El juez vuelve a mantener la semilibertad de Bassa y Forcadell que otra magistrada suspendió para los exconsellers y los 'Jordis'

El juzgado de vigilancia penitenciaria ha acordado mantener el tercer grado de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera Dolors Bassa mientras el Tribunal Supremo resuelve el recurso presentado por la Fiscalía contra el régimen de semilibertad que les concedió la Generalitat.

En sendos autos, el titular del juzgado de vigilancia penitenciaria número 1 de Barcelona descarta suspender el tercer grado de Bassa y Forcadell, como pedía el ministerio público argumentando que así está previsto de forma automática cuando se presenta recurso de apelación contra la clasificación penitenciaria.

Se repite así el criterio distinto entre los juzgados de vigilancia penitenciaria encargados de los presos del procés sobre si los recursos de la Fiscalía tienen efectos suspensivos del tercer grado: ya en julio, en el primer recurso del Ministerio Público, la jueza del juzgado de vigilancia penitenciaria 5, encargada de los siete presos de Lledoners, suspendió la semilibertad de los exconsellers y los 'Jordis', mientras que el magistrado encargado de Bassa y Forcadell la mantuvo.

La distinta interpretación de los togados sobre una disposición adicional de la ley orgánica del poder judicial sobre la suspensión del tercer grado es la base de las decisiones distintas. En el caso de Bassa y Foradell, el juez entiende que no cabe aplicar la suspensión del tercer grado, tal y como había solicitado la Fiscalía, habida cuenta de que la decisión de la Generalitat de clasificarlas en tercer grado no ha sido revocada, ya que él mismo la avaló. En otras palabras, el juez entiende que la suspensión solo procede cuando en primera instancia se ha tumbado el tercer grado, lo que no ocurre en el caso de Forcadell y Bassa.

Por contra, la magistrada encargada de supervisar a los siete presos de Lledoners realizó otra interpretación de la ley y concluyó que cualquier recurso de la Fiscalía comportaba la suspensión del tercer grado. Esto ha provocado que desde el pasado mes de julio los siete presos de Lledoners permanezcan en prisión de forma estricta, en segundo grado ordinario, sin las salidas laborales y para dormir en casa de las que sí vienen disfrutando (y seguirán haciendo mientras el Supremo no resuelva) Forcadell y Bassa.

De los siete presos de Lledoners, además, solo Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Joaquim Forn y Josep Rull pueden disfrutar de permisos para salir unas horas de la cárcel (un total de 36 días el año) ya que, a diferencia de Oriol Junqueras, Raül Romeva y Jordi Turull sí han cumplido una cuarta parte de la pena por sedición, el requisito legal para acceder a los permisos.

En el fondo del asunto, sin embargo, ambos togados fallaron en el mismo sentido y avalaron en primera instancia el tercer grado de los presos del procés concedido por la Generalitat, que les permite ir a prisión entre semana para dormir y trabajar fuera de la cárcel. Los recursos de la Fiscalía contra la semilibertad los resolverá, tal y como marca la ley penitenciaria, el tribunal sentenciador, que en el caso de los presos del procés es el Tribunal Supremo.

Amnistía Internacional reclama la libertad de los 'Jordis'

Amnistía Internacional (AI) ha vuelto a pedir este martes la “libertad inmediata e incondicional” de los líderes independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart coincidiendo con el tercer aniversario de su encarcelamiento. En un comunicado, AI denuncia que es “una situación de injusticia” que el expresidente de la ANC y el presidente de Òminum Cultural lleven “más de mil días entre rejas apartados de sus familias”.

Amnistía Internacional, que ha pedido varias veces que los dos líderes sociales independentistas sean liberados, considera que ambos ejercieron “sus derechos a la libertad de reunión pacífica y de expresión”.

“Hoy los tres poderes del Estado tienen la oportunidad de corregir los efectos de una condena injusta contraria a los derechos humanos”, defiende AI, que pide que la Fiscalía del Tribunal Constitucional impulse una “rápida resolución” del recurso de amparo interpuesto por Sánchez y Cuixart, instando a la anulación de la condena dictada por el Tribunal Supremo.