El juez Joaquín Aguirre ha imputado al presidente del F.C. Barcelona, Joan Laporta, en el caso Negreira diez días después de afirmar que no le investigaba porque los pagos que realizó al excolegiado en su primera etapa al frente del club estaban prescritos. El magistrado ha recalculado este miércoles los plazos de prescripción y ha concluido que Laporta sí debe ser investigado.
Hasta ahora, Laporta se había salvado porque el delito inicial que se investigaba –corrupción entre particulares– prescribe a los cinco años, mientras que el delito de cohecho, añadido por el juez el pasado mes de septiembre, lo hace a los 10. Laporta también pagó a Negreira en su primer mandato, pero al terminar en 2010 quedaba penalmente fuera del caso ya que las primeras pesquisas empezaron en 2022.
Sin embargo, el juez argumenta en un nuevo auto de este miércoles que el plazo de prescripción no es diez años sino de 15 al entender que se trataría de un delito continuado de cohecho, lo que amplía la pena y por lo tanto el plazo de prescripción. Según el instructor, el plazo de prescripción se debe contar desde “el día que se realizó la última infracción”, esto es, el último pago del Barça a Negreira, que fue el año 2018, y al ser ahora de 15 años sí alcanza el primer mandato de Laporta.
Lo contrario había expuesto el magistrado en un auto del pasado 9 de octubre, donde sostuvo que no había atribuido a Laporta ningún delito “por la aplicación de las reglas de la prescripción delictiva”, al tiempo que le reprochó pretender ser acusación particular del caso cuando en su primera etapa al frente del club (2003–2010) también había pagado a Negreira igual que sus sucesores que sí están imputados, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu.
“En el actual momento procesal –escribió el juez en su auto– no se ha atribuido al actual presidente del F.C. Barcelona, Joan Laporta Estruch, la comisión de ningún delito, no por razones atinentes a la antijuridicidad, sino por la aplicación de las reglas de la prescripción delictiva, al menos implícitamente, dado que durante su primera etapa como presidente también también se efectuaron pagos a la familia Enríquez”.
El juez también discrepa del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que excluyó a Laporta de la denuncia que presentó por los 7,5 millones de euros que el Barça pagó al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira y a su hijo entre los años 2001 y 2018, al entender que su participación en los hechos durante su primera presidencia ya habría prescrito.
Además, el juez señala que la nueva imputación por cohecho no afecta solo a Laporta, sino a “todas aquellas personas que fueran miembros de la Junta Directiva” del actual presidente entre 2003 y 2010 así como a los ejecutivos del Barça “integrados en el organigrama del club y que tuvieran una responsabilidad efectiva”, lo que abre la puerta a aumentar todavía más el número de imputados del caso.
El caso Negreira da así un nuevo paso procesal, pero que no varía los hechos: el Barça ya ha admitido que pagó a Negreira y a su hijo 7,5 millones durante casi dos décadas, pero el club alega que los abonos responden a labores de asesoramiento arbitral y no de corrupción deportiva.
Lo contrario sospecha el juez, quien este miércoles vuelve a reiterar que existió “una desigualdad en el trato arbitral” entre el Barça y los otros equipos y una “corrupción sistémica en el conjunto del arbitraje español”. “Las investigaciones de la Guardia Civil podrán confirmar estos extremos obtenidos por inferencia lógica”, agrega el instructor.