Inicio de alto voltaje del juicio por corrupción a Laura Borràs. No por un duelo entre acusaciones y defensas, sino por la guerra total de los abogados de la líder de Junts contra los de los otros dos procesados, su amigo Isaías H. y Andreu P, por negociar con la Fiscalía inculpar a Borràs para ver rebajada su pena. Las acusaciones de falta de lealtad, e incluso de incumplir la deontología profesional, se han sucedido en la sala de vistas del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
A juicio de la defensa de Borràs, que ejercen los abogados Gonzalo Boye e Isabel Elbal, las negociaciones de las últimas semanas con la Fiscalía de los otros dos acusados vulneran el derecho de defensa de la líder de Junts porque hasta ahora habían mantenido un frente común, llegando a compartir información. En cambio, para los abogados de Isaías H. y Andreu P., Marina Roig y Àlex Solà, ningún derecho se ha visto alterado, ya que las conversaciones con la acusación forman parte de la dinámica habitual de este tipo de juicios.
La polémica entre defensas ha dejado en un segundo plano el objeto central del juicio, este es, si Borràs fraccionó contratos para beneficiar a su amigo Isaías H. en su etapa como directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). La líder de Junts solicita su absolución al ver una causa política contra ella, mientras la Fiscalía le pide seis años de cárcel. Para ello cuenta con correos, audios y documentos comprometedores, que Borràs pretende anular.
El acuerdo entre Isaías H. y Andreu P. no se ha formalizado este viernes. Previsiblemente, el pacto se articulará en sus declaraciones, donde ambos acusados, en especial Isaías H., inculparán a Borràs. Al final del juicio, a cambio, la Fiscalía rebajará las penas solicitadas para que no tengan que entrar en prisión.
Más allá de la polémica entre defensas, el tribunal valorará con precauciones las eventuales inculpaciones de Isaías H. y Andreu P., como suele ocurrir con las declaraciones de acusados contra otros. Es decir, sus palabras, por mucho que acorralen a Borràs, serán solo una parte de la prueba que analizará el tribunal, basada más bien en los correos, audios y documentos.
El origen de la discordia
El origen de la discrepancia nace en las negociaciones de última hora entre las defensas de Isaías H. y Andreu P. para intentar cerrar un pacto con la Fiscalía y no entrar en prisión a cambio de incriminar a Borràs. Este viernes, tanto el Ministerio Público como Roig y Solà han rechazado que el pacto esté cerrado, si bien no lo han desmentido en su totalidad. “No se ha formalizado ningún acuerdo”, ha dicho la fiscal Assumpta Pujol.
A ese verbo, “formalizar”, se ha agarrado la defensa de Borràs, que ejercen los penalistas Gonzalo Boye e Isabel Elbal, para volver a dar por cerrado el acuerdo, hasta el punto de referirse a las otras dos defensas como “coacusadores”. Este término, reiterado una y otra vez por Elbal, ha motivado que Roig, defensora de Isaías H., formulara una protesta contra su colega al reiterar que sigue ejerciendo la defensa de su cliente.
El presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, ha dado la razón a Roig y ha reprendido a Elbal. “No es adecuado” referirse a las defensas como “coacusadores”, ha sentenciado Barrientos, quien ha recalcado que ninguna de las partes ha trasladado al tribunal que haya pacto alguno, por lo que Isaías H. y Andreu P. “tienen el estatuto de acusados y desde ese estatuto están en todo su derecho a defenderse”.
Roig ha querido replicar a las acusaciones lanzadas por Elbal. “En los procedimientos judiciales el tiempo pasa, y las defensas pueden hablar con la Fiscalía, con respeto y deontología y comunicándolo a las otras defensas por si se quieren añadir. Es perfectamente válido”, ha recordado la letrada.
“Si una estrategia de defensa no gusta a otra parte no hace falta hacer un show”, ha lanzado Roig. Por su lado, Solà ha evitado polemizar con Elbal y Boye: “Yo respeto el derecho de defensa y cada uno lo ejerce como cree, ni tan solo me opondré a las manifestaciones que afectan a mi deontología”.
Dispensa al Colegio de la Abogacía
Hasta tal punto ha llegado la tensión entre las defensas que Elbal ha pedido al tribunal suspender el juicio para poder aportar “nuevas pruebas” que exculpen a Borràs y que no conozcan los otros dos abogados. Además, ha avanzado que pedirá la dispensa al Colegio de la Abogacía para dejar sin efecto su obligación de guardar el secreto profesional entre letrados y poder presentar al tribunal pruebas de la supuesta falta de lealtad de las otras dos defensas por negociar con la Fiscalía y vulnerar así, en su opinión, el derecho de defensa de Borràs.
La defensa de Borràs ya ha deslizado algunos de sus cargos contra los otros dos abogados. Uno de ellos resulta irrelevante para el juicio, ya que versa sobre una pericial conjunta encargada por los tres abogados en fase de instrucción sobre la malversación, delito por el que estaban imputadas pero que la Fiscalía descartó al formalizar el escrito de acusación.
Según ha explicado Elbal, esa prueba se pagó de forma conjunta por las tres defensas, lo que muestra su “coordinación” a lo largo del proceso hasta esta semana, cuando las otras dos defensas han empezado a negociar con la Fiscalía y han causado, en opinión de la defensa de la líder de Junts, su “indefensión material”.
Cabe recordar que este tipo de negociaciones y acuerdos parciales son habituales en casos de corrupción: en el caso Palau, Millet y Montull pactaron con la Fiscalía, al contrario que Convergència y los directivos de Ferrovial, quienes terminaron absueltos.
El resto de cuestiones previas de Borràs han versado sobre cuestiones procesales. Según la defensa, el TSJC ya no es el tribunal competente para juzgarla ya que la líder de Junts está suspendida como diputada debido a su procesamiento por corrupción (si bien sí mantiene el acta de parlamentaria). También ha alegado la defensa que se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia de Borràs y que el juez Barrientos no es imparcial al ser, en su opinión, contrario al independentismo.
Por su lado, Roig y Solà han centrado su trámite de cuestiones previas en cuestiones jurídicas y han pedido que se anule la causa por vulneraciones de los plazos de las investigaciones penales y la competencia de la instrucción.
La Fiscalía se ha opuesto a todas las cuestiones previas de todas las defensas. Sin querer entrar en la guerra entre las defensas, la fiscal Teresa Duerto sí ha querido trazar una línea entre el relato mediático y lo que ocurre en la sala de vistas del TSJC: “El juicio se celebra aquí, no en la calle, y el tribunal se basará en lo que se haga y diga aquí, no la calle”.
“No entramos a valorar las relaciones entre defensas porque respetamos el derecho de defensa”, ha abundado Duerto, al tiempo que ha recordado que Borràs, Isaías H. y Andreu P. “son inocentes hasta que haya una sentencia condenatoria. El tribunal no ha resuelto este viernes las cuestiones previas, y de hecho ha habilitado otra sesión no prevista el próximo 14 de febrero.