El plan de Junts para que las emperesas vuelvan a Catalunya pasa por incentivos fiscales para las que regresen y multas para las que mantengan sus centros de producción alejados de sus sedes sociales. Esta idea no es nueva, el partido de Carles Puigdemont la enarbola al menos desde el verano, cuando se estudió en las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez. Pero la reivindicación ha reaparecido ahora, en plena negociación entre Junts y el Gobierno para que los primeros apoyen los decretos anticrisis que se votarán en el Congreso este miércoles y que, si nada cambia, podrían suponer la primera derrota parlamentaria del año para Sánchez.
La cuestión del retorno de las empresas es un tema que preocupa tanto en la Moncloa como entre los partidos independentistas. Junts defiende que, igual que la amnistía es poner el contador a 0 en materia penal, revertir los efectos del decreto con el que Mariano Rajoy incentivó la salida fiscal de sociedades supondría volver a la normalidad en terreno empresarial. Entre lo socialistas era bien vista la vía de los incentivos fiscales para las compañías que volviesen, pero voces independentistas han señalado que eso sería tanto como premiar a las que se fueron, en detrimento de las empresas que se quedaron, que no podrían acceder a esa ventaja fiscal.
La idea de Junts, por tanto, se decanta más por las multas a las empresas que mantengan alejados sus centros de producción y fiscales. Una medida que, con todo, podría tener efectos inesperados a medio plazo ya que, por un lado, algunas empresas catalanas podría considerarse que tienen sus centros de producción fuera de la comunidad y, por otro, requeriría de una inspección que en este momento no está prevista.
Con todo, fuentes de Junts explican que la reclamación de las multas a empresas es una más entre la lista de reivindicaciones que han enviado al Gobierno, donde también figura no aumentar el IVA a la energía, eliminar todos los impuestos del aceite por considerarlo un bien de primera necesidad, aumentar del 10 al 16% los fondos europeos destinados a la digitalización de la Justicia en Catalunya, eliminar algunas medidas que entienden que invaden competencias y, quizás la petición más importante de todas, no reformar el artículo 43 bis de la Ley de Enjuciamiento Civil.
Tal y como está ahora, la ley de enjuiciamiento civil permite que, cuando un tribunal plantea una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), pueda suspender todas sus actuaciones relacionadas con el litigio en duda. Esto es además lo que ocurren en la práctica en este momento, decretado por el propio tribunal. Pero con el nuevo redactado esa suspensión, Junts entiende que se haría obligatoria para el tribunal que la plantea, al tiempo que permitiría que cualquier otro tribunal la adopte igualmente si tiene un litigio de la misma naturaleza. Algo con lo que, aseguran, no colaborarán de ninguna forma.
“Cuando tu envías una serie de reclamaciones y no te aceptan ninguna, todas son importantes”, explican fuentes de Junts, que insisten que el Gobierno no puede sorprenderse de su rechazo a los decretos tal y como están redactados porque se lo llevan advirtiendo todas las semanas de Navidad. Además, el grupo que dirige Míriam Nogueras considera que el Gobierno debe retirar los decretos, para rehacerlos y consensuarlos a lo largo de la semana, y volver a presentarlos para la semana que viene.
Si esto no ocurre, advierten, muy probablemente el Gobierno se llevará un varapalo en el Congreso, incluso aunque se comprometan a aprobar en el futuro algunas de sus reivindicaciones, como las multas a empresas.