Oleada de peticiones a los jueces para aplicar la ley de amnistía pocas horas después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El presidente de ERC, Oriol Junqueras, y la treintena de dirigentes y cargos del partido investigados en distintas causas del procés, así como otros imputados en Tsunami Democràtic, ya han registrado este martes escritos donde reclaman a los jueces ser amnistiados. También lo han hecho dirigentes de Òmnium o el secretario general de Junts, Jordi Turull.
La publicación de la ley de amnistía en el BOE marca la entrada en vigor de la norma. Ahora se abre un plazo de dos meses para que jueces y tribunales la apliquen. Tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ya han empezado los trámites antes de su decisión definitiva y han dado cinco y diez días a la Fiscalía y a las defensas para que formulen alegaciones sobre la aplicación de la ley de amnistía, tal y como dicta la norma.
A primera hora de la mañana, la plana mayor de ERC, como su presidente, Oriol Junqueras, o su secretaria general, Marta Rovira, que permanece en Suiza y está investigada por terrorismo en el caso Tsunami, había dado el primer paso. Ahora tendrán que reiterar la petición de aplicación de amnistía para completar el trámite iniciado por los jueces, que después decidirán si la aplican o les excluyen de la norma, tal y como ha pedido la Fiscalía del Tribunal Supremo en el caso del procés.
Las dudas sobre los movimientos judiciales que puedan dejar en papel mojado la norma también impactan en la legislatura catalana. Puigdemont pretende asistir a la sesión de investidura, que debe celebrarse, como tarde, el 25 de junio. Pero la decisión está en manos del juez Pablo Llarena, que ha dado cinco días a las partes antes de resolver si retira la orden de prisión sobre Puigdemont, tal y como marca la norma para todas las medidas cautelares, lo que facilitaría su retorno sin riesgo de acabar en la cárcel.
A la espera de los jueces, 37 miembros de ERC, desde Junqueras a algunos exalcaldes condenados por promover el 1-O, han registrado ya sus escritos en distintos tribunales para reclamar ser exculpados. Entre los encausados que piden la amnistía –algunos con dos y hasta tres causas abiertas– figuran, además de Junqueras y Rovira, los exconsellers Raül Romeva, Dolors Bassa, Carles Mundó y Meritxell Serret; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, además de Anna Simó, Ruben Wagensberg, Josep Maria Jové, Lluís Salvadó, Natàlia Garriga o Xavier Vendrell, entre otros.
Las causas van desde el caso del procés del Supremo a procesos ya sentenciados o pendientes de juicio contra nueve exalcaldes republicanos por facilitar el referéndum en 2017 a los dos grandes procedimientos que siguen en Catalunya pendientes de juicio por el referéndum. Estas causas afectan a pesos pesados de ERC como el negociador con el PSOE y diputado en el Parlament Josep Maria Jové. En conjunto, son hasta 37 los cargos 'amnistiables'.
La amnistía es relevante no solo para que Marta Rovira o el diputado electo Ruben Wagensberg, que también permanece en Suiza por Tsunami, puedan volver a caso. En el caso de Junqueras, inmerso en la batalla por el liderazgo de ERC tras la crisis interna por los malos resultados electorales, ser amnistiado comportaría dejar sin efecto la pena de inhabilitación que está cumpliendo a día de hoy y que le impide presentarse a cargos públicos.
Otros exconsellers condenados por el procés, como el secretario general de Junts, Jordi Turull, han registrado sendas peticiones de aplicación de la amnistía. En su escrito, la defensa de Turull, que ejerce el penalista Jordi Pina, reclama dejar sin efecto la condena de inhabilitación de Turull en el caso de que el Supremo decida elevar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE).
También otros investigados por Tsunami en la Audiencia Nacional, como el periodista Jesús Rodríguez, al que defiende el letrado Daniel Amelang, o el dirigente de Òmnium Cultural Oleguer Serra han pedido la aplicación de la amnistía. Lo mismo han hecho algunos de los CDR procesados por terrorismo en la Audiencia Nacional y decenas de activistas condenados o pendientes de juicio por altercados en varios juzgados catalanes.
La defensa de Serra, que ejerce Benet Salellas, constata en su escrito las “discrepancias evidentes” entre el juez Manuel García Castellón, que insiste en ver terrorismo en Tsunami, y los investigados, pero argumenta que el magistrado debe aplicar la amnistía, ya que la norma incluye también los delitos de terrorismo que no hayan provocado “violaciones graves de derechos humanos relativos a la vida o a la tortura”.
A la espera de la respuesta de García Castellón, el juez se ha convertido en los últimos meses en el principal obstáculo a la amnistía tras reactivar el caso Tsunami por terrorismo en plena negociación de la norma el pasado mes de noviembre. En varios autos ha dejado escrita su convicción de que la causa Tsunami queda excluida del olvido penal del procés al investigar un delito de terrorismo –que la Fiscalía no ve– y resultar heridos de gravedad dos agentes policiales en unas protestas –que no organizó la plataforma.