Un juez de Barcelona ha citado como imputado al financiador mexicano de Juan Carlos I, el empresario Allen Sanginés-Krause, por colaborar presuntamente con un fraude fiscal de 1,3 millones de euros que el magistrado atribuye a un médico de la capital catalana que tiene al rey emérito entre sus pacientes habituales, Manuel Sánchez.
Tal y como ha adelantado El Periódico y ha confirmado elDiario.es, el juez Santiago García ha citado para el próximo 7 de noviembre al empresario mexicano después de que Sanginés-Krause, que habitualmente reside en el Reino Unido, compareciera por sorpresa en la causa de Barcelona con abogado y procurador. Sánchez ya declaró hace meses.
El caso de fraude fiscal que se investiga en Barcelona deriva de una querella de la Fiscalía. El Ministerio Público acusa al médico del rey de defraudar en las declaraciones del IRPF de 2016, 2017 y 2018 al declarar menos rentas que las que realmente percibió. Para lograrlo habría camuflado retribuciones que percibía como médico por valor de 1,3 millones de euros como ampliaciones de capital de la sociedad que gestiona su clínica y que fueron suscritas, según la Fiscalía, por una empresa de Sanginés-Krause.
En conjunto, el fiscal acusa al médico de “ocultar” 500.000 euros en 2016, 500.000 euros más en 2017 y otros 300.000 euros en 2018, que eran retribuciones relacionadas con su trabajo como facultativo especializado en tratamientos antiedad que proporcionaba desde hacía años a pacientes de clase alta, entre ellos el rey emérito.
El empresario mexicano ya era conocido por ser el financiador de los gastos del monarca Juan Carlos I en dinero negro utilizando de puente a un coronel del Ejército español, ex asistente del rey emérito.
En total, la Fiscalía Anticorrupción detectó 516.000 euros que salieron de los bolsillos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause con dirección a Juan Carlos I y que nunca fueron declarados a Hacienda. La Fiscalía, sin embargo, archivó las investigaciones por la inviolabilidad que protegía al monarca antes de 2014 o porque los presuntos delitos habían prescrito.
La nueva causa que se investiga en Barcelona ha descubierto que la compañía detrás de la clínica médica del facultativo investigado se constituyó en 2014 con un capital social de 3.010 euros que aportó su esposa, pero en 2016 ella vendió todas las participaciones a Manuel Sánchez, que pasó entonces a ser socio único de la empresa.
La Fiscalía señala que el mismo día que la mujer vendió sus participaciones, la empresa recibió 245.000 euros de la compañía de Sanginés-Krause, “operación que no se amparó en ningún contrato escrito”.
El fiscal remarca que esas ampliaciones de capital no fueron reales sino simuladas y considera que para el presunto fraude fue “imprescindible la colaboración” de la esposa del médico y de Sanginés-Krause.