El proyecto de macrocasino Hard Rock marcó el desenlace abrupto de la legislatura catalana y regresa a la actualidad en vísperas de la campaña electoral tras conocerse que la Generalitat aprobó un acuerdo relacionado con esta operación el pasado 27 de febrero, el mismo día que se alcanzó el pacto de los presupuestos de 2024 con el PSC. La firma del documento, que ha publicado La Directa, no se comunicó públicamente, lo que ha provocado las críticas de las formaciones más contrarias a la iniciativa, como los Comuns y la CUP.
El documento aprobado consta de dos puntos. El primero deja sin efecto un acuerdo de Govern de 2020 que ordenaba al Institut Català del Sòl (Incasòl) la compra y posterior venta de los terrenos de la localidad tarraconsense de Vila-seca donde se quiere ubicar el complejo de ocio. Esa era la forma que la Generalitat decidió en su día para facilitar la operación entre la actual propietaria del suelo, CriteriaCaixa, y la futura, BCN IR 3 SAU, la firma del grupo Hard Rock que posee la licencia del casino.
El segundo punto del documento firmado el 27 de febrero añade que se mantiene el encargo al Incasòl para que formalice “los acuerdos privados y públicos que correspondan” para adquirir y traspasar acto seguido los terrenos, “en unidad de acto”, “por el mismo precio” y en “adjudicación directa”.
El secretario del Govern, Xavier Bernadí, firmó digitalmente el documento a las 15:31 horas y se publicó en la web de la Conselleria de Presidencia. Ese día se había anunciado el pacto ERC-PSC, que se rubricó a las 16.00 en el Palau de la Generalitat.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, de viaje en Belfast, ha tenido que salir al paso de las críticas y ha asegurado que ese acuerdo se trató de una formalidad técnica que no cambia su posición respecto al macroproyecto. El president ha quitado hierro a la trascendencia del documento y ha afirmado que sólo “actualizaba características técnicas” del proyecto. “Todo el mundo sabe que este proyecto no es mi proyecto, no es mi prioridad”, ha remarcado, y ha enmarcado los ataques de la CUP y de los comuns en la “dinámica electoralista”.
En definitiva, la aprobación de ese acuerdo no supone como tal ningún avance del proyecto Hard Rock, que sigue pendiente de los informes de impacto ambiental del Plan Director Urbanístico. Pero para sus detractores ese acto administrativo del 27 de febrero es la prueba de que el Govern quería satisfacer la demanda de los socialistas de seguir adelante con el macrocasino.
Desde Barcelona, también la consellera de Territorio, Ester Capella, y la portavoz Patrícia Plaja se han visto obligadas a dar explicaciones. Ambas han insistido en que el trámite solo suponía actualizar las condiciones de un acuerdo que estaba caducado, y que responde a la voluntad del Govern de no paralizar un trámite administrativo que consideran que legalmente no pueden frenar.
Plaja afirmado que comunicaron esta decisión del 27 de febrero tanto al PSC como a los comuns, algo que estos últimos niegan. Lo que no hizo el Govern fue explicarlo en la rueda de prensa habitual de los martes. La portavoz ha defendido que por una cuestión de tiempo no se pueden explicar todos los acuerdos del Govern en su comparecencia, a pesar de que el futuro del Hard Rock lleva siendo uno de los temas más han centrado el debate político en los últimos años, especialmente cuando se negocian presupuestos.