La ley contra la homofobia aprobada en el Parlamento catalán, en 6 claves

Euforia y emoción del colectivo de personas Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (LGBT) hoy en el Parlament de Catalunya. Una amplia mayoría de la cámara catalana ha aprobado la Ley contra la homofobia, que tiene como objetivo combatir la discriminación contra los homosexuales y los transexuales. En el pleno celebrado esta mañana, el Parlament, ante la presencia de colectivos y entidades del movimiento LGBT, ha dado luz verde a la norma (112 votos a favor y 18 en contra), sólo con los votos negativos del PP y, en algunos artículos, de UDC. Analizamos esta ley, pionera en el Estado y en Europa, en seis claves:

1. El régimen sancionador y la inversión de la prueba, puntos fuertes de la ley.

Dos son los principales pilares de la norma aprobada hoy: la inversión de la prueba -o reversión de la carga- y el régimen sancionador. Según la plataforma LGTBcat, la inversión de la prueba “es muy importante” en los casos de discriminación en que a menudo, explican, es muy difícil reunir pruebas, y que implica que sea la persona presuntamente discriminadora la que tenga que probar que no ha discriminado.

Este matiz es el que más preocupa a sectores conservadores. Según los obispos “es peligroso” que tenga que ser el acusado quien demuestre su inocencia, al revés de lo habitual, que es el acusador quien debe demostrar la culpabilidad.

En cuanto al régimen sancionador, Eugeni Rodríguez, portavoz del Frente de Liberación Gay de Catalunya (FAGC), explica que es imprescindible que la ley contemple herramientas y mecanismos que penalicen seriamente las discriminaciones, como es el caso de un estricto régimen sancionador como herramienta para erradicar la violencia homófoba.

2. Una ley pionera en el marco internacional.

en día, la homosexualidad se persigue en 77 países del mundo y, con esta norma, Cataluña –junto con Argentina- se pone al frente de la lucha por la erradicación de la homofobia, la transfobia y la lesbofobia. En el caso catalán el ordenamiento obligará a los poderes públicos a dejarse asesorar por el Consejo Nacional de las personas LGBT, que pasa a ser un órgano participativo y consultivo permanente.

El Govern deberá dotarse de un órgano coordinador de las políticas LGBT y ofrecer un servicio de atención integral. Deberá garantizar, además, la formación y la sensibilización de los profesionales y de los trabajadores de la administración. La ley incide especialmente en los ámbitos de la educación, las universidades, la cultura, el ocio y el deporte, los medios de comunicación, la salud, la acción social, el orden público, los establecimientos penitenciarios, el mundo laboral y las políticas de familia. Los impulsores de la plataforma, sostienen que la norma “es pionera en el Estado y en Europa” y que con su aprobación se culmina una larga reivindicación. Cabe decir, sin embargo, que el pasado abril, Galicia ya aprobó una ley contra la LGTBfòbia también pionera en el Estado, pese a que el PP rebajó en gran parte sus aspiraciones. También hay que mencionar el caso andaluz, donde en julio pasado se aprobaba una medida que reconoce el derecho de las personas a la libre autodeterminación de su género.

En palabras del portavoz de LGTBcat, Eugeni Rodríguez, la normativa catalana supone una “reparación histórica” para un colectivo que ha sufrido violencia durante muchos años en todo el mundo.

3. Presión incansable del movimiento LGTBcat.

La aprobación de la norma no hubiera sido posible sin la presión incondicional del colectivo de LGBT –el acrónimo empleado para referirse colectivamente a las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales y transexuales- que lleva años remando para aprobar esta normativa. Las diferentes entidades impulsoras sostienen que con esta nueva legislación se avanzará decisivamente en garantía los derechos de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales y que erradicará definitivamente la homofobia, la lesbofobia y la transfobia.

El origen de la reivindicación de esta ley nació hace más de cuatro años. Después de los trabajos de redacción y de un largo proceso participativo, en el año 2010 fue presentada y aprobada en el marco del Consejo Nacional LGTB. Pero no fue hasta mayo de 2013 cuando se registró en el Parlament. Hace algo más de un año, el 17 de julio de 2013, se votó el acceso a trámite, ya entonces con la enmienda a la totalidad del PPC. El recurso los populares en verano sólo ha podido retrasar una conquista que suscita un amplio consenso en la cámara. La normativa aprobada ahora llegó a la cámara a través de una iniciativa legislativa popular y fue presentada conjuntamente por ERC, PSC, ICV-EUiA y la CUP.

4. Intentos de obstrucción del PP

Antes del verano, cuando los años de lucha del colectivo LGTB albiraban ya un final feliz, un recurso de última hora presentado por el Partido Popular de Catalunya (PPC) ha impidió que el Parlament completara el último trámite para aprobar definitivamente la ley contra la homofobia. Una amplia mayoría de la cámara -ERC, PSC, ICV-EUiA, C's, CUP y CDC- había dado luz verde a un texto que significaba un paso fundamental para la igualdad de derechos que reivindica incansablemente el colectivo LGTB, principal impulsor de la ley. El PPC, junto con UDC, se posicionaron en contra y llevaron la proposición de ley al Consejo de Garantías Estatutarias.

5. La huella de los obispos

Los obispos catalanes no han estado al margen de la medida. Ese mismo año mostraron su preocupación por el proyecto de ley en un comunicado público. La Iglesia católica, que no se pronuncia sobre la mayoría de leyes aprobadas por el Parlament, había expresado su “preocupación” por un proyecto de ley en trámite en la cámara catalana. En un comunicado, los obispos expresaban su “preocupación” por un proyecto que consideran “muy desacertado, tal como está redactado, por las graves consecuencias que puede tener en el ejercicio de los derechos humanos de la libertad religiosa, de pensamiento y de conciencia los ciudadanos de Catalunya”.

6. La doble alma de CiU

Hoy en el Parlament los democristianos se han distanciado de nuevo de Convergència por discrepancias con el régimen sancionador, el apartado de educación y inversión de la prueba de carga, lo que supone que el acusado tenga que demostrar su inocencia. Si la cuestión soberanista ha sido la divergencia más mediática entre los partidos que forman la coalición nacionalista, la cuestión de género es aún más esencial. Conscientes de esta enésima contradicción interna, el portavoz del CiU en el Parlament, Jordi Turull, había quitado importancia a que CDC y UDC votaran diferente en hasta tres artículos de la ley que son aspectos nucleares, tales como el régimen sancionador y la reversión de la carga. “En algunos temas hay un criterio diferente y nos lo hemos respetado”, dijo Turull.