La defensa de Jordi Sànchez ha decidido no presentar “por ahora” una petición de medidas cautelares ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Presentarán un recurso de apelación ante el Tribunal Supremo contra la decisión del juez Pablo Llarena de no permitir al expresidente de ANC acudir al pleno de investidura.
De esta forma, Sánchez trata de defender su derecho a acudir al pleno de investidura como presidente de la Generalitat después de la negativa a esta opción por parte del juez.
El juez Llarena basó su decisión de denegar la libertad y los permisos extraordinarios en el riesgo de reiteración delictiva, al subrayar que los delitos que está investigando se desplegaron precisamente desde actuaciones legislativas y ejecutivas “claramente ilegales, y desatendiendo de manera flagrante los controles constitucionales, judiciales e institucionales dispuestos en nuestro ordenamiento jurídico, lo que se hizo en aplicación de una táctica que no ha sido excluida y sigue respaldándose de presente”.
El presidente del Parlament, Roger Torrent, decidió el viernes aplazar indefinidamente el pleno de investidura, previsto en un principio para mañana, a la espera de que se resolvieran las medidas cautelares que Jordi Sànchez tenía previsto pedir mañana, una opción que ahora se ha pospuesto.