El Govern ha cambiado de estrategia ante la sentencia del 25% de castellano dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Si hace dos meses el departamento de Educació trasladó a los jueces un plan sin porcentajes bajo la premisa de que eso le permitía cumplir con la sentencia, este martes ha remitido un escrito en el que alega prácticamente lo contrario, es decir, que se encuentra ante una “imposibilidad legal” para aplicar la sentencia, al haber un nuevo marco jurídico (aprobado por él mismo) que se lo impide. El conseller Josep González-Cambray ha explicado que actúan en base al nuevo decreto-ley, aprobado este mismo lunes, que debe servir para que “ningún centro aplique porcentajes lingüísticos”.
El documento remitido por el Govern al TSJC este martes indica que, después de la entrada en vigor del nuevo decreto, concurre una “causa de imposibilidad legal para cumplir la sentencia de 16 de diciembre de 2020”, según estima el Gabinete Jurídico de la Generalitat, ya que la sentencia reclama imponer un 25% de castellano mientras el decreto-ley considera que uno de los criterios para elaborar los planes lingüísticos es no atenerse a porcentajes fijos sino a cuestiones como el entorno sociolingüístico de los centros.
Además el Govern rechaza la observación del tribunal sobre una supuesta inacción de la administración catalana para garantizar la enseñanza del castellano. Según apuntan los abogados de la Generalitat, el nuevo marco jurídico garantiza el pleno conocimiento de esta lengua como uno de los objetivos básicos de los proyectos de todas las escuelas.
“Cabe decir al respecto que ni la Constitución, ni el Estatuto de Autonomía de Catalunya, ni la legislación básica estatal en materia educativa imponen que la regulación sobre el uso de las lenguas en la escuela tenga que seguir un modelo de porcentajes”, asegura el Govern. Con esta argumentación, el Gabinete Jurídico afirma además que “tan constitucional y estatutario” es un modelo con porcentajes como el que propone el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya como uno que “rechace de forma taxativa aplicar porcentajes”, tal como ha hecho el decreto ley 6/2022 aprobado el lunes, siempre que este segundo sea efectivo para el aprendizaje del castellano.
La maniobra jurídica del Govern se acoge a un artículo de la ley de la jurisdicción contencioso-adminitiva que marca que, cuando una administración encuentre una imposibilidad material o legal de ejecutar una sentencia, debe manifestárselo al tribunal. Posteriormente serán estos mismos jueces quienes deban resolver si efectivamente existe esta imposibilidad material o cambiar la ejecutoria para hacerla compatible. El tribunal también tiene la opción de elevar una cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para que interprete si el nuevo marco jurídico se adapta a la legalidad y, en cualquier caso, cómo debe el Govern aplicar la sentencia del TSJC.
El cambio de estrategia jurídica del Govern ha acabado cristalizando tras varios meses en los que se han ido haciendo modificaciones del marco jurídico. Primero, con la ley de política lingüística pactada por PSC, ERC, Junts y 'comuns', que está a punto para ser tramitada en el Parlament pero que quedó paralizada después de que Vox, Ciudadanos y PP la llevaran la semana pasada al Consejo de Garantías Estatuarias. Pero ha sido el decreto-ley aprobado este mismo lunes lo que ha acabado de dar un asidero al Govern para alegar ante el tribunal que no puede cumplir la sentencia porque hay una ley que colisiona con su sentencia. Con todo, los tribunales acabaran teniendo la última palabra sobre la cuestión.
Este decreto, además, incluía la posibilidad de que las escuelas cambiaran sus proyectos lingüísticos para garantizar varios requisitos, como que el castellano fuese “lengua de uso curricular y educativo”, que el catalán fuese la lengua “normalmente empleada” y “normal de acogida del nuevo alumnado” o que incorporase criterios “exclusivamente pedagógicos”, entre otras cuestiones. Con este propósito el departamento de Educació ha enviado este martes a las escuelas un formulario con siete preguntas en las que cuestiona por estos aspectos. Si los directores de los centros responden afirmativamente a todas las preguntas, algo que se espera que hagan una amplísima mayoría de ellos, no hará falta que modifiquen sus currículums lingüísticos.
Aunque el decreto-ley entró en vigor este lunes, en cuanto fue publicado en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC), hay un plazo de un mes para que el Parlament lo convalide. Unos apoyos que finalmente llegarán a la mayoría con la suma de las dos formaciones del Govern además de, al menos, los 'comuns' de Jéssica Albiach, que este martes han confirmado que darán su apoyo al texto para proteger a los profesores.
No será el caso del PSC, que se ha desmarcado del texto aprobado por el Govern, pese a que sí se mantiene en el consenso para aprobar la nueva ley de política lingüística. Una norma cuya principal diferencia con el decreto es que no rechaza de forma clara el 25% de castellano y, por lo tanto, los socialistas entienden que no choca con los mandatos del tribunal.