El Govern ha anunciado este martes que reactiva el dispositivo electoral, con sus trámites y el sorteo de los miembros de las mesas, para tenerlo todo a punto si se deben celebrar las elecciones del 14F. El Ejecutivo catalán obedece así a la decisión provisional cordada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que ha optado por dejar sin efecto de manera cautelar la suspensión electoral. El Govern, que se ha mostrado contrario a esta decisión y ha avanzado que defenderá el aplazamiento electoral, ha optado sin embargo por acatar la decisión judicial “por responsabilidad”, ha explicado el conseller de Exteriores y Relaciones Institucionales, Bernat Solé, quien ha asegurado que pueden reactivarlo porque lo tenían “todo preparado”.
Solé, que ha comparecido junto a la consellera portavoz, Meritxell Budó, ha considerado que el decreto que aplazamiento se realizó el viernes pasado considerando que era el momento adecuado porque permitía, por un lado, hacer una previsión epidemiológica y, por otro, evitar los principales costes económicos que hubiera tenido una suspensión electoral posterior. Algo a lo que el Govern ha quitado importancia, pese a que ha reconocido que ya no se podrá garantizar. El conseller ha asegurado además que la Generalitat ha puesto en marcha todos sus equipos para que trabajen para asegurar la celebración de las elecciones. “Es evidente que el momento de impasse tensiona mucho el mecanismo electoral”, ha indicado.
Pese al acatamiento del mandato judicial, el Govern ha querido dejar claro que no comparte la decisión. “El aplazamiento de las lecciones responde a un criaron sanitario y de seguridad”, ha indicado Budó. “Las condiciones sanitarias impiden celebrar el proceso electoral en libertad y con seguridad, tanto con respecto a la campaña como para la votación. La suspensión tiene una sólida base jurídica, estamos convencidos de que podremos defender el decreto”, ha explicado.
El Gobierno evita pronunciarse
La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha evitado pronunciarse sobre la suspensión del aplazamiento de las elecciones en Catalunya que ha determinado el tribunal y ha asegurado que “habrá que esperar al resultado definitivo de la sentencia”. “Ya trasladé que el debate estaba en el marco de los partidos en Catalunya y una vez pronunciados los tribunales el Gobierno no tiene nada más que añadir”, ha dicho Montero, que ha asegurado que el Ejecutivo “acata” el fallo preliminar del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que suspende la celebración de los comicios el 30 de mayo y los fija el 14 de febrero de nuevo.
El Gobierno, a través del ministro de Justicia, había advertido de que el aplazamiento electoral no tenía cobertura legal. Juan Carlos Campo advirtió de que podía tener consecuencias en la propia democracia. El PSC, por su parte, no era partidario del aplazamiento, aunque propuso que se retrasaran a finales o mediados de marzo.
ERC y Junts lo achacan a la “judicialización de la política”
Por su parte, los responsables de ERC y JxCat, los dos partidos en el Govern, han salido en tromba para criticar la decisión judicial de mantener las elecciones el 14 de febrero. Ambos han encuadrado la resolución cautelar del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en la “judicialización de la política” que los independentistas vienen denunciando durante el procés y lo han comparado con la aplicación del artículo 155.
“Inadmisible la judicialización, una vez más, de la política catalana. El PSC apunta, la Moncloa maniobra y la justicia ejecuta”, ha lamentado la portavoz de ERC, Marta Vilalta. En la misma línea, Sergi Sabrià, presidente del grupo parlamentario republicano, se ha expresado en términos parecidos y ha apuntado a Salvador Illa, el candidato del partido socialista, el único que no quería aplazar los comicios: “Illa ya tiene lo que quería, como con el 155. El régimen del 78 y la justicia contra la democracia y la salud de los catalanes”.
La decisión del TSJC devuelve la vigencia al decreto del pasado 21 de diciembre que disolvía de forma automática el Parlament y fijaba el 14 de febrero como fecha de las elecciones. Aun así, los magistrados del tribunal recalcan que la suspensión es “instrumental” mientras se tramitan los recursos, con lo que una vez analizado a fondo el texto podrían mantener la fecha del aplazamiento, el 30 de mayo.
Igual que en ERC, los de JxCat han reaccionado a la resolución acusando al Gobierno central de usar la justicia para condicionar la política catalana. “Empezamos la legislatura en manos de la justicia y el 155 y acabamos en manos de la justicia y el 155. La pregunta es: ¿respetarán y haremos respetar los resultados de las próximas elecciones y la soberanía de las instituciones catalanas?”, ha reclamado el presidente del grupo parlamentario de JxCat, Albert Batet.
El PSC pide “acatar” la resolución
El PSC, el único partido que se opuso hasta el final al aplazamiento, ha expresado este martes que el TSJC ha avalado con su decisión lo que la formación defendió la semana pasada. “Ya denunciamos que había graves dudas jurídicas sobre lo que hacía el Govern y que había que hacer las cosas de otra forma”, ha expresado el primer secretario socialista, Miquel Iceta, que ha pedido a la Generalitat que acate la decisión y retome el proceso electoral.
En Ciudadanos, por su parte, han optado por reclamar a la Generalitat que modifique el decreto anulado cautelarmente para que sea aceptado por los tribunales. Carlos Carrizosa, el candidato naranja, ha asegurado que “hay camino jurídico” en este sentido. “Exigimos al Govern que revista de las formalidades jurídicas necesarias la resolución, que permita proteger las vidas de los electores y que se pueda votar en condiciones de seguridad”, ha aseverado.