Evaluar el grado de cumplimiento de los acuerdos siempre es uno de los puntos más conflictivos, ya que es difícil buscar fórmulas objetivas. En los últimos años la proliferación de las coaliciones y pactos de gobierno ha permitido ensayar algunas fórmulas de coordinación, como las reuniones periódicas o las comisiones de evaluación externas, que sirven a las partes para hacer un control mucho más férreo. El Govern catalán ha optado por algunas de las las anteriores pero, además, está utilizando con la CUP una técnica pionera: una aplicación compartida por ambos, partido anticapitalista y Ejecutivo, que marca en tiempo real el grado de cumplimiento de cada uno de los puntos del acuerdo de investidura.
Este programa irrumpió poco después de las últimas elecciones catalanas y a lo largo de los meses se ha convertido en una de las fórmulas preferidas por ERC para manejar las diversas alianzas desde el Govern, tanto con la CUP como con Junts, con quien comparte la coalición. La app, que es de acceso restringido para una serie de miembros de cada parte, recopila el conjunto de las medidas acordadas y las marca según su grado de cumplimiento. Además incorpora un medidor de todo el pacto, señalando por porcentajes entre cuatro categorías: medidas ya cumplidas, en ejecución, con ejecución planificada y las que aún no están ni observadas.
Estos indicadores han dado un vuelco estos días, cuando el Govern ha aprobado el proyecto de presupuestos y la ley de medidas fiscales, donde están contenidas algunas de las medidas pactadas con la CUP. Otras estaban incorporadas al plan de gobierno, vigente desde octubre pasado. Esta semana, después de que el Ejecutivo pasara la última propuesta antes de que los anticapitalistas abrieran la votación entre sus bases, los porcentajes contaban como cumplido un 4% del documento, en ejecución un 45% y planificado otro 31%.
Este porcentaje total fue el esgrimido por la portavoz del Govern en la rueda de prensa de este jueves, cuando aseguró que el “80% de los acuerdos están encarrilados”. La letra pequeña del programa permite hilar algo más fino. Para el Ejecutivo la mitad de las medidas están cumplidas o en ejecución, lo que quiere decir que o bien ya se han implementado o están reflejadas en documentos ejecutivos aprobados o en trámite parlamentario, aunque aún no se hayan puesto en práctica. Entra en esta categoría todo lo que se ha incorporado ya en los Presupuestos, pese a que aún no ha recibido el aval del Parlament. En cambio, lo que figura en la barra de “planificado” son medidas que aparecen en el plan de gobierno o en los calendarios legislativos, aunque aún ni siquiera esté proyectada su aprobación.
La aplicación no es ni mucho menos el único mecanismo de organización que ha funcionado en el último medio año de relación entre el Govern y la CUP. El acuerdo de investidura ya preveía varias comisiones de seguimiento, como la permanente que en la práctica se ha reunido mensualmente. También en el marco del Parlament hay un organismo para coordinar la acción del conjunto de los independentistas, aunque en algunos momentos este grupo ha sido testigo de las tensiones existentes entre los tres grupos. Uno de ellos fue el debate de política general, cuando la CUP se negó a retirar una moción que se reiteraba en la autodeterminación, un debate prohibido por el Constitucional, por lo que Junts interpretaba que ponía en peligro penal a la presidenta Laura Borràs.
Últimas ofertas antes de la votación
Los porcentajes de cumplimiento de los acuerdos han ganado relevancia esta semana, cuando el Ejecutivo ha avanzado en la negociación de los presupuestos con la CUP. Finalmente los anticapitalistas someterán a la decisión de sus bases la decisión de presentar una enmienda a la totalidad a las cuentas y, de forma desvinculada de lo anterior, si continúan o no negociando. Las asambleas y votación se llevarán a cabo entre este viernes y el lunes, y será el martes cuando la formación dará a conocer su decisión sobre si rechaza de entrada las cuentas.
Las perspectivas no son favorables al acuerdo, según los mensajes lanzados por la dirección de la CUP en los últimos días. Ante el riesgo de que se rompa ahora la negociación, en las jornadas previas al inicio de este proceso deliberativo el Govern ha ido deslizando diversas medidas y propuestas para tratar de ganarse a las bases del partido. Una de ellas llegó el pasado lunes, cuando en una de las reuniones el equipo de la Generalitat lanzó una de sus ofertas estrella, como es la internalización del servicio sanitario telefónico, el 061. A eso sumó este mismo jueves dos ofertas más: introducir una disposición adicional que garantizase que la Generalitat no perdería ni un euro en el proyecto del Hard Rock y pausar la candidatura de los Juegos Olímpicos de invierno hasta que se conozcan los resultados de la consulta entre los vecinos de los Pirineos.
Con estos dos últimos compromisos, que en la CUP han recibido con escepticismo, se ha cerrado esta parte de la negociación. Ahora serán las bases 'cupaires' las que decidirán los próximos pasos. En el Ejecutivo, sobre todo en la parte de ERC, quieren mantener los puentes con la formación de la izquierda independentista, pero tampoco están dispuestos a dejar que el presupuesto caiga si no hay acuerdo con ellos. Si las bases anticapitalistas optan por tumbar las cuentas, el Govern buscará nuevos socios, sabiendo que el PSC está dispuesto a hablar. Si eso llegara a pasar, la app que han compartido hasta ahora el Ejecutivo catalán y la CUP podría no volverse a actualizar más.