El juez de Badalona que investiga al candidato del PP a la alcaldía, Xavier Garcia Albiol, ha enviado a juicio al dirigente conservador por el caso de las antenas de telefonía instaladas presuntamente de forma fraudulenta en el municipio. Se trata del momento procesal en que, según los estatutos del PP, Albiol debería ser suspendido de militancia y de cargo público. Albiol forma parte del comité elegido por el líder conservador, Alberto Núñez Feijóo, para dirigir la campaña de las municipales.
En un auto, adelantado por SER Catalunya y al que ha tenido acceso elDiario.es, el juez instructor del caso, una vez recibido el escrito de acusación de la Fiscalía, acuerda la apertura de juicio oral contra Albiol y el resto de acusados, a los que abre un plazo de diez días para presentar sus respectivos escritos de defensa. También requiere el juez a Albiol y a otro acusado para que presenten una fianza de 20.000 euros para asegurar las indemnizaciones en caso de condena.
Los estatutos del PP establecen que la suspensión cautelar “de afiliación y funciones” será “automática” cuando un militante “esté incurso en un proceso penal en el que se haya dictado auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción”. Este es el caso de Albiol, pues según los criterios del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la prevaricación, delito por el que está acusado, es uno de los delitos de corrupción.
En la misma situación que Albiol se encuentra el exconcejal de Badalona y actual candidato del PP a la alcaldía de Santa Coloma de Gramenet, Miguel Jurado, que fue su teniente de alcalde en su primera etapa en el consistorio badalonense.
El Ministerio Público pide dos años y diez meses de cárcel a Albiol por prevaricación urbanística y ambiental. En la causa también están acusados, además de Albiol y Jurado, el exteniente de alcaldía de Urbanismo Oriol Lladó (ERC) y dos exgerentes municipales por permitir la instalación fraudulenta de dos antenas de telefonía móvil entre los años 2012 y 2018.
En su auto, el juez destaca que Albiol, además de ser alcalde en el momento de los hechos, ostentaba la competencia para el otorgamiento de licencias de obras, ambientales, la incoación y resolución de expedientes de disciplina urbanística y resoluciones de los expedientes sancionadores por infracción de la normativa ambiental.
Pese a ello, abunda el auto, “ningún trámite tuvo lugar” y las antenas se instalaron en una comisaría de la Guardia Urbana de Badalona sin licencia urbanística, ambiental ni el expediente patrimonial necesario al afectar a una instalación de titularidad municipal.
Es más, el juez recalca que ni Vodafone ni Telefónica abonaron al consistorio las tasas correspondientes por instalar antenas en un dominio público. Según un informe de la Oficina Antifraude, el consistorio dejó de percibir 17.448,41 euros de cánones municipales por la instalación de las antenas.
Según la investigación, la Guardia Urbana de Badalona advirtió tanto por carta como personalmente a Albiol en 2012 de la instalación irregular de las dos antenas en la comisaría, pero el entonces alcalde no habría realizado gestión alguna para retirarlas, permitiéndolas “por la vía de hecho”, en palabras de la Fiscalía.
El juez sostiene que aunque el exalcalde era conocedor de la instalación irregular de estas antenas ante las quejas de un sindicato de la Guardia Urbana, con el que incluso mantuvo reuniones, pero no realizó gestión alguna de información y retirada de estos dispositivos pese a las reiteradas peticiones.
Para la Fiscalía, la instalación de las dos antenas fue “abiertamente irregular”, ya que requerían una licencia urbanística que no consiguieron. Telefónica también instaló una estación móvil con solo autorización verbal de responsables del consistorio, según la fiscal. Las dos antenas funcionaron de forma ininterrumpida entre 2012 y 2018, cuando las empresas las retiraron sin que el consistorio se lo pidiera.