Un juez investiga si los guardias civiles que detuvieron por supuesto terrorismo a un CDR impidieron que lo asistiera un abogado

La vulneración de derechos que denunciaron los miembros de los CDR en su detención por parte de la Guardia Civil el 23 de septiembre del año pasado será investigada. Un juez de Sabadell (Barcelona) ha admitido a trámite la querella de uno de los arrestados, Jordi Ros, y ha pedido al Instituto Armado que identifique a los agentes y oficiales que participaron en la detención y el registro de su domicilio para citarles como imputados. La investigación tratará de determinar si los agentes impidieron que Ros fuera asistido por un abogado en su arresto y si dañaron “innecesariamente” los objetos personales de Ros.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, el magistrado ordena una batería de diligencias solicitadas por Ros y limita la investigación, por el momento, a dos delitos. El primero castiga al funcionario que durante un registro “cometa cualquier vejación injusta o daño innecesario” en los bienes del investigado y el segundo sanciona “el impedimento u obstaculización del derecho a la asistencia de abogado al detenido” así como el intento de renuncia de asistencia legal o la no información de sus derechos como arrestado. Ambos supuestos están castigados con penas de inhabilitación y multa, no de prisión.

Además de los destrozos producidos en el domicilio de los investigados durante los registros y de vulnerar su derecho a un abogado, el colectivo Alerta Solidària, que representa a Ros y al resto de investigados por la Audiencia Nacional, denunció que los agentes de la Guardia Civil coaccionaron a los detenidos para que confesaran su supuesta pertenencia a un grupo terrorista.

El juez de Sabadell descarta investigar las coacciones de los agentes denunciadas por Ros ya que en su querella se expone que supuestamente se habrían producido en los cuarteles de la Guardia Civil de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) y Tres Cantos (Madrid), no en el registro de su domicilio en Sabadell. En consecuencia, entiende el juez que carece de competencia para investigarlas y que Ros debería denunciarlas ante un juez de las dos localidades por ser los lugares donde habrían sucedido los hechos.

Según relató el propio Ros en una entrevista en Vilaweb, los agentes le dijeron que incriminarían a su familia, le llamaron “hijo de puta” y la afearon la “mierda de jubilación” que daría a sus padres. Denunció, además, que los guardias coaccionaron a su hermano, que padece esquizofrenia.

Los registros y detenciones fueron acordadas por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García–Castellón, que envió a prisión provisional a seis de los nueve detenidos y antes del verano amplió las pesquisas a otros cuatro CDR. Sin embargo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional atendió en parte los recursos de las defensas y cuestionó que los detenidos formaran parte de una organización terrorista, en contra de lo mantenido por el instructor, y decretó la libertad provisional de los investigados.

Más de un año después de la denominada 'Operación Judas', el juez de Sabadell ve necesario investigar el trato dispensado a Ros por los agentes de la Guardia Civil que lo arrestaron y registraron su casa. Por ello ordena citar como testigos al propio Ros así como a tres de sus familiares presente durante los registros. Sobre uno de ellos además el juez pide que se aporten informes médicos respecto a los “perjuicios psíquicos” que pudiera haber sufrido el hermano del investigado por la actuación policial.

En paralelo a la identificación y citación como investigados de los guardias civiles que participaron en el registro, el juez también busca corroborar la denuncia de Ros mediante la declaración como testigo de la Letrada de Administración de Justicia (LAJ) –antigua secretaria judicial– del juzgado de Sabadell que levantó acta de los registros.

El juez también requiere al colegio de abogados de Sabadell para que acredite si el día de la detención de Ros el arrestado “efectuó designa de letrado en su favor o fue solicitada dicha designa” con el objetivo de comprobar si se vulneró su derecho a ser asistido por un abogado.

Entre las diligencias ordenadas por el juez figuran además la tasación por parte de un perito de los “desperfectos o daños” en la vivienda denunciados por Ros. El instructor también solicita al juzgado de la Audiencia Nacional que le remita la solicitud de entradas y registros de la Guardia Civil en el domicilio del sabadellense y el auto que las autorizó.