Una jueza de Barcelona investiga al exconseller de Exteriores Raül Romeva, condenado por sedición y malversación, y a otros nueve exresponsables y actuales altos cargos del Govern por malversar fondos públicos en la internacionalización del proceso soberanista a través la red exterior de la Generalitat.
Según ha avanzado el diario Ara y ha confirmado elDiario.es, la magistrada del juzgado de instrucción 18 de Barcelona tiene abiertas diligencias contras un total de diez exaltos cargos y actuales responsables de Exteriores a partir de una denuncia de la Fiscalía por un informe del Tribunal de Cuentas del año 2019 de toda la actividad exterior del Govern de la pasada década. Se investigan los delitos de prevaricación, malversación de caudales y falsedad en documento oficial.
Se trata de gastos distintos de los que supusieron la condena de Romeva en el Supremo (referentes a los observadores internacionales del referéndum) y de los que forman parte de la macrocausa de los preparativos del procés que ha investigado el juzgado de instrucción 13 de Barcelona y que está pendiente de juicio. En un auto, la jueza acuerda abrir una investigación a los cargos del Govern, acusados de desviar fondos públicos de la conselleria de Exteriores entre los años 2011 y 2017 para “internacionalizar el derecho a decidir” mediante subvenciones y contrataciones de trabajos académicos supuestamente “arbitrarias”.
Los once gastos investigados ascienden a 802.138,81 euros y, en esencia, se dividen en dos grandes líneas: pagos por trabajos académicos que excederían del ámbito competencial del Govern al versar sobre la internalización del procés y un nuevo Estado catalán y subvenciones directas a entidades de catalanes en el exterior que la jueza no ve suficientemente justificadas.
En concreto, el único gasto que la jueza atribuye a Romeva es una subvención directa de 40.000 euros a la Federación de Organizaciones Catalanas Internacionalmente Reconocidas (FOCIR) “sin justificar las razones de la no concurrencia” de otras candidatas a recibir los fondos.
Del conjunto de gastos, los de mayor importe corresponden a subvenciones materializadas entre los años 2014 y 2016 en dos pagos de 125.000 euros y otro de 100.000 que otorgó el Diplocat a la FOCIR para “elaborar las bases para acceder a ayudas subvencionadas”. El Diplocat es el ente públicoprivado -participan varias instituciones públicas, sindicatos y hasta el Barça- que ya estuvo en el punto de mira de la Justicia por los gastos en observadores del 1-O.
Según argumenta la magistrada, las subvenciones a FOCIR presentan “criterios absolutamente excluyentes respecto de otras organizaciones” que podrían aspirar a los fondos, así como “finalidades que no resultan claras”. Ambos aspectos, remarca la jueza Carmen García, sustentan “las sospechas” de que los fondos no fueran a promocionar la imagen exterior de Catalunya sino a “internacionalizar el proceso hacia el derecho a decidir”.
Además la jueza ve presuntamente delictivos el pago de 13.636 euros de la conselleria de Presidència en 2015 por un estudio sobre “los instrumentos de cooperación entre España y Catalunya en el supuesto de que ésta última alcanzara la independencia”, así como los 196.920 euros que gastó el Diplocat en un estudio académico “sobre el estatus que podría tener en la UE una región que se independizara de un estado miembro”. La razón es que todos estos estudios “se exceden del ámbito competencial de la Generalitat”, apunta la jueza.
La Fiscalía incluso se querelló contra el exconseller de Presidencia Francesc Homs por un viaje que pagó el Govern a las comunidades catalanas al exterior para celebrar un encuentro mundial en 2012, pero la jueza ha descartado que sea delito.
Además de Romeva, están investigados el actual secretario del Govern, Víctor Cullell; el secretario general de Exteriores, Aleix Villatoro; su antecesor, Roger Albinyana; el exresponsable del Diplocat Albert Royo; el actual secretario del deporte, Gerard Figueras, y otros cuatro altos cargos: la exsecretaria general de Diplocat Roser Clavell; el director general de Cooperación, Manel Vila; el director del consejo catalán de Deportes, Antoni Reig; y la directora de servicios de la conselleria de Presidencia, Teresa Prohias.