El Govern dado la primera respuesta legislativa a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que impuso la aplicación de un 25% de castellano en las escuelas. A punto de sobrepasar el límite de temporal que habían marcado los jueces y que acaba este martes, el Ejecutivo ha aprobado un decreto-ley que marca los objetivos y condiciones con los que todas las escuelas catalanas públicas y concertadas deberán elaborar sus proyectos lingüísticos y en el que se rechaza de forma directa aplicar porcentajes fijos de castellano.
Entre los criterios que el nuevo decreto marca aparecen la necesidad de que los alumnos adquieran dominio pleno tanto en catalán como castellano, también la consideración del catalán como lengua vehicular y de uso normal, o la necesidad de hacer un análisis socio-lingüístico del entorno de cada escuela para elaborar determinar el proyecto lingüístico del centro. Pero, además, en el apartado cuatro el documento señala “la inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas”, un punto que choca con la sentencia del TSJC y los diversos requerimientos del tribunal para que se introduzca ya el mínimo de castellano.
El Govern preparaba este decreto-ley desde hace semanas con el objetivo de que fuese complementario a la nueva ley pactada en el Parlament por una amplia mayoría de los diputados y con el apoyo de PSC, ERC, Junts y comuns. Sin embargo la semana pasada Vox, Ciudadanos y el PP recurrieron al Consejo de Garantías Estatutarias, con lo que paralizaron aquella norma durante al menos una semana. En este contexto y teniendo en cuenta que el plazo del Tribunal Superior catalán acaba este martes, el Ejecutivo de Pere Aragonès ha preferido acelerar y aprobar este nuevo decreto sin esperar a que la Cámara dé luz verde a la ley.
Las diferencias entre la ley sobre el uso y aprendizaje de lenguas y el decreto aprobado hoy, sobre los proyectos lingüísticos en las escuelas, son detalles que, sin embargo, tienen gran importancia judicial y política. Para empezar, el texto pactado con el PSC y los comuns hace un reconocimiento del castellano como lengua “curricular”, algo que no aparece en el decreto del Govern. Y lo más relevante es que mientras que el decreto rechaza abiertamente la aplicación de porcentajes, mientras que la ley del Parlament solo lo sugiere, sin llegar a ponerlo negro sobre blanco. Por estas razones, mientras que los socialistas sí estuvieron en el primer acuerdo, no se espera que den apoyo a la convalidación de este decreto, para el que el Govern deberá buscar apoyo en la CUP o los comuns.
Otra de las cuestiones en las que el nuevo decreto choca con la sentencia es en los plazos. En el articulado aprobado este lunes por el Govern se da a los centros la instrucción de que el cambio de los proyectos lingüísticos se haga en vistas al curso 2022-2023 y, por lo tanto, les conmina a mantenerlos hasta el final de este curso, que acaba el 22 de junio. El Tribunal en cambio exigía que los cambios se aplicasen de forma inmediata, antes de este martes día 31 de mayo.
Pese a este rechazo explícito a introducir el 25%, nada garantizar que este decreto-ley sea suficiente para evitar que el TSJC desista de su orden de aplicar un cuarto de los contenidos curriculares en castellano. El Govern puede ahora echar mano del artículo 105.2 de la ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa para asegurar que existe una imposibilidad legal para aplicar la sentencia, pero en todo caso será el mismo tribunal el que resuelva sobre esta cuestión. Aunque el Ejecutivo asegura que “no lo contempla desde el punto de vista jurídico”, los magistrados podría optar por elevar una cuestión de constitucionalidad al Tribunal Constitucional, que podría acabar por validar o descartar el mandato del 25% de castellano.
“El Govern garantizará que las interferencias judiciales no afecten al buen funcionamiento de la escuela ni al modelo de escuela catalana, que es un modelo de referencia”, ha asegurado la portavoz, Patricia Plaja, en rueda de prensa. “Desde el momento que se hizo pública la sentencia el Govern fue claro en que estaba trabajando en la defensa de los centros educativos”, ha añadido. En este sentido, el decreto dispone que los proyectos lingüísticos de los centros deban ser validados por el Departamento de Educación en 30 días, lo que a juicio del Ejecutivo da una cobertura legal completa a los directores y profesores de todos los centros educativos.