La tregua electoral ha finalizado. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, un día después de que se celebraran los comicios catalanes, ha citado a declarar a los investigados en la causa de Tsunami Democràtic para el próximo 22 de mayo, entre ellos la secretaria general de ERC, Marta Rovira. La mitad de los diez investigados por el instructor se han ido Suiza en busca de protección a su imputación por terrorismo.
En un auto, el juez permite a los investigados declarar por videoconferencia desde los juzgados de Barcelona, si bien esta opción solo parece viable para los imputados que no se han ido a Suiza: el exconseller de ERC Xavier Vendrell, el jefe de la oficina de Puigdemont Josep Lluís Alay, la militante de ERC Marta Rovira y el empresario Oriol Soler.
Desde que reactivara la instrucción del caso en noviembre del año pasado, coincidiendo con las negociaciones de la ley de amnistía, el juez ya ha dejado escrito en varios de sus autos que cree que la causa Tsunami puede quedar excluida de la norma. El Tribunal Supremo respaldó al juez su interpretación y decidió quedarse la causa contra Carles Puigdemont y Ruben Wagensberg, a quien el Alto Tribunal ha dado la opción de declarar voluntariamente por videoconferencia el próximo mes de junio.
Sin esperar al Alto Tribunal, el juez García Castellón ha decidido acelerar y citar a sus diez investigados. La primera sorpresa entre las defensas ha sido el medio escogido para realizar la comparecencia, una videoconferencia desde los juzgados de Barcelona. Esto implica que los investigados y sus abogados no tendrán que desplazarse físicamente a la sede de la Audiencia Nacional en Madrid.
Pero además, el juez cita a todos los investigados a declarar por videoconferencia desde Barcelona pese a conocer que cuatro de ellos –Rovira, el dirigente de Òmnium Oleguer Serra, el periodista Jesús Rodríguez, el empresario Josep Campmajó– se encuentran en Suiza, precisamente para denunciar su acción judicial. Y el informático Jaume Cabaní se hallaba hace unas semanas en paradero desconocida.
Por contra, el juez sí reitera su intención de librar a Italia una petición de cooperación judicial para que, en la misma fecha, pueda declarar desde el país transalpino el décimo investigado, el banquero que trabajaba en Suiza Nicola Foglia, de quien por ahora tampoco se conoce domicilio concreto.
En su auto, el magistrado también acuerda seguir investigando como “delito electoral” una protesta pacífica de Tsunami Democràtic el 9 de noviembre de 2019, día de reflexión en las elecciones generales convocadas para el día siguiente. Considera el juez que el concierto en la calle organizado por Tsunami ese día solo pudo celebrarse por la “falta de acción” de la Generalitat para impedirlo, tal y como había ordenado la Junta Electoral.
El instructor oficia a la Guardia Civil para que recabe si Tsunami solicitó autorización a la conselleria de Interior para realizar concentraciones la jornada de reflexión en Girona, Tarragona y Lleida –en Barcelona no lo hizo–, si en esos actos se “efectuaron proclamas, discursos o cualquier otro acto de naturaleza política”, y si los Mossos actuaron contra ellos.