Los taxistas han repetido en Barcelona la imagen del pasado verano, cuando paralizaron durante una semana entera la Gran Via. El sector ha vuelto a ocupar una de las principales arteria de la capital catalana para mostrar su enfado contra la regulación de la actividad de Uber y Cabify que plantea la Generalitat. La reserva de estos coches con 15 minutos de antelación –ahora es inmediata– es insuficiente para los taxistas, que creen que sólo con una precontratación de varias horas se librarían de su competencia.
Las principales asociaciones del taxi fijaban su línea roja en que el intervalo entre la contratación y la prestación del servicio fuera de seis horas, con lo que la propuesta definitiva del Govern ha supuesto para ellos un chasco. “Cuando alguien pide un taxi por teléfono le decimos que solemos tardar diez o quince minutos, con lo que esta medida nos iguala a las VTC, no nos diferencia”, lamenta Luis Berbel, del Sindicato del Taxi de Catalunya.
Ésta y otras asociaciones han optado al conocer la noticia por lanzar un pulso a la Generalitat y echarse a las calles con la amenaza de mantenerlas paralizadas hasta que el Ejecutivo ceda a sus demandas. Además de con la huelga (que es técnicamente un cierre patronal para la mayoría), los taxistas advierten que se plantean paralizar la ciudad también durante el Mobile World Congress, para el que queda apenas un mes.
Los taxistas mantienen una línea abierta de conversaciones con la Generalitat, pero en su última asamblea, a las 19h., optaron por mantener la movilización. El Govern les había ofrecido un gabinete de crisis a cambio de poner fin al paro, pero los huelguistas piden primero una propuesta alternativa a los 15 minutos.
Nueve detenidos por las protestas
En paralelo a las protestas, algunos taxistas han atacado coches de VTC. Un conductor de Cabify ha resultado herido en Via Laietana y hasta nueve taxistas han sido detenidos, dos de ellos por la Guardia Urbana y siete por los Mossos d'Esquadra, por daños a vehículos y desórdenes públicos.
La policía ha llegado a cargar en varias ocasiones contra los manifestantes, que se han hecho fuertes en el Paralelo y Gran Via. Según fuentes municipales, al menos cinco coches de Uber y Cabify han sido atacados. Los agentes de tráfico han llegado a parar y desviar a todos aquellos vehículos que parecían de VTC para evitarles el trago de acercarse a las protestas.
Una patata caliente también para Colau
Aunque el decreto lo debe aprobar la Generalitat –y tiene previsto hacerlo en las próximas semanas–, también el Ayuntamiento de Barcelona deberá lidiar con la protesta de los taxistas. No solo por la ocupación de las calles, sino también porque el texto que maneja el Departamento de Territorio y Sostenibilitat abre la puerta a que el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), presidida por Ada Colau, amplíe el plazo de 15 minutos si lo considera justificado.
Si bien es cierto que el nuevo decreto cede al AMB competencias en ordenación y gestión de las VTC en el área metropolitana, tal como reclamaba Colau, en la sala de máquinas de los ‘comuns’ entienden que lo que hace el Govern es pasarle una patata caliente que no les corresponde. Por este motivo, desde el organismo supramunicipal que preside la alcaldesa ya han dejado claro que no ampliarán la precontratación. Ellos están trabajando ya en un reglamento que está en fase de participación ciudadana y que debía recoger la reserva con 6 horas de antelación, pero no lo incorporarán al argumentar que podría conllevar la impugnación y suspensión de toda la normativa.
La experiencia de la AMB en sus intentos de regular las VTC en la capital catalana (ahora hay unas 2.300) ha sido hasta ahora un fracaso. Su anterior reglamento, aprobado el pasado julio, está suspendido cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Con él se atribuían la potestad de conceder licencias adicionales a las VTC con el objetivo de que no superaran la ratio de uno de estos coches por cada 30 taxis (ahora mismo la proporción está cerca de uno por cada cinco).
El modelo francés
En el Departamento de Territorio y Sostenibilidad, pese a que tienen previsto abrir negociaciones con los taxistas si el problema se enquista, tienen también claro que su precontratación viene para quedarse. El conseller Damià Calvet defendió su “robustez jurídica” y “proporcionalidad”, y argumentó que lo que no puede hacer su Administración es fijar unos intervalos de tiempo que supongan cercenar la actividad económica de las VTC incluso en su servicio original de transporte de alta gama. De ello les advirtió la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO), que amenazó con llevarlos a los tribunales.
Desde la conselleria insisten en que ningún país europeo ha establecido una precontratación por un tiempo superior. Su modelo, aseguran, es el francés. El país galo aprobó esta reserva hace años, pero finalmente fue suspendida por su Consejo de Estado en 2014, al interpretar este organismo que el decreto chocaba con los derechos de libre comercio e industria.
Golpe a Uber y Cabify
Pese al enojo de los taxistas y a su afectación a la vida de la ciudad, lo cierto es que el nuevo decreto del Govern también ha enfadado a las empresas de VTC. Su patronal en España, Unauto, ha anunciado que recurrirá la norma hasta llegar al Tribunal Constitucional, y que pedirá indemnizaciones a la Generalitat, que estiman por encima de los mil millones de euros.
Las medidas del decreto son, para ellos, el “fin del sector”. No solo por los 15 minutos de precontratación, para unas ‘app’ como Uber y Cabify que presumen de agilidad en el servicio, sino también porque pretende prohibir la geolocalización de los coches. Es decir, que los usuarios de estos vehículos no puedan ubicarlos en el mapa antes de reservarlos. Entiende el Ejecutivo catalán que esto forma parte de una estrategia de captación de viajeros que está explícitamente prohibida por la ley estatal de transporte.
El incendio que ha prendido el proyecto de decreto, con taxis y VTC en pie de guerra por motivos opuestos, es ahora una señal para todas las autonomías, que tienen en sus manos, si quieren, regular el sector. En Madrid, la ciudad con mayor presencia de VTC, los taxistas ya han anunciado una huelga a partir del lunes para exigir al Gobierno regional una nueva regulación.