El Govern catalán ha asumido que tras el 9 de mayo deberá gestionar la pandemia sin estado de alarma y sin una modificación de la ley de Salud Pública que les faculte para tomar medidas que limiten los derechos fundamentales. Esto significa que deberá pedir permiso al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya si desea mantener restricciones de movilidad o el toque de queda. Un escenario que la Generalitat deseaba esquivar para evitar incertidumbre, demoras y reveses judiciales con cada nueva medida, pero que finalmente ha aceptado que es un aro por el que deberá pasar si el Gobierno se mantiene firme y no prórroga el estado de alarma.
En estos momentos el Govern cuenta con un margen de algo más de una semana para prepararse para el fin de la legislación especial. Un tiempo que destinan a estudiar y preparar la modificación del decreto autonómico del pasado mes de julio con el que Catalunya se arrogaba competencias para tomar medidas urgentes en salud pública. “Trabajamos para tener un marco normativo en el momento que el estado de alarma se levante”, ha afirmado la consellera portavoz, Meritxell Budó. Una legislación con la que, según ha admitido, Catalunya podría mantener el toque de queda o los cierres perimetrales “siempre que el Tribunal Superior de Justicia nos autorice”.
Pese a eso, Budó se ha mostrado confiada en que, una vez decaiga el estado de alarma, no hará falta imponer medidas más restrictivas debido a la buena marcha de los datos epidemiológicos, que están estancados e incluso a la baja en algunos indicadores. Debido a estos datos, el Govern ha asegurado que lo que desea es “ir avanzando en la desescalada” a lo largo de las próximas semanas. El conseller de Interior ya ha insinuado en los últimos días la posibilidad de permitir una reapertura paulatina de la hostelería en el horario vespertino, que ahora solo llega hasta las 17 horas.
La Generalitat había optado por posicionarse a medio camino entre las comunidades que reclamaban la prórroga del estado de alarma y las que preferían no hacerlo. Tras el debate suscitado, el Govern apostó por reclamar al Gobierno central una reforma de la ley de Salud Pública, una propuesta que tiene similitudes con la del llamado “plan B jurídico” que promueve el PP de Pablo Casado. En este sentido, la semana pasada varios socios del Gobierno, como ERC, PDeCAT, Más País o Compromís, se habían mostrado abiertos a apoyar la vía de los conservadores si desde la Moncloa no movían ficha.
El Govern aguarda por el momento a la vez que estudia sus opciones mediante la modificación de legislación autonómica. Según crecen en el Ejecutivo catalán, el Gobierno central está evitando por el momento hacer cualquier concesión a las comunidades debido a la campaña madrileña, que ha trastocado el calendario. Pero las elecciones en la Comunidad de Madrid se celebran el próximo martes, unos días antes del fin del estado de alarma, por lo que tras los comicios el Gobierno podría abrirse a opciones que hoy no se plantean.
Si no se producen cambios legislativos, lo que por el momento dice la norma es que, sin el paraguas del estado de alarma, las autoridades sanitarias competentes diferentes del Gobierno central pueden tomar medidas urgentes de contención de la pandemia. Si estas son de carácter general y afectan a derechos fundamentales de ciudadanos no identificados, serán las salas del contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia de cada comunidad los que tendrán que avalarlas. Esto valdría, por ejemplo, para decretar un toque de queda en un territorio o un confinamiento perimetral a cualquier escala.