Absolución. Una jueza de Barcelona ha exculpado al trabajador de la empresa Stop Okupas Low Cost, que también fue en las listas de Ciudadanos en las municipales de 2023 en Santa Coloma de Gramenet, acusado de lesiones y amenazas leves a uno de los ocupantes de la finca del Poble-sec que denuncia el acoso inmobiliario de la empresa de desalojos ilegales. La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, rebaja a una “disputa consentida” el “forcejeo” entre el empleado y uno de los moradores del inmueble.
“Si le pasa algo a mi trabajador, os voy a reventar a todos, os quemo y os mato a todos”, se oye decir al acusado en el vídeo que se visionó en el juicio. “Te he dado un 'yuyu' y vas a morir”, agrega, antes de abalanzarse hacia el denunciante que grababa la escena.
La Fiscalía pedía condenar al acusado a una multa de 180 euros y a una indemnización de 340 euros por un delito leve de lesiones, petición que la acusación particular del vecino elevó a 2.160 euros de multa e indemnización de 470 euros al añadir el delito de amenazas.
La sentencia absolutoria es la del primero de los juicios de los ocupantes de una finca del Poble-sec contra el acoso inmobiliario. Otro juzgado de Barcelona investiga a la empresa propietaria de la finca y a Stop Okupas por distintos actos de acoso a los ocupantes, como sabotajes en los suministros de agua y electricidad y en las bajantes de la finca.
La magistrada resta credibilidad al vídeo que resultaba clave para las acusaciones. “En las imágenes no se observa agresión directa alguna del denunciado respecto al denunciante”, concluye la jueza Eugenia Canal. Una testigo afirmó que sí vio al acusado dar un golpe al denunciante, pero la sentencia da más valor al testimonio del mosso que apreció “un forcejeo”.
La sentencia concluye que en realidad lo que quería hacer el vigilante de Stop Okupas era quitar el móvil al ocupante de la finca, no golpearle. “Hubo en realidad una disputa consentida entre ambos”, resalta la jueza, que descarta que el empleado de Stop Okupas actuara con intención de hacer daño al denunciante.
Sobre las amenazas vertidas por el acusado, la magistrada las rebaja a un “intercambio de palabras entre ambas partes”. La sentencia enmarca las palabras del vigilante en el “contexto de tensión y violencia verbal por ambas partes” y descarta que produjeran un “temor en el denunciante”.