El juez de Barcelona no ve “ninguna base” para imputar a la empresa de Pegasus por el espionaje

La investigación del espionaje mediante el programa Pegasus va a dos velocidades. Mientras la Audiencia Nacional ha puesto la quinta marcha para aclarar quién hackeó el teléfono del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el juez de Barcelona encargado de instruir la infiltración en políticos y activistas independentistas no ha acordado ninguna de las decenas de diligencias que le pidieron los espiados. Y ha dejado escrito que no hay “ninguna base” para imputar a la empresa israelí NSO Group, comercializador del programa malicioso.

Así lo expone el titular del juzgado de instrucción 32 de Barcelona, José Antonio Cruz de Pablo, en un auto por el que rechaza crear una macrocausa en Barcelona que agrupe todas las querellas de los espiados soberanistas, tal y como habían pedido los infectados de Òmnium y la CUP. El instructor reproduce literalmente los argumentos de la Fiscalía y disiente de la responsabilidad que los espiados atribuyen a NSO Group, pues a su juicio no existe “ninguna base fáctica ni jurídica para su imputación”.

“No se puede afirmar que nos encontremos ante hechos atribuibles a un mismo sujeto o a sujetos concertados”, concluye el juez, por lo que rechaza unir las querellas de los espiados de la CUP a la causa que mantiene abierta desde 2020 por el espionaje a los republicanos Roger Torrent y Ernest Maragall. Cabe recordar que el mismo juez, que no ha practicado apenas diligencias de investigación para esclarecer el espionaje de Torrent y Maragall, archivó de forma provisional la causa a la espera de una respuesta de Israel sobre los datos telefónicos de los dos primeros espiados que se espera desde hace más de año y medio.

Rechazo a investigar al CNI

En su escrito por el que rechazó acumular todas la querella de la CUP en el juzgado que investigaba el hackeo a Maragall y Torrent, el fiscal de delitos informáticos Roberto Valverde rechazó la atribución que los espiados hicieron de su hackeo al CNI. El fiscal descarta que de las “reacciones políticas” del Gobierno se pueda “inferir” responsabilidad alguna del CNI en el espionaje a independentistas, ya que “no existe ningún elemento objetivado técnicamente que permita sostener siquiera indiciariamente la autoría de una persona o entidad privada alguna”.

Todo ello pese a que el propio CNI ha admitido en sede parlamentaria haber espiado (aunque sin concretar si mediante el programa Pegasus) a 18 independentistas, entre ellos varios de los querellantes en Barcelona, como el exvicepresidente de Òmnium Marcel Mauri o el diputado de la CUP en el Parlament Carles Riera.

Así las cosas, las querellas que los espiados de la CUP, Òmnium y ERC interpusieron a principios de mayo tras la investigación del laboratorio forense canadiense Citizen Lab han terminado repartidas en un juzgado de instrucción distinto de la capital catalana. Las nuevas causas se han abierto en los juzgados 21, 22 y 24.

La controversia sobre la competencia del juez del 32 para asumir toda la investigación del espionaje a los independentistas ha provocado que todavía no se haya decidido si se acuerdan el aluvión de diligencias solicitadas por los espiados para aclarar quién les pinchó ilegalmente el teléfono y, además de acceder a todos sus datos, pudo activar el micrófono y la cámara.

En contraposición, el hackeo a los móviles del presidente Sánchez y la ministra de Defensa, se viene investigando con más celeridad. La causa la abrió la Audiencia Nacional por las mismas fechas, a principios de mayo, y ya se han practicado varias diligencias: a finales de mayo declararon como testigos un funcionario del CNI y Paz Esteban, exdirectora del centro. En los próximos días también testificará el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Además el juez del tribunal especial José Luís Calama también amplió la comisión rogatoria a Israel para que una comisión judicial encabezada por él se desplace hasta Tel Aviv para tomar declaración como testigo al director general de NSO Group.

Òmnium critica al juez

La negativa del juez de Barcelona a poner en marcha la investigación ha provocado las críticas de los espiados, que han criticado la doble vara de medir de la Justicia a la hora de instruir el caso Pegasus según afecte a dirigentes estatales o independentistas. “Mientras la Audiencia Nacional ya ha iniciado una investigación por las causas de Pedro Sánchez y Margarita Robles, la nuestra sigue encallada en los juzgados y sin respuesta”, ha lamentado el presidente de Òmnium, Xavier Antich.

La defensa de los espiados ya ha puesto por escrito a la Justicia su enfado. “La diferencia que se está dando entre las víctimas es injustificable. En nuestro caso no es que se investigue poco, es que directamente no se está investigando y, por lo tanto, la vulneración del derecho a la intimidad se sigue manteniendo sin ninguna reparación ni protección”, ha expuesto en un escrito dirigido al juzgado de instrucción 22 el abogado de los espiados de Òmnium y la CUP, Benet Salellas.

En su escrito, además, el letrado plantea a la nueva instructora que solicite participar en la comisión rogatoria internacional de la Audiencia Nacional que se desplazará a Israel para tomar declaración como testigo al responsable de NSO Group o que incorpore a la causa de Barcelona el resultado de las diligencias practicadas hasta ahora en el tribunal especial, entre ellas la testifical de la exdirectora del CNI Paz Esteban.