El dueño de la nave industrial de Bigues i Riells (Barcelona) donde la Guardia Civil incautó unos 10 millones de papeletas del referéndum del 1-O, Pau Furriol, ha declarado este miércoles como investigado ante el titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona y ha negado haber cobrado nunca de la administración.
Según han indicado a Europa Press fuentes jurídicas, Furriol, que solo ha contestado a las preguntas de su defensa, ha afirmado que no es funcionario de la Generalitat, que no ha tenido nada que ver con las estructuras de Estado que proyectaba el Govern y que nunca ha cobrado de la Administración pública.
La tarde de este miércoles también han declarado como investigadas ante el magistrado la directora de Servicios de las consellerias de la Vicepresidencia y de Economía, Natàlia Garriga, y la técnica adscrita a la Dirección General de Servicios de Vicepresidencia Mercedes Martínez.
Ambas han contestado a las preguntas de sus respectivos abogados y han rechazado, igual que Pau Furriol, contestar a la Fiscalía y a las acusaciones populares de Vox y el bufete Durán, y se han limitado a desvincularse de la organización del referéndum.
En su caso han alegado que no tenían ninguna advertencia del Tribunal Constitucional de que preparar el 1-O implicara incurrir en un delito de desobediencia y se han desvinculado en todo caso de su organización.
Estos tres investigados fueron detenidos el 20 de septiembre por la Guardia Civil en la operación Anubis contra los preparativos del referéndum y quedaron en libertad tras ser conducidos a la comandancia barcelonesa de Travessera de Gràcia a la espera de que les citara el juez.
Asimismo, este miércoles ha comparecido como investigado el director gerente del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI), Joan Angulo, que ha contestado a todas las partes excepto a las acusaciones populares, y ha asegurado que desconocía el proyecto de página web referendum.cat.
El próximo miércoles, Unipost
Tras las declaraciones de este miércoles, el próximo día 20 de marzo será el turno para que comparezcan ante el juzgado, como testigos, cinco trabajadores de Unipost. Según la Guardia Civil, la empresa de mensajería recibió casi un millón de euros de la Generalitat por el envío de sobres y tarjetas censales de los miembros de las mesas del 1-0.
Cuando declararon ante el Instituto Armado, uno de los trabajadores de Unipost aportó un correo electrónico de un superior sobre el recibo de un encargo de la Generalitat que, según la Guardia Civil, demuestra que la empresa y el Govern llegaron a un acuerdo para impulsar el 1-O a sabiendas de que estaba suspendido por el TC.