La reforma fiscal a la que aspira el Gobierno parecía hace una semana una misión imposible, el lunes por la noche una tarea complicada y este martes, sin embargo, un horizonte que ya nadie se atreve a descartar del todo. Aunque poca gente en el Congreso es capaz de explicarse muy bien cómo, el PSOE consiguió sacar viva de la Comisión de Hacienda la transposición de la directiva europea que fija en un mínimo del 15% el impuesto de sociedades a las multinacionales, encarrilar el impuesto a la banca y dejar además la puerta abierta a un nuevo gravamen a las empresas energéticas. Un compromiso con EH Bildu, ERC y BNG que ahora Junts se abre a estudiar tras vetar la prórroga del actual que, entre otras compañías, perjudicaba a Repsol, con grandes intereses en Catalunya. Una auténtica cuadratura del círculo con socios que tienen intereses políticos opuestos.
Esa Comisión de Hacienda, que empezó el lunes a las cinco de la tarde y terminó ya entrado el martes al borde de las dos de madrugada, sirvió para ver a los socialistas desplegar todo un catálogo de malabarismos parlamentarios inéditos en la forma y en el fondo. Una buena muestra de que esta reforma fiscal no es cualquier cosa para el Ejecutivo. En lo económico, supone cumplir con un compromiso con Bruselas por el que están en juego 7.500 millones de euros. Y en lo político se trata del triple salto mortal que puede allanar los Presupuestos y apuntalar la legislatura, o bien acabar de complicar definitivamente los números de una mayoría parlamentaria que la sustente.
Tras acordar con Junts y PNV el grueso de reformas fiscales, Hacienda se enfrentó a las demandas de los socios de izquierdas que exigían la prórroga de un impuesto especial a los beneficios de las compañías de energía que caduca el 31 de diciembre. La amenaza de algunos de esos grupos progresistas, como es el caso de Esquerra, era clara: o se incluía ese gravamen en el paquete fiscal o se desmarcaban de todo. Una postura que ponía en peligro el conjunto de medidas.
Con la consigna de extremar la precaución con Junts para no incumplir ni uno solo de los puntos pactados y no poner en peligro sus siete votos en el Congreso de cara a la negociación clave de los Presupuestos, el Grupo Parlamentario Socialista y el Ministerio de Hacienda se fajaron entonces en arrancar a otros grupos como ERC y EH Bildu un respaldo al paquete fiscal que excluyera el impuesto a las energéticas vetado expresamente por los de Puigdemont. Aunque con una promesa: que el Gobierno impulse en las próximas semanas un decreto específico con un nuevo tipo impositivo a las compañías de la energía.
Para no despertar ningún tipo de recelos en Waterloo, el ministerio de Hacienda se apresuró a aclarar en una nota pública a la una de la madrugada del martes que ese compromiso con ERC, Bildu y BNG en ningún caso suponía alterar lo pactado con Junts. El propio presidente del Gobierno señaló en su comparecencia en Brasil tras la cumbre del G20 por dónde enfoca el Ejecutivo un gravamen que pueda contentar a todas las partes. “Son dos cosas coherentes y compatibles que por supuesto que se pueden casar: que las energéticas tengan un gravamen específico y que se pueda descarbonizar el tejido productivo de nuestro país. Y eso defendemos en los acuerdos con unos y con otros”, dijo Pedro Sánchez.
Lo que plantea el presidente en la búsqueda de una medida que pueda ser aceptada a un lado y otro de sus socios es un impuesto que incluya bonificaciones a aquellas empresas que se comprometan a invertir parte de sus beneficios en la descarbonización de su actividad y en el impulso de las energías verdes. Un horizonte sobre el que en Junts esperan tener más detalles en las próximas semanas antes de pronunciarse pero que ahora se abren a negociar con algunas condiciones.
“Cuando haya un decreto lo negociaremos, claro. Si presentan lo mismo nosotros votaremos otra vez en contra. Pero si presentan algo con rigor que no ponga en riesgo las inversiones en Catalunya, claro que lo miraremos, como miramos todo”, apuntan fuentes de la formación independentista, que añaden: “Todos sabemos que no va a haber un impuesto a las energéticas en los términos que están vendiendo los grupos de izquierda populista”, en referencia a Bildu, ERC y Podemos.
Mientras desde el Ejecutivo se vuelcan ahora en amarrar los cuatro votos de Podemos para el Pleno de este jueves que votará el conjunto del paquete fiscal (los de Belarra también amenazan con tumbarlo si no se incluye un impuesto energético), en el equipo de María Jesús Montero prefieren mantener la cautela sobre el enésimo reto que supone poner de acuerdo a Junts y a ERC y al PNV y a Bildu en una medida tan delicada. Tanto en las filas del grupo parlamentario socialista como de algunos de los grupos firmantes del compromiso para mantener el impuesto aseguran ser optimistas respecto a encontrar una salida que contente a todas las partes y que cuente por tanto con el respaldo de los siete votos de Puigdemont.
El regreso de Junts al lobismo empresarial
Si alguna advertencia ha repetido machaconamente Junts desde que invistió a Pedro Sánchez es que ellos no forman parte de ninguna mayoría en el Congreso. Según ese lema, apoyan o no las iniciativas que llegan a la Cámara según su contenido o, como mínimo, según la contrapartida que puedan obtener por su voto. Si a eso se le suma la estrategia reciente del partido de Carles Puigdemont para reconectar con las élites empresariales a través del lobismo, todos era propicio para que Junts acabase siendo el principal obstáculo para la reforma fiscal que deseaba la mayoría que da apoyo al Gobierno.
El Ejecutivo había mantenido negociaciones con sus socios a varias bandas durante las últimas semanas para tratar de cuadrar una reforma fiscal que debía incluir elementos diversos. La principal, una tasa mínima del 15% en el Impuesto de Sociedades a la que obliga Europa para las grandes empresas.
Pero el Gobierno también había pactado con Junts y PNV no renovar el impuesto que en 2022 se fijó de forma temporal a las energéticas y, al tiempo, había encarrilado junto con la bancada de izquierdas mantener el impuesto a la banca, impulsar otro a los artículos de lujo y un aumento del 2% del IRPF a las rentas por encima de 300.000 euros. Un sudoku que estuvo a punto de saltar por los aires por los vetos cruzados entre los socios de izquierdas y los de derechas. Y, más en concreto, por el rechazo recíproco de ERC y Junts.
Para los de Gabriel Rufián, metidos en plenas vísperas del congreso en el que ERC puede abrirse en canal, la prioridad es mostrar pedigrí de izquierdas y que son una de las fuerzas capaz de atraer al Gobierno hacia las posiciones más progresistas, en el mismo bloque que Bildu, BNG y también Podemos.
En Junts los intereses son diametralmente opuestos. En su caso, ya han pasado por un congreso en el que han reforzado las posiciones más pragmáticas y han apostado por definir más su perfil de derecha liberal decidida a revisar los impuestos a la baja.
Cerrado el capítulo del procés que divorció al alto empresariado de la formación independentista, en Junts han recuperado la interlocución y buenas relaciones con Foment del Treball, compitiendo con el PNV para defender las posiciones de la patronal en la Cámara Baja.
El argumento esgrimido por la líder del grupo de Junts, Míriam Nogueras, es que mantener el impuesto a las energéticas supone un riesgo para las inversiones de este tipo de empresas en Catalunya, especialmente en la provincia de Tarragona.
El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, firmó un artículo en La Vanguardia hace un mes con un argumento prácticamente idéntico. “La inversión en el sector energético bajará al mínimo si permanece el impuesto especial”, aseguró entonces el empresario. “Si nuestras industrias no pueden competir, cierran y esos empleos se pierden”, abundaba quien fue en la década pasada el líder del PNV.
En el Gabinete de Salvador Illa, en cambio, creen que mantener un impuesto que consideran justo no tiene porque suponer el fin de las inversiones de la energética. “El Govern acompañará todas las inversiones que puedan ser buenas para el crecimiento de Catalunya”, ha asegurado la consellera portavoz, Silvia Paneque.
La dependencia de Junts escama a los socios de izquierdas
Durante la negociación ‘in extremis’ que se llevó a cabo en paralelo a la Comisión de Hacienda, los socios parlamentarios de izquierdas que dan su apoyo al Gobierno desde hace dos legislaturas no ocultaron su profundo malestar con las prebendas que se ofrecen a Junts en cualquier negociación. La sensación generalizada en grupos como EH Bildu o ERC es que el PSOE siempre prioriza la interlocución con los de Puigdemont por el temor a que se descuelguen de la mayoría que sustenta a Pedro Sánchez. Y que eso deja al resto de grupos en una posición subalterna que cada día les resulta más indigesta.
En concreto, fuentes parlamentarias al tanto de las negociaciones con el ministerio de Hacienda narran cómo la totalidad de grupos políticos aliados del Ejecutivo han cedido posiciones en la negociación sobre los impuestos a la banca y a las energéticas en busca de una salida pactada. Todos, menos Junts, que según esas mismas fuentes y según admiten también en el propio Gobierno, se ha mostrado inflexible en todo momento para que se cumpla escrupulosamente lo pactado en su día con el PSOE. Y nadie, de hecho, consiguió moverlos de ahí.
Hasta tal punto se esmeran los socialistas en el cuidado a los independentistas catalanes que varias fuentes al corriente de cómo transcurrió la Comisión de Hacienda admiten que la dirección de Junts fue informada en tiempo real de las conversaciones con diputados de ERC y Bildu que buscaban apalabrar un futuro decreto que intente recuperar el impuesto a las energéticas que ellos rechazan. Y por eso, entre cosas, hicieron falta inéditos recesos de horas de duración que alargaron la actividad parlamentaria hasta el filo de las dos de la madrugada.
Detrás de ese mimo del PSOE a Junts está, ni más ni menos, que la negociación para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. Fuentes de Hacienda admiten que se ha avanzado mucho en las conversaciones con el conjunto de grupos en las últimas semanas para poder cuadrar una mayoría que apoye las nuevas cuentas y que también se han producido avances significativos con Waterloo. Y, por eso, la obsesión ahora es evitar cualquier traspiés parlamentario que dé al traste con unas negociaciones clave para el futuro de la legislatura.
Aunque esa situación, la dependencia de Junts, se repite desde el mismo día de las elecciones generales del 23 de julio y desde la investidura de Pedro Sánchez hace justo un año, los grupos parlamentarios de izquierdas que apoyan al Gobierno admiten que para ellos resulta insostenible desde un punto de vista político jugar siempre con las reglas de Junts y acabar sometidos también al “chantaje” de Puigdemont. Y por eso avisan al PSOE de que, para la sostenibilidad de la legislatura, a los socialistas no les resultará suficiente volcarse en amarrar los siete diputados del expresident y dar por sentado el apoyo del resto.