El Govern de ERC no se sumará a la pretensión de crear nuevos tipos penales para hacer frente a la multirreincidencia delictiva porque no tiene competencias para ello. Esta es la principal conclusión de la respuesta que la conselleria de Justicia ha remitido al Parlament a la que ha tenido acceso elDiario.es. La Cámara catalana, con los votos de Junts, PSC, Vox, Ciudadanos y PP, había instado al Ejecutivo a crear un nuevo tipo penal pese a que la competencia para modificar el Código Penal es del Congreso al tratarse de una ley orgánica.
Basándose en los datos que muestran que a menor tiempo en prisión, menos reincidencia, la conselleria que pilota Gemma Ubasart ha apostado por reducir la población penitenciaria y rechazar el populismo punitivo, es decir, el endurecimiento de las penas de cárcel como respuesta a los problemas sociales. “La mejor garantía de reinserción es tener casa y trabajo”, resumió Ubasart en una entrevista reciente en elDiario.es. Además, el departamento prioriza incrementar el número de plazas judiciales para descongestionar los tribunales.
La visión de la oposición es algo distinta. A instancias de Junts, y con el apoyo de PSC, Vox, Ciudadanos y el PP, el Parlament instó al Govern el pasado diciembre a “elaborar una propuesta de reforma” del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre la multirreincidencia, que incluyera “la creación de un nuevo tipo penal”. ERC se abstuvo y la CUP y los comuns votaron en contra.
El encargo al Ejecutivo de ERC por parte de la oposición se aprobó pese a que el reglamento del Parlament establece que es el pleno de la Cámara y no el Govern el encargado de proponer modificaciones legislativas al Congreso de los Diputados.
La iniciativa partió de Junts, partido que ha vuelto a un discurso duro en materia de orden y seguridad, y que ha llegado a vincular la multirreincidencia con la inmigración, abandonando la visión más humanista que sitúa la delincuencia como consecuencia de la pobreza y la marginalidad y aboga por revertirlas como vía para rebajar los delitos.
Sin sumarse a las tesis de Junts, hasta dentro del Govern de ERC habían salido partidarios de más castigo, en contraste con los planteamientos de Justicia. “Estoy convencido de que en este mandato endureceremos las penas contra los multirreincidentes”, declaró en una entrevista en el diario ARA del pasado mes de enero el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena.
En su respuesta al Parlament, el asesor jurídico del gabinete de la consellera, Josep Maria Torrent, recuerda a la Cámara que ha solicitado al Govern una reforma legislativa que, en realidad, “forma parte del abanico de competencias exclusivas del Estado”. La “efectividad” de una propuesta que saliera del departamento, añade, pasaría por vehicularla a través de una propuesta de reforma del Código Penal que saliera del Parlament, tal y como permite el reglamento del legislativo catalán.
El Código Penal ya castiga la multirreincidencia
La respuesta política a la reincidencia en los últimos años ha sido endurecer el Código Penal, pese a que los datos muestran que los hurtos y robos en Barcelona han bajado respecto a 2019, el último año con datos comparables debido al descenso en la llegada de turistas que hubo en los años de pandemia.
Las imágenes de robos y hurtos se viralizan en redes sociales y programas de televisión, lo que alimenta los discursos que piden más mano dura en el Código Penal en vez de aumentar de forma sustancial el número de juzgados y dotar de más medios a los ya existentes, algo que serviría para acortar los meses de espera para celebrar juicios.
El Código Penal que el Parlament pretende modificar ya prevé la reincidencia como un agravante, esto es, supone una mayor pena en caso de nueva condena por un delito comprendido en el mismo título del Código Penal y de la misma naturaleza. Es más, el Congreso también aprobó un agravante específico para delitos como robos con violencia o hurtos, los más mentados por los partidos favorables al endurecimiento de las penas.
Por ejemplo, un hurto superior a 400 euros se castiga con una pena de seis a 18 meses de cárcel, pero si se tiene un antecedente la pena se eleva a un mínimo de doce meses, mientras que para los multirreincidentes la pena se puede multiplicar hasta los tres años de prisión.
El progresivo endurecimiento del Código Penal en materia de robos y multirreincidencia ha llevado, expone Torrent, a que, de las 14 calificaciones jurídicas posibles en un caso de hurto de carácter leve (en función del importe de lo robado y de los antecedentes que acumule el condenado), en solo dos se impide imponer una pena de prisión pese a no tratarse de robos con violencia.
La respuesta a los grupos parlamentarios también incide en el déficit endémico de órganos judiciales en Catalunya y su “impacto” en el enjuiciamiento de los robos y los hurtos, que hace que los juicios en teoría rápidos se demoren varios meses. A la falta de jueces se le suma la multiplicación de asuntos: en el último lustro la planta de togados se ha incrementado solo un 6%, mientras que las causas que entran en los juzgados se han multiplicado un 41%.
Aunque aumentar la planta judicial también es una competencia estatal, la conselleria recuerda que Catalunya necesitaría 55 jueces y magistrados más para llegar a la media estatal de jueces por cada 100.000 habitantes, mientras que los cálculos del departamento y el Consejo General del Poder Judicial elevan a 101 unidades (84 jueces unipersonales y 17 de tribunales colegiados) las necesarias para paliar el déficit en la comunidad.