En los despachos de comunicación del PSC-PSOE han decidido que hay que repetir que no se puede ser independentista y de izquierdas. De esta forma Salvador Illa ha tratado de establecer este dogma en algunas de sus intervenciones públicas más destacadas en este último mes.
Pero lo cierto es que el razonamiento funciona mejor si le damos la vuelta: no se puede ser de izquierdas y defender la inmutabilidad de los Estados constituidos. Por esta y otras razones la izquierda históricamente ha defendido el derecho de autodeterminación de las naciones. Se trata de desmontar el nacionalismo de Estado, el más invisible y a la vez el más fuerte, que sirve para cohesionar todas las clases alrededor de los intereses de las élites dominantes. O dicho coloquialmente, para “tapar con la bandera” el poder de esta clase dominante.
Como mínimo, pues, la izquierda debe defender el derecho de autodeterminación. Pero si miramos el caso concreto catalán podemos dar un paso más allá. El moderno independentismo nació como una respuesta a las decepciones de la Transición. Contra el rey impuesto por Franco y contra los aparatos de Estado que no sufrieron depuración alguna (policía, jueces, ejército); y a favor de las reivindicaciones antifranquistas que quedaron en el cajón: ruptura, autodeterminación y un proyecto compartido para los Països Catalans.
Sin embargo el PSOE representa a la perfección estas decepciones de la Transición. Si bien ha legislado positivamente en materia de derechos civiles, en materia económica ha hecho sucesivas contrarreformas laborales y de las pensiones, y fue quien empezó las privatizaciones.
Y no hablo de historia tan solo. Mientras Salvador Illa nos decía que no podemos ser independentistas y de izquierdas, el Gobierno del PSOE y UP recurría la Ley catalana de alquileres al Constitucional. Una ley, precisamente, aprobada por la mayoría independentista en el Parlament (JxC, ERC y CUP) juntamente con En Comú Podem.
Queda por ver qué dirá la Ley española de vivienda respecto la regulación de los alquileres, pero muy probablemente quedará por debajo de lo que estableció la Ley catalana, puesto que el Ministro Ábalos ya dejó claro que la vivienda “también es un bien de mercado”. Un Estado es un orden establecido, también en lo económico.
En el Estado español los intereses del IBEX son incuestionables, lo mismo que la unidad de España. Por eso, aunque gobierne el PSOE y UP, los decretos y las leyes se desprenden de este orden económico: lo hemos visto con la Ley de Cambio Climático (una reducción de emisiones muy por debajo de lo necesario), con la autorización gubernamental de la superconcentración bancaria Caixabank-Bankia, con la factura de la luz (se baja el IVA pero no se tocan los beneficios de las eléctricas) o con la modificación de la Ley del suelo, como contó hace unos días este diario.
Cuando el orden significa la unidad de España para mayor gloria del IBEX, bien podemos defender que una ruptura independentista y un proceso constituyente significan un escenario mucho más prometedor para todas las izquierdas.