El juez acepta ahora que el Govern acuse en el caso del 3% de Convergència
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha corregido su criterio inicial y ha admitido la personación de la Generalitat de Catalunya como acusación particular en la pieza separada del caso del 3% en la que se investiga la presunta financiación ilegal de Convergencia Democràtica de Catalunya (CDC) a través de la productora audiovisual Triacom.
En un auto, el juez acepta el recurso de la Generalitat y revoca su negativa inicial a permitir la personación del Govern en el caso por la presencia en el Ejecutivo catalán de Junts, partido heredero de Convergència. El juez considera ahora que la Generalitat sí podría considerarse perjudicada habida cuenta de que una de las patas de la investigación es el sobreprecio en las facturas que Triacom giraba a la empresa de medios públicos catalanes, entre ellos TV3, financiada en parte con dinero público.
Tal y como desveló elDiario.es, la productora Triacom hinchaba más del 50% el precio de los programas que facturaba a TV3. Los investigadores del caso 3% mantienen que las cantidades que la televisión catalana pagaba de más servían luego para emitir facturas falsas emitidas por empresas relacionadas con Convergència y sus dirigentes.
En concreto, los investigadores tienen el foco en la presunta financiación ilegal de CDC a través de la campaña electoral de Artur Mas en 2010. Las pesquisas empiezan por los primeros contratos del año 2009 y se extienden a lo largo de la presidencia de Mas, quien situó al frente de la empresa de medios públicos a Brauli Duart. En ese periodo el sobreprecio con Triacom llegó al 60%. El esquema corrupto del 3% audiovisual sería el mismo que ya quedó probado por la Justicia en el caso Palau, en el que un empresario confesó que giró al Palau de la Música facturas falsas por valor 824.299 euros por servicios que en realidad se prestaron al partido en la campaña electoral de las generales de 2004.
En línea con la última posición expresada por la Fiscalía, el juez Pedraz admite la personación de la institución señalando que, en el caso de que se constituya como parte acusadora, la Generalitat debe ayudar a indagar si, en efecto, “Triacom vendía sus programas a TV3 muy por encima de los costes de producción.”. Y en cuanto a la inclusión en el Gobierno de la Generalitat de miembros que heredan las actuaciones de los partidos políticos PDeCAT y CDC, apunta el juez, “lo cierto es que el compromiso de actuación unitaria, como órgano constitucional que es, de la Generalitat, debe ser atenido al ser preferente su constitución como parte a la de desconfianza de sus intenciones”.
La pieza Triacom es una de las líneas de investigación de la causa donde Pedraz intenta dilucidar si altos cargos de CDC, en connivencia con funcionarios y empresarios, “pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente a este partido político de forma encubierta”. Para ello, conforme al relato judicial, “alteraban todo tipo de concursos públicos con la finalidad de 'dirigir' los mismos hacia las empresas de los empresarios conniventes quienes, a su vez, realizaban 'donaciones' a fundaciones ligadas a CDC”.
El anterior titular de dicho juzgado, José de la Mata, apuntó en 2019 que Triacom podía estar implicada en la presunta financiación ilegal de CDC aunque con una operativa distinta. Su “singularidad” radicaría en que, en vez de hacer donaciones a las fundaciones, pagaría deudas contraídas por el partido catalán con otras empresas justificándolo mediante facturas falsas.
En concreto, detalló que habría saldado una deuda contraída con CDC con la mercantil Hispart, especializada en producción audiovisual, por la campaña electoral de 2010. La cantidad abonada por Triacom por este concepto habría sido de unos 750.000 euros. De la Mata advirtió entonces de que Triacom también se habría usado para pagar gastos particulares de personas ligadas directa o indirectamente a CDC, entre las que mencionó al ex presidente de la Diputación de Lleida Joan Reñé o la mujer de Oriol Pujol Ferrusola, uno de los hijos del ex presidente catalán Jordi Pujol.
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