Acuerdo entre ERC y el PSC para aprobar los presupuestos de la Generalitat para 2024. Después de semanas de discretas negociaciones, ambas formaciones reeditan el pacto de 2023 a la espera de que los republicanos logren también el visto bueno de En Comú Podem, necesario para sumar mayoría. El president Pere Aragonès y el primer secretario del PSC, Salvador Illa, se verán a las 16.00 para poner su firma al acuerdo.
Si el año pasado fueron los comuns los que cerraron primero un acuerdo con la formación del president Pere Aragonès y luego se sumó el PSC, en el que fue el primer gran gesto de ruptura de bloques entre formaciones enfrentadas por el procés, esta vez serán los morados los que cierren la mayoría. No será sencillo, puesto que una de sus líneas rojas es el veto al complejo de ocio Hard Rock, que los socialistas piden que se desencalle como condición para aprobar las cuentas del Govern de Pere Aragonès.
De hecho, la presidenta del grupo de En Comú Podem, Jessica Albiach, ya ha dejado claro que su partido no votará a favor de los presupuestos hasta que el Govern descarte definitivamente el plan urbanístico del macrocasino. “Es una condición indispensable para iniciar las negociaciones”, ha dicho Albiach, que ha apuntado que, hasta ahora, sólo están “en conversaciones” y que el acuerdo “todavía está muy lejos”.
Por su parte, Illa ha comparecido en el Parlament para presentar los detalles del pacto y ha defendido que su formación demuestra así que no se recrea “en las dificultades”, sino que apuesta por dar herramientas al ejecutivo para que pueda gobernar. “No somos partidarios de complicar la situación todavía más privando a la ciudadanía de recursos para hacer frente a la sequía o a la mejora de la calidad de la educación”, ha reivindicado el socialista, que ha hecho un llamamiento a las demás formaciones para que contribuyan a hacer realidad los presupuestos. “Le damos una pelota de gol [al Govern]. A ver si rematamos”, ha resumido el socialista.
Sin mención al polémico Hard Rock
En las cuentas catalanas del año pasado destacaban los tres grandes proyectos económicos que los socialistas quisieron abanderar: el casino Hard Rock, avanzar en la “transformación” –así constaba textualmente– del Aeropuerto del Prat y completar la autovía B-40. En esta ocasión, no hay mención a ninguna de estas tres cuestiones en el documento pactado, pero Illa ha querido quitarle importancia y ha asegurado que no hacía falta incluirlo porque entiende que sus trámites siguen su curso.
La ausencia del Hard Rock la ha esgrimido el Govern con la vista ya puesta en convencer a los comuns. La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha remarcado que el presupuesto no incluirá “ni un euro” para ese complejo de ocio proyectado en el Camp de Tarragona y que está pendiente de una evaluación ambiental. En el Govern saben que, sea como sea, la tramitación del proyecto sigue su curso, pero preguntada sobre ello, Vilagrà no ha querido responder. “Nada que añadir”, se ha limitado a afirmar.
Es precisamente eso lo que mantiene todavía lejos el 'sí' de los 'comuns', que requieren pruebas de que el Hard Rock no se va a llevar a cabo y, por eso, exigen que el Govern descarte el plan urbanístico antes de sentarse a negociar. “No tiene sentido dar más dinero para afrontar la sequía y tener un proyecto que gastaría 8 millones de litros de agua al día”, ha remachado Albiach.
Si el Govern no abandona el proyecto del Hard Rock, los 'comuns' no descartan presentar una enmienda a la totalidad a los presupuestos. “Ya saben lo que tienen que hacer para que no lo hagamos”, ha asegurado Albiach.
Prioridades en educación y vivienda
Las cuentas de 2024 prevén un aumento de 2.400 millones, un incremento del 6,3%, que incluiría unos 1.040 destinados a infraestructuras y ayudas para combatir la sequía. El documento consensuado por Govern y PSC, de 17 páginas, se centra en cuatro prioridades de los socialistas: educación, vivienda, seguridad y políticas de gestión del agua. Además, se le añade la intención de alcanzar el 25% de la inversión de Salud para atención primaria, una demanda histórica del sector.
En materia educativa, el presupuesto será de 7.435 millones de euros, un incremento del 10% respecto a 2023, con partidas como 35 millones para ofrecer más recursos para la educación inclusiva, 25 para equiparar salarios de la concertada y la pública y 50 millones para las medidas que salgan del Grupo de Impulso de Mejoras Educativas.
El PSC ha logrado también el compromiso de crear 25 unidades judiciales nuevas para descongestionar los juzgados, y para dar continuidad, según ha defendido Illa, a la ampliación de agentes de Mossos d’Esquadra pactada en cuentas anteriores. También ha hecho énfasis el primer secretario del PSC en las políticas de lucha contra sequía. Si Aragonès prometió 1.040 millones de euros para este fin, Illa ha concretado que 120 irán a subvenciones para entes locales y 86 para mejoras en el riego agrícola.
En cuanto a la vivienda, aseguran que el pacto permitirá incorporar al parque de vivienda asequible un total de 4.000 pisos durante 2024. El incremento saldría de la promoción de viviendas nuevas por parte del Incasòl (424), la compra a grandes propietarios o la financiación para promocionar 2.350 pisos a través de operadores públicos y sociales.
El Govern celebrará el miércoles un Consejo Ejecutivo extraordinario para aprobar los presupuestos y llevarlos a tramitación del Parlament. Vilagrà ha insistido en que las cuentas deben aprobarse con el mínimo tiempo posible para aplicar las partidas. Así, los presupuestos podrían entrar en vigor en abril, según cálculos del propio ejecutivo.
Republicanos y socialistas estrechan de esta forma unos lazos que van más allá de la Plaza Sant Jaume de Barcelona, y que esperan que tenga efectos de cara a las cuentas del Gobierno central. De hecho, ambas formaciones han protagonizado recientemente el deshielo de sus relaciones en el Ayuntamiento de la capital catalana, donde ERC ha apoyado los presupuestos del gobierno de Jaume Collboni.
Si Aragonès logra la mayoría parlamentaria para las cuentas, serán las terceras consecutivas que saque adelante el president (las de 2022 las aprobó con Junts, todavía en el Govern, y los comuns). Ello le daría a su Ejecutivo un balón de oxígeno casi definitivo para completar la legislatura.