Movimiento en bloque de las defensas del caso Tsunami. Los investigados por terrorismo han remitido un escrito al Tribunal Supremo en el que señalan que el juez Manuel García Castellón cometió un error con los plazos de instrucción que, a su juicio, aboca el caso al archivo o, al menos, a anular todo lo instruido desde julio de 2021 al haberse practicado fuera de plazo.
La causa de Tsunami Democràtic se encuentra en un compás de espera decisivo. El Tribunal Supremo tiene pendiente decidir si se queda con la causa e imputa por terrorismo a Carles Puigdemont, Marta Rovira y el resto de investigados, tal y como le ha pedido el juez García Castellón y ha pedido rechazar la Fiscalía. Pero en este ínterin las defensas han hallado un posible error en la instrucción del magistrado de la Audiencia Nacional, y así se lo han advertido al Alto Tribunal.
El primero en señalar este error fue, el pasado mes de enero, la defensa del director de oficina de expresident de Carles Puigdemont Josep Lluís Alay, que ejerce el abogado Gonzalo Boye, ante el propio García Castellón. Un mes después todavía está pendiente la respuesta del instructor.
En un nuevo escrito registrado este martes en el Supremo, los abogados Íñigo Iruin, Marina Roig, Benet Salellas, Mònica Terradellas y José Prado, a los que se ha sumado también Boye, argumentan que la instrucción del caso finalizó en julio de 2021 ya que García Castellón prorrogó por error los plazos de investigación, lo que implica que todas las pesquisas posteriores a esa fecha –entre ellas, la imputación de Puigdemont o del diputado de ERC Rubén Wagensberg– deben anularse.
Las defensas de la secretaria general de ERC Marta Rovira, la militante republicana Marta Molina, los empresarios Oriol Soler y Xavier Vendrell, el dirigente de Òmnium Oleguer Serra y Alay mantienen que el plazo de instrucción expiró sin que ninguno, tampoco el expresident Carles Puigdemont, declararan por Tsunami. La consecuencia de ello debe ser, a su juicio, que decaiga la causa.
La polémica por los plazos de instrucción, que el PP rebajó a seis meses (ocasionando el archivo de varias causas de corrupción) y después el Gobierno liderado por el PSOE amplió a un año, aparece en el caso Tsunami porque, según Alay, el juez acordó un día más tarde de lo que le obligaba la ley la prórroga para investigar el caso.
Las defensas argumentan que, tras la entrada en vigor de la reforma el 28 de julio de 2020, el juez García Castellón disponía de un año para investigar el caso Tsunami y, si no había terminado la fase de instrucción, debía prorrogarla antes del 29 de julio de 2021. Sin embargo, alertan, el auto que prorrogó la fase de instrucción se acordó el 30 de julio, un día más tarde de lo que, según las defensas, obligaba la ley.
Por ello las defensas piden al Supremo que, antes de decidir si se queda con el caso, declare que el plazo de instrucción de la causa terminó el 29 de julio de 2021, lo que derivaría en que no puede asumir la causa contra Puigdemont y Wagensberg, y que remita de nuevo la causa a la Audiencia Nacional para que determine “las consecuencias” del error de García Castellón en los plazos.
Remarcan las defensas que la cuestión de los plazos de instrucción es “relevante” en la tramitación de la causa en el Supremo, toda vez que está “ausente” en la exposición razonada que el juez Manuel García Castellón dirigió al Alto Tribunal para que investigase por terrorismo a Puigdemont. En opinión de las defensas, se trata de un asunto que afecta a los derechos fundamentales de los investigados y debería conducir al archivo.