El Departamento de Educación de la Generalitat sigue elaborando normativas para fortalecer su modelo de educación en catalán y al mismo tiempo, esquivar la histórica exigencia de los tribunales de impartir un 25% de clases en castellano. Este lunes la consellera Anna Simó ha anunciado que sacan a exposición pública un nuevo decreto que establece el catalán como “vehicular” y el castellano como “curricular”, tal como aprobó el Parlament el año pasado.
El proyecto de decreto de régimen lingüístico del sistema educativo concreta además otra idea ya apuntada en la legislación aprobada en junio de 2022: que Educación es la última responsable de los proyectos lingüísticos de centro, una forma de evitar potenciales consecuencias judiciales para las direcciones de escuelas e institutos. “El objetivo es reforzar la seguridad jurídica de los centros”, ha insistido la consellera Simó. La previsión es acabar aprobando el decreto en abril de 2024.
El decreto presentado este lunes es un paso más en la legislación ya aprobada hace un año y que sirvió para desactivar las sentencias contra la inmersión lingüística, que desde 2020 obligan a aplicar un mínimo de un 25% de castellano en clase en todas las aulas catalanas. Tras llegar a un acuerdo ERC, Junts, PSC y Comuns, se aprobó una ley por amplia mayoría que reconocía el catalán como vehicular y le daba al castellano el estatus de “curricular”.
Semanas después, el Govern aprobó un decreto ley que rechazaba explícitamente aplicar porcentajes de lenguas en las aulas. El Ejecutivo lo sacó adelante poco antes de que venciera el plazo para aplicar la sentencia y logró descolocar el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que vio entonces imposible aplicar el polémico 25% de castellano y lo dejó en manos del Tribunal Constitucional, que ahora mismo todavía no se ha pronunciado.
El nuevo decreto también evita mencionar porcentajes para cada lengua. Para el catalán, la considera la lengua “normalmente usada como lengua vehicular de aprendizaje”, como hasta ahora, y para las actividades educativas, interacciones orales en clase y comunicaciones con las familias, salvo cuando estas no lo entiendan. Para el castellano, se insiste en que sea “curricular” y se especifica un poco más –aunque no demasiado– qué significa esto. “El proyecto lingüístico puede prever el uso curricular y educativo del castellano para algunos contenidos específicos, actividades educativas o recursos didácticos” para cumplir el objetivo de que el alumnado acabe conociendo y dominando ambas lenguas por igual.
El decreto establece asimismo otra meta anunciada desde hace años, la exigencia del nivel C2 de catalán entre todo el profesorado, y la atención personalizada y en catalán para el alumnado extranjero recién llegado. En este último punto, se prepara un plan piloto que arrancará en Barcelona y que consistirá en que los alumnos inmigrantes pasen tres meses en un programa de inmersión en catalán.
Presentado en plena campaña electoral y junto a otras medidas de refuerzo del catalán en el entorno escolar, Simó ha aprovechado por proclamar que esta nueva norma debe servir también de escudo para un eventual avance de la derecha y la ultraderecha y para futuras sentencias desfavorables al modelo. “No permitiremos un retroceso de los derechos lingüísticos en Catalunya. Tenemos un acuerdo social amplio y trabajamos para fortalecerlo”, ha afirmado.