Gobierno y ERC se han dado un balón de oxígeno mutuamente. Moncloa necesita a los republicanos para votaciones clave como los Presupuestos Generales del Estado y los de Pere Aragonès tenían que justificar con algo el enterramiento del hacha de guerra tras el escándalo del espionaje. Y en ese marco se ha producido el primer acuerdo en la mesa de diálogo, que se ha reunido este miércoles por tercera vez en los cerca de dos años y medio de legislatura. Las dos partes se dan por satisfechas, aunque enfatizan su parcela de victoria y un acuerdo que no tiene ninguna concreción. La principal novedad de los dos textos rubricados es que se dan de plazo hasta final de año para tratar de encontrar reformas legales que satisfagan a los independentistas, con un chorreo de causas judiciales pendientes, aunque en el Gobierno ya avisan de que la principal de ellas, los cambios en la tipificación de la sedición y la rebelión, es imposible, al menos por ahora.
“El Gobierno de España está dispuesto a armonizar la legislación española con las mejores legislaciones europeas y para eso es necesaria una mayoría parlamentaria que lo permita”, afirmó el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, al acabar la reunión con el Govern. ¿Por qué el Gobierno sostiene que no se da la mayoría suficiente para sacar adelante una reforma del Código Penal, pese a que sería suficiente con una mayoría absoluta que el Ejecutivo ha logrado para numerosas votaciones?
Fuentes gubernamentales explican que su posición de reformar la legislación penal para acompasar los delitos como la sedición o la rebelión a lo que refleja los textos penales de otros países y evitar el rechazo de euroórdenes como ha sucedido en Bélgica o Alemania en la persecución de Carles Puigdemont “es muy defendible”, pero reconocen que tienen puntos de partida completamente distintos a los de ERC más allá de que los republicanos pudieran aceptar de forma genérica una rebaja de las penas y la inclusión del requisito de violencia.
Moncloa no ve mayoría para la reforma
“Lo que han venido proponiendo es suprimir el delito, y para eso no hay mayoría”, argumenta un ministro. “Lo que hay que preguntarles a ellos es si apoyarían la tipificación como delito de ir contra la Constitución y contra la integridad territorial”, argumenta otra de las fuentes consultadas. “No veo a los partidos independentistas votando una ley que va a señalar que lo que hicieron era delito”, explicó en esa línea hace ya más de un año el ministro Miquel Iceta en una entrevista en elDiario.es.
Desde el Govern rebaten esta idea y consideran que si el Gobierno no ve la mayoría para reformar este delito es porque hasta el momento no la han trabajado, ni han explicado su propuesta. Este mismo miércoles el diputado Ferran Bel, portavoz del PDeCAT, ofrecía los cuatro votos de su formación para reformar la sedición. Con estos, no haría falta tener a Junts ni a la CUP a favor de la reforma, porque podría conseguir mayoría con los aliados habituales de la investidura, es decir, ERC, PNV y EH Bildu. Con todo, la dificultad es pactar la concreción de la reforma que sea deseable para todos.
Esos problemas son los que reconoce el acuerdo: “El Gobierno de España y el Govern de la Generalitat de Catalunya reconocen las dificultades para acordar la vía óptima para hacer efectiva la desjudicialización”. De ahí que sea imposible una mayor concreción en el texto.
Para Moncloa es un éxito que el Govern haya dejado por escrito el compromiso de cumplir la legalidad vigente en contra de lo que ocurrió hace tan solo cinco años: “La mejora de las instituciones y de sus procedimientos lleva aparejado el compromiso de las partes de conducir la actividad política e institucional de acuerdo a las instituciones y procedimientos democráticos, incluyendo también la eventual mejora de los mismos en base a los procedimientos de reforma establecidos con el objetivo de facilitar la superación de la judicialización y la resolución del conflicto político”.
Para los republicanos, por su parte, era importante arrancar a Sánchez un objetivo temporal para la denominada desjudicialización. “La voluntad es esa, pero no hay ese acuerdo”, señalan fuentes gubernamentales, que enfatizan que el texto no da por hecho que vaya a haber un acuerdo sino que se intentará encontrar una vía que satisfaga a ambas partes.
La presión sobre Moncloa, no obstante, no va a desaparecer. El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, no ha tardado en criticar a su socio mayoritario y ha afirmado que “no es de recibo” que Bolaños haya señalado que no existe mayoría para reformar el delito de sedición sin haber puesto sobre la mesa una propuesta concreta para corroborarlo, informa Europa Press. Asens ha recordado que el grupo confederal envió al Ministerio de Justicia a finales de 2020 una propuesta para sacar ese delito del Código Penal y que desde entonces está esperando a que su socio de gobierno se pronuncie al respecto y deje de poner “excusas”. En el ala socialista del Ejecutivo argumentan que no se trata de eliminar la sedición como delito sino de adecuarla a la tipificación existente en el resto de países.
Otras reformas, en la línea de los indultos
En Moncloa también ven poco margen para otro tipo de reformas legales en la línea de lo que pide el Govern, como los delitos de desórdenes públicos, la malversación cuando no haya un perjuicio a los fondos públicos o incluso algunos tipos de desobediencia. “Están en posiciones muy difíciles”, expresan fuentes gubernamentales que subrayan, no obstante, que lo importante es seguir sentados en la mesa de diálogo.
Los independentistas siempre han entendido la mesa de diálogo como un proceso con dos carpetas muy diferentes. Por un lado, el fondo del conflicto, es decir, la relación entre Catalunya y el Estado. Por otro, las consecuencias del conflicto, que no es otra cosa que las causas judiciales abiertas, desde las más importantes, como las que afrontaron los líderes del procés encarcelados, hasta los juicios, multas e inhabilitaciones de otros independentistas. Es esta segunda parte la que ha centrado hasta el momento la negociación, pues los pasos son más urgentes y más sencillos.
El punto culminante de esto fue la concesión de los indultos en junio del año pasado. Una medida que a ambas partes convenía desvincular del diálogo, pero que obviamente respondía al interés mutuo en aliviar las consecuencias más duras de la respuesta judicial al procés. Para el Gobierno era una forma de normalizar las relaciones con la Generalitat y calmar el malestar social, mientras que para el Govern se trataba de negociar “en igualdad de condiciones”.
Sin embargo, la libertad de los presos no colmaba las reivindicaciones de la Generalitat, que pedía continuar trabajando en soluciones para otras muchas causas judiciales, como la que afecta a una treintena de altos cargos que están a la espera de juicio en el juzgado 13, cuestiones individuales que afectan diputados y a consellers relacionadas con el 1-O o las multas impuestas por el Tribunal de Cuentas contra otro numeroso grupo de exdirigentes. Todo ello sin contar la situación de los políticos que siguen repartidos entre Bélgica y Suiza y que siguen teniendo juicios pendientes en España.
Esta preocupación, además, es compartida por Catalunya en Comú, que desde hace años lidera la vía que ahora ha sido adoptada por ERC como propia. La formación de Jaume Asens apuesta por un itinerario de reformas legales que puedan ir aliviando las causas pendientes. La más vistosa de estas sería la reforma del delito de sedición, de forma que incorpore la violencia y, por tanto, no pueda ser imputada a Oriol Junqueras y el resto de políticos los ya juzgados, de forma retroactiva, pero tampoco a quienes aún no han sido juzgados, como Carles Puigdemont o Marta Rovira. La otra opción sería mantener la sedición sin violencia típica, como entendió en su momento el Supremo, pero rebajar las penas, opción que también sería beneficiosa para éstos.
Pero en la lista de reformas propuestas por los comuns en mayo de 2021 y que ahora el Govern estudia hay otras figuras penales, como la malversación, la desobediencia e incluso el delito de desórdenes. En el caso del delito económico, por ejemplo, podría ser suficiente con revertir la interpretación de malversación que se introdujo en una de las primeras reformas del PP en el año 2013 para castigar una mala gestión de fondos públicos aunque no hubiera lucro. Otras leyes que ERC quisiera tocar son la ley orgánica del Tribunal Constitucional, la ley mordaza o el artículo de la LOREG que permite suspender cargos públicos inhabilitados sin condena firme. Una larga lista sobre la que, pese a la distancia que muestra el PSOE, los republicanos creen que tienen opciones de pactar algunas mejoras.