Junts per Catalunya ha decidido emprender la vía penal contra dos expertas y un experto en igualdad que vieron machismo en su grupo parlamentario. El partido se ha querellado contra los tres trabajadores por un delito de injurias al ver delictivo el informe que realizaron tras la denuncia por acoso que realizó la exdiputada del partido de Carles Puigdemont Cristina Casol, a quien la formación expulsó y ahora es parlamentaria no adscrita.
Fuentes del entorno de las trabajadoras han denunciado que la querella supone “una represalia” de Junts que busca “condicionar” su ejercicio profesional y que supone un riesgo de “invisibilizar” las situaciones de violencia o vulneraciones de derechos de las mujeres. El bufete Arrels, donde trabaja una de las abogadas que realizó el informe, ha pedido amparo ante el Colegio de la Abogacía de Barcelona.
La abogada, la psicóloga y el psicólogo que realizaron el dictamen están citados a declarar como investigadas el próximo 12 de abril ante el titular del juzgado de instrucción 29 de Barcelona, informan a elDiario.es fuentes jurídicas.
La querella considera una injuria contra Junts la conclusión del informe de las expertas en igualdad. El dictamen terminó archivado al no ver probadas las denuncias de machismo más graves que Casol realizó contra el portavoz del grupo, Albert Batet, si bien sí detectó una “situación sistémica” de machismo en el grupo parlamentario de Junts al constatar un “reparto de tareas asociado a los roles patriarcales tradicionales” y un “menosprecio hacia las acciones de sensibilización y formación en materia de género”, tal y como adelantó El Periódico.
Las trabajadoras y el trabajador denunciados son expertos independientes designados por la Oficina de Igualdad de la Cámara catalana y son los que, tal y como marca el protocolo del Parlament, están obligados a realizar un informe cada vez que un empleado o diputado denuncia una situación de acoso machista.
La querella tilda de “simples anécdotas” algunas de las quejas que Casol trasladó a la Oficina de Igualdad, como por ejemplo su denuncia de que Batet la arrinconó y le quitó responsabilidades en el grupo parlamentario. Y considera que las conclusiones a las que llegaron las expertas y el experto en igualdad son “afirmaciones gravemente ofensivas sin fundamento ni motivación” contra el grupo parlamentario de Junts y el partido en su conjunto.
En términos muy duros contra los autores del informe, la querella acusa a las expertas y el experto en igualdad, que trabajan en una fundación sin ánimo de lucro, de actuar con “negligencia profesional” y de “extralimitarse” por haber realizado conclusiones sobre el conjunto del grupo parlamentario de Junts y no solo sobre Batet, la persona a quien Casol denunció ante el Parlament.
La propia querella admite el terremoto interno que provocaron en Junts las denuncias por machismo realizadas por Casol y la secretaria tercera de la Mesa del Parlament, Aurora Madaula. El partido culpa a los expertos en igualdad de tomar declaración solo a “integrantes de una facción minoritaria interna” y de “posicionarse a favor” de los afines a Laura Borràs, corriente en la que están integradas ambas diputadas.
Junts llega a tildar como “de corte inquisitorial” el informe de las expertas en igualdad sobre la denuncia de Casol. Además, mantiene que la abogada que entrevistó a Batet “invirtió la carga de la prueba” y decidió “tomar partido por la facción minoritaria” que, a juicio de Junts, representaba Casol.