El Gobierno no pedirá, por ahora, a los jueces que obliguen a la Generalitat a implantar el 25% de castellano en las escuelas catalanas. Así lo han indicado a elDiario.es fuentes del Ministerio de Educación, que han explicado que esperarán a la respuesta del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) al plan esbozado por el Govern para cumplir con el fallo antes de anticipar cualquier paso.
A día de hoy, solo la Abogacía del Estado, que depende del Gobierno, puede instar al TSJC a ordenar la ejecución de la sentencia, puesto que es el único actor en la causa judicial a raíz del recurso que presentó en 2015 el Gobierno de Mariano Rajoy contra la inmersión lingüística en catalán. Los jueces dieron la razón a la iniciativa del Ejecutivo del PP, pero ahora el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos opta por no incendiar en los juzgados una de las cuestiones más sensibles en Catalunya en un momento de renovación del consenso político alrededor de las lenguas en la enseñanza.
En paralelo al acuerdo entre PSC, ERC, Junts y los comuns que por primera vez reconoce el castellano como lengua de uso escolar junto al catalán, la conselleria de Educación presentó al TSJC el pasado viernes una plan que, a su juicio, da por cumplida la sentencia del 25%. En su respuesta al tribunal, sin embargo, la Generalitat ha evitado fijar un porcentaje de clases en castellano tal y como explicita la sentencia, al entender que va en contra de los criterios pedagógicos.
Según el Govern, la propuesta de modificación de la ley de Política Lingüística que registraron ERC, PSC, Junts y los comuns; el nuevo decreto lingüístico que prepara la conselleria de Educación; y una encuesta sobre la realidad sociolingüística de los centros catalanes encargada a la Universitat de Barcelona (UB) garantizan el cumplimiento de la sentencia sin tener que fijar de forma concreta un 25% de castellano en clase. Tanto la encuesta como la nueva norma y el decreto lingüístico no están ejecutados, sino en una fase muy inicial de tramitación, aunque la modificación de la ley previsiblemente quedará aprobada en un mes.
La respuesta del Govern resulta insuficiente para las entidades contrarias a la inmersión lingüística, que este lunes iniciaron una ofensiva judicial para instar al TSJC a la ejecución forzosa de la sentencia. Pero a diferencia de la Abogacía del Estado, antes todas ellas deben demostrar ante el tribunal que tienen legitimación para reclamar la aplicación del fallo.
Se da la circunstancia de que dos de esas entidades, Hablemos Español y Convivencia Cívica Catalana, han admitido en su escrito ante el TSJC que es “dudoso” que se les acepte porque el Supremo ya rechazó su legitimación con anterioridad. Para sortear este escollo legal e instar a la ejecución del fallo, la asociación de la Guardia Civil JUCIL ha argumentado que cuando los agentes son destinados a Catalunya no disponen de centros escolares donde educar a sus hijos con una “garantía” de un mínimo de clases en castellano. Pese a que los partidos políticos no pueden reclamar la ejecución forzosa de la sentencia, Vox también se ha sumado a las entidades contrarias a la inmersión.
Según fuentes jurídicas, el tribunal puede aceptar este argumento, pero añaden que debería circunscribirse a los centros donde estudian los hijos de los uniformados, no al conjunto del sistema educativo catalán. Instar a la aplicación del 25% de forma obligatoria en el conjunto de aulas de Catalunya solo podría hacerlo la Abogacía del Estado, agregan las mismas fuentes.
El Ministerio: “Estamos en tiempos de la Justicia”
Desde el Ministerio de Educación se recalca que ahora mismo este no es el escenario judicial. “Tras haberse dirigido la Generalitat al TSJC, corresponde a éste manifestar su criterio. El Gobierno respeta la independencia de la Justicia, la separación de poderes, y los tiempos judiciales, y estamos todavía en tiempos de la Justicia”, expresan fuentes del ministerio que lidera Pilar Alegría, que rechazan anticipar sus pasos en caso de que el TSJC no acepte el escrito de la Generalitat.
Al no mover ficha por el momento, el Gobierno se ahorra tener que concretar quién sería el encargado de ejecutar formalmente el 25%. Una de las entidades contrarias a la inmersión, la Asamblea por la Escuela Bilingüe (AEB) concreta en su escrito al TSJC que los jueces deberían dirigirse a los directores de cada centro para instarles a cumplir sí o sí el 25% de castellano, que implica dar en ese idioma otra asignatura troncal además de la clase de lengua y literatura castellana.
Ese mismo planteamiento efectuó la Fiscalía hace unas semanas en el decreto por el que archivó una denuncia contra el Govern por el caso de la niña de Canet de Mar (Barcelona) cuya familia pidió el 25% de castellano de forma individual. En su resolución, el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres expuso que los proyectos lingüísticos de los colegios son una competencia “clara e ineludible” de sus directores, y en consecuencia son los directores los encargados de aplicar el 25% si una familia lo pide, sin necesidad de acudir de nuevo al juzgado. Para la Fiscalía, salvo que la Generalitat asuma las competencias sobre los proyectos lingüísticos, son los directores los que se exponen a consecuencias penales si no acatan el 25% de castellano en las aulas.
Las modificaciones legislativas planteadas por el conseller de Educación, Josep González Cambray, no asumen ninguna competencia de los directores y dejan en manos de los centros fijar el uso del castellano como lengua escolar “en los términos que fijen sus proyectos lingüísticos” y en función de la realidad sociolingüística de cada escuela. Es decir, se puede mantener una mayoría de clases en catalán en los centros con más alumnos castellanohablantes o con otros idiomas como lenguas maternas, y modular la inmersión con más castellano en las zonas de la comunidad de mayoría catalanohablante. Ello no ha impedido que Ciudadanos ya haya denunciado el conseller ante la Fiscalía al entender que el planteamiento para cumplir con la sentencia judicial es un intento de desobedecerla.