El grupo parlamentario de Junts per Catalunya en el Parlament es un campo de batalla y la última escaramuza tiene que ver con supuestos casos de acoso machista denunciados por dos de sus diputadas. Cristina Casol, la primera, y Aurora Madaula después han acudido a denunciar a miembros de su propio partido ante la Oficina de Igualdad de la Cámara, que tiene un protocolo específico para denuncias de discriminación por razón de género.
La denuncia de Madaula era pública desde que ella misma utilizase su intervención en un acto para sacarlo a la luz, en noviembre pasado. Pero ahora, tal y como ha adelantado el diario Ara, la diputada ha optado por utilizar el mecanismo parlamentario de igualdad. Sigue así los pasos de su compañera Casol, cuyo caso la comisión archivó la semana pasada al considerar la comisión que no se podía probar la discriminación, aunque sí alertaba sobre posibles inercias machistas en el escenario de un enfrentamiento entre corrientes internas de una formación.
La denuncia de Casol y su filtración a la prensa supuso además que la dirección del partido se dirigiera a los tribunales. El secretario general Jordi Turull denunció en el juzgado la revelación tanto de los argumentos de la diputada contra Junts como del informe encargado por el Parlament a una entidad externa.
Además, una veintena de diputados de Junts han reclamado que se expulse a Casol del partido por las supuestas acusaciones falsas vertidas. Si esto acaba ocurriendo, la representante ya ha anunciado que no dejará el acta sino que se mantendrá como diputada no adscrita.
Mientras tanto, el caso denunciado por Madaula sigue su propio curso. Tras la revelación inicial de la diputada, el partido movió ficha. Primero, la comisión de garantías abrió un procedimiento para determinar si debía destituirla como vicepresidenta de la formación. Después, para tratar de sacarla de la Mesa del Parlament, donde es secretaria.
La presidenta de la Cámara, Anna Erra, llegó a trasladarle la “pérdida de confianza”, pese a que a los miembros del órgano rector los elige por votación directa el pleno y no la presidencia. Desde entonces, Madaula ha estado de baja médica y, por ello, ausente del día a día parlamentario.
Más allá de los hechos concretos, las dos denuncias se enmarcan en un contexto de guerra interna entre facciones de Junts y, ambas, han sido interpuestas por dos diputadas del círculo más cercano a Laura Borràs, la antigua presidenta del Parlament a la que se le retiró el escaño tras su condena por corrupción. Su sustituta, Anna Erra, está estrechamente vinculada al sector rival, capitaneado por el secretario general, Jordi Turull. Desde la llegada de Erra a la dirección de la Cámara el partido ha tratado de hacer un relevo de equipos, que ha contado con la oposición del sector más afín a Borràs.
Sin embargo, la discrepancia ideológica que hay entre ambos grupos, el de Turull más pragmático y su contrario más opuesto a cualquier entendimiento con el Estado, no ha estallado, debido a la apuesta de Carles Puigdemont por el pacto con el PSOE. La figura del expresident es una de las pocas cuestiones que aún unifican sectores irreconciliables en otros ámbitos y que, si bien no se hacen la guerra por las posiciones políticas, sí se la hacen por el reparto de poder en las instituciones.