El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha autorizado ampliar el uso del pasaporte COVID a bares, restaurantes, gimnasios y residencias de Catalunya, tal y como había pedido la Generalitat, al entender que se trata de una “mínima restricción de derechos” con el objetivo de proteger la salud individual y colectiva y la vida. La Fiscalía se había mostrado en contra de su implantación.
Tras el visto bueno de los jueces, la ampliación del uso del pasaporte COVID entrará en vigor este mismo viernes por un plazo de quince días. Tendrán que mostrarlo todos los mayores de 12 años que quieran entrar en restaurantes y bares, gimnasios y residencias, pero no las personas que trabajen en estos establecimientos. Tampoco será necesario para sentarse en las terrazas. Su control recae en los propios locales.
En un auto, consultable al final de esta información, los jueces concluyen que mostrar el documento digital que acredite tener la pauta vacunal completa, haber pasado la enfermedad en el último medio año o haber dado negativo en una prueba PCR en las 72 horas anteriores (o 48 horas si se trata de un test de antígenos) es una medida “idónea”, “proporcional” y “necesaria” dada la evolución desfavorable del virus en la comunidad.
La decisión del TSJC confirma los criterios dispares de los tribunales sobre la extensión del certificado COVID a la hostelería. El TSJ del País Vasco lo rechazó porque la propuesta del Ejecutivo de Iñigo Urkullu afectaba a toda la comunidad, mientras que el Tribunal Supremo lo autorizó para Galicia porque la solicitud no era unitaria para todo el territorio sino que se limitaba a las zonas con más incidencia.
En el conflicto entre derecho fundamentales que provoca la extensión del pasaporte COVID, los magistrados catalanes adoptan un criterio opuesto al de los jueces vascos, que consideraron excesiva su afectación en derechos tan básicos como la igualdad, intimidad, reunión y libertad ambulatoria. En cambio el TSJC resuelve que el pasaporte COVID tiene “más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto”.
Destacan los jueces que exigir el documento es “idóneo para la lucha contra la propagación del virus” en espacios como bares, restaurantes y gimnasios, donde, según los togados, “la actitud jovial, aglomeración de personas e interacción social” dificultan mantener la distancia social y el uso de la mascarilla. También lo consideran “necesario” habida cuenta del nivel de incidencia de la pandemia, y lo ven “proporcional” ya que supondrá “la posibilidad de reapertura de muchas actividades”.
Pese a avalar la medida, los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC no se ahorran reproches a la Generalitat por la redacción del decreto sobre el pasaporte COVID, que tildan de “pastoso” y “en exceso reiterativo”. La crítica llega hasta el punto de afear al Govern que el decreto “puede dificultar en grado extremo su atendible comprensión” a los jueces.
Critican en especial los togados que la Generalitat haya añadido “sin freno” varias actividades para las que también se exigirá el pasaporte COVID, como son todas las actividades de restauración en galerías, centros comerciales, teatros y cines o recintos deportivos, así como las “actividades recreativas musicales” que celebren congresos, convenciones y fiestas mayores o el Centre d’Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat. Estos supuestos implicarían, por ejemplo, que para entrar en el Camp Nou no será necesario el certificado, pero sí para pedir un bocadillo en su interior.
A ello hay que sumar las discotecas y los eventos sociales con baile que se celebren en interiores de hoteles de la comunidad, para cuyo acceso es necesario el pasaporte COVID desde el pasado mes de octubre. Son tantas las actividades para las que se requerirá de pasaporte COVID que los jueces advierten de que en si la Generalitat quiere pedir una prórroga de la medida lo tendrá que hacer con “mayor motivación y justificación”.
La Generalitat ha pedido permiso judicial para extender el uso del pasaporte COVID después del aumento de contagios y hospitalizados de las últimas semanas. A mediados de octubre se logró que los pacientes con COVID-19 en las UCI bajaran de 100 por primera vez desde agosto de 2020, pero desde entonces los enfermos graves han crecido hasta los 128 de este jueves. En total hay 569 personas ingresadas en los hospitales de la comunidad, cuando el 11 de octubre eran 344.
Con el pasaporte COVID el Govern pretende no tener que volver a limitar horarios y aforos de la hostelería pese al aumento de la incidencia del virus, estadística en la que Catalunya vuelve a ocupar los vagones delanteros. Este miércoles la comunidad registraba 202 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, solo superada por Aragón, País Vasco y Navarra.