objetivos” a la hora de conceder todos los indultos y que dejó fuera a los condenados por terrorismo, crimen organizado o delitos sexuales.
Entre los beneficiados por el perdón que se pueden consultar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la época se encuentra el juez Javier Gómez de Liaño, expulsado de la carrera por el caso Sogecable. También tres excargos socialistas condenados por el caso Filesa de financiación irregular, Carlos Navarro, Luis Oliveró y Alberto Flores.
El resto de indultados fueron personas condenadas por una amplia variedad de delitos: contra la seguridad del tráfico, lesiones, robo, falsedad en documento público y mercantil o contra la salud pública. No solo hubo perdón a condenas por delitos comunes sino también para casos de trascendencia social, como los 460 insumisos de la 'mili' o el de María Teresa de Jesús Moreno, conocida como 'La Tani', condenada por matar de un disparo a su marido, quien la había maltratado durante lustros.
En conjunto, los dos Gobiernos de Aznar concedieron en ocho años 5.948 indultos –cuatro más que los Ejecutivos de Felipe González, que duraron seis años más. En las dos legislaturas de José Luís Rodríguez Zapatero la cifra bajó hasta los 3.381 indultos, mientras que el Gobierno de Rajoy la redujo a 898, tal y como se puede consultar en el portal Civio.
Ser el presidente del Gobierno que más indultos ha concedido no ha impedido a Aznar arremeter contra la amnistía. “Es un acto en contra de la Transición, de la Constitución y en contra de los cimientos de España”, expresó en una entrevista en la COPE este jueves.
A criterio del expresidente, con una posible amnistía se busca “no solo para exculpar y limpiar a golpistas, personas que fueron juzgadas y condenadas por dar un golpe de Estado o que son prófugos por haber dado un golpe de Estado”. Cabe recordar que los exconsellers no fueron condenados por rebelión, delito contra el orden constitucional, sino por sedición, un delito contra el orden público.
Amnistía e indultos generales
La concesión masiva de indultos en el año 2000 suscitó críticas al Gobierno de Aznar por la politización de la Justicia pero se acabó entendiendo como una expresión más, aunque muy amplia, de la facultad del Ejecutivo de conceder indultos, pese a la prohibición constitucional de indultos generales. El PSOE no recurrió ninguno de los indultos concedidos en un día por el PP, al contrario de lo que hicieron los conservadores con las medidas de gracia los líderes del procés y que el Supremo ha rechazado tumbar.
Más de 20 años después, el PP, hoy en la oposición, ya prepara una respuesta en la calle y en los tribunales contra una amnistía que no se ha aprobado y cuyas negociaciones están en un estadio muy inicial.
La prohibición constitucional de indultos generales es lo que lleva a varios juristas a considerar inconstitucional la amnistía. Otros expertos, sin embargo, consideran que la amnistía sí entra en los límites de la Constitución, ya que se trata de una medida que debe aprobar el Parlamento y que se rige por unos procedimientos distintos a los del indulto, que corresponde en exclusiva al Gobierno.
Por ahora Òmnium Cultural ha sido la única entidad independentista que ha hecho un recuento propio de los “represaliados” a los que, como mínimo, afectaría la amnistía. Se trata de 1.432 personas, si bien más de la mitad (880) no se enfrentan a penas de prisión sino que se trata de activistas multados administrativamente en base a la ‘ley mordaza’ en protestas. Otras 35 son excargos del Govern encausados en el Tribunal de Cuentas, que se exponen a multas millonarias.
De los 552 soberanistas afectados por una causa penal, 113 ya están condenados, como los exconsellers o varios jóvenes por disturbios en manifestaciones. Según los cálculos de Òmnium, a día de hoy otras 17 personas están pendientes de sentencia y otras 387 investigadas o procesadas esperando su juicio, como la mayoría de altos cargos acusados por la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017. En suma, once ‘amnistiables’ menos que las personas a las que Aznar indultó en un día.